El duro regaño de juez a la Fiscalía en caso contra Restrepo por falsa desmovilización

Para este miércoles en la mañana estaba previsto el inicio del juicio en contra de varios exfuncionarios públicos, entre ellos el excomisionado Luis Carlos Restrepo, por la que resultó siendo una falsa desmovilización del bloque 'Cacica La Gaitana' de las Farc en marzo de 2006.

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Todas las partes estaban convocadas por el juzgado especializado, y aunque se conectaron a la audiencia, esta no duró mucho tiempo porque una vez más la Fiscalía General de la Nación presentó una excusa.

Esta vez, cuando estaba previsto empezar a hablar de alegatos de apertura para así pasar a la práctica probatoria dentro del expediente, se conectó una persona identificada como Henry Caro, quien dijo ser el fiscal destacado para la ocasión, aunque resaltó que no hay un fiscal asignado de lleno al caso, resaltando que está en trámite la designación.

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A su vez, el funcionario del ente acusador le manifestó al despacho que no estaba preparado para la audiencia de este miércoles, pues no cuenta con todos los elementos para conocer bien del expediente.

Esta misma historia se había presentado el año pasado, cuando en octubre la fiscal Leyda Cárdenas no se quedó en la audiencia argumentando que tenía que estar en otro proceso que está a punto de prescribir. Esa situación desembocó en una compulsa de copias en su contra ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su seccional Bogotá, para que estudien la posibilidad de investigarla.

El caso tiene que ver con la falsa desmovilización del 'Cacica La Gaitana el 7 de marzo de 2006 en Alvarado, Tolima, la cual fue presentada como un buen resultado en contra de la guerrilla. No obstante, la investigación que adelantó la Fiscalía durante todos estos años es que al evento, que contó con la presencia de varios funcionarios del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, al parecer llegaron 62 personas que se hicieron pasar como guerrilleras, cuando en realidad no lo eran.

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Este grupo de gente habría sido llevado a la zona dos meses atrás para ser entrenado con conocimientos guerrilleros, entrenamiento que presuntamente corrió por cuenta de un narcotraficante, quien habría contado con el visto bueno de del Ejército -entre ellos dos coroneles- y funcionarios del Ejecutivo.

El caso lleva abierto ya 11 años desde la imputación de cargos en los estrados judiciales, y hasta el magistrado Juan Carlos Arenas señaló el año pasado que "llama la atención y alarma sobre la posible prescripción de la acción penal", que de hecho ya se dio en algunos delitos.

Y es que si bien a los entonces funcionarios públicos se les mantiene abierto el cargo de fabricación y porte de armas privativas de las Fuerzas Armadas, a algunos el delito de peculado ya les prescribió.

En registro oficiales aparece incluso que como el despacho advirtió la ausencia del fiscal, requirió de manera inmediata al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, "para que con carácter urgente disponga la asignación de un fiscal para la presente causa con su correspondiente equipo de apoyo, en razón a la situación istrativa propia de esa entidad que ha impedido adelantar el inicio del juicio".

Por su parte, el representante del Ministerio Público en la audiencia dijo a los asistentes que la actuación del ente acusador no tiene presentación, y le pidió al juez permiso para solicitarle a la Fiscalía claridad sobre el asunto.

Las audiencias, mientras se soluciona este ime, quedaron programadas para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, con tres días seguidos en cada mes.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49