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Las alertas de seguridad que se encendieron por el 20 de julio
Movilización de la primera línea, infiltración, delincuencia y aglomeración preocupan a autoridades.
Tres audios que circularon a principios de julio por varios grupos de WhatsApp prendieron las primeras alarmas de los cuerpos de inteligencia sobre posibles alteraciones del orden público durante la conmemoración del 20 de julio, especialmente en Bogotá y Cali.
“Este 20 de julio vuelven los bloqueos. Que ardan las calles de nuevo. Esa es la causa, muchachos”, se escucha en un primer audio. En otro, las instrucciones eran: “Vamos a tomarnosBogotá y a hacernos escuchar en el Congreso con contundencia”.
Estas primeras informaciones, que, según dijeron las autoridades, ya fueron verificadas, se suman a las alertas hechas porinteligenciasobre las intenciones de grupos ilegales como el Eln y de las disidencias de cometer hechos de violencia el martes en varias regiones.
Aunque el nivel de riesgo se estableció en 11 ciudades, en las cuales se hicieron consejos locales de seguridad para tomar medidas que garanticen la tranquilidad, la principal preocupación se centra en Bogotá y Cali.
El reto de las autoridades es evitar acciones violentas en medio de la celebración de la fiesta patria, en la que por la pandemia no se hará el tradicional desfile por las calles, pero sí se cumplirán marchas promovidas por varios sectores.
Cuatro factores
Esto en medio de la movilización de grupos de la llamada ‘primera línea’ que desde distintas ciudades han llegado a Bogotá.
La posible infiltración de esas movilizaciones por grupos violentos es otra de las principales preocupaciones de las autoridades. A la que se suman alertas de que delincuentes comunes y bandas criminales intenten aprovechar la situación para cometer delitos como hurtos y asesinatos.
Y, finalmente, que las aglomeraciones que se darían en medio de las marchas terminen incrementando el contagio de covid-19, justo cuando empieza a ceder el más reciente pico de la pandemia.
‘En río revuelto, ganancia de pescador’, reza el dicho popular y las organizaciones criminales lo han aplicado en el marco de las protestas y el paro nacional.
Pero ¿quiénes son los que alientan el vandalismo y caos al final de cada jornada de protesta? Las autoridades han logrado identificar varias fuentes de financiamiento para pagar a grupos de personas que cometen actos delictivos.
Documentos de inteligencia señalan que, por un lado, las milicias del Eln, que siguen haciendo su trabajo para infiltrar las marchas, y la llamada ‘Segunda Marquetalia’ han hecho aporte de entrenamiento y explosivos a grupos barriales en 4 ciudades. Tan solo en el Pacífico, con apoyo de las estructuras urbanas que han venido reclutando, distribuyeron 400 millones de pesos para la realización de acciones vandálicas.
Así lo confirmó alias Richard, un disidente de las Farc capturado por la policía cuando abandonaba Cali. Lo mismo ocurrió con el Eln, que financió, según fuentes consultadas por EL TIEMPO, a las milicias a través de alias Marcos Pacífico, el encargado de las finanzas y el reclutamiento del Frente de Guerra Suroccidental.
Y se ha identificado en ciudades como Bogotá que pese a que las milicias del Eln han tenido una fuerte incidencia en acciones violentas, los grupos de delincuencia organizada, en algunos casos financiados por estructuras de mayor calado de narcotráfico, han movido más de 700 millones de pesos para financiar a cerca de 26 pandillas de Patio Bonito, Bosa, Soacha y Usme.
Otra línea de acción que estudian las autoridades es la recolección de dinero a través de plataformas internacionales.
La Fuerza Pública viene trabajando en dispositivos de seguridad que incluyen el fortalecimiento de la presencia de uniformados, el ofrecimiento de recompensas para evitar actos de violencia y la judicialización de sus responsables en coordinación con la Fiscalía. Se usarán drones y se pondrá al servicio del dispositivo toda la capacidad de cámaras de vigilancia para monitorear en tiempo real la situación en las calles.
Mientras que ciudades como Barranquilla y Medellín tendrán asistencia militar y despliegue especial del Esmad, en el Valle del Cauca se decidió imponer ley seca y restricciones de movilidad. La gobernadora, Clara Luz Roldán, anunció el cierre de fronteras como una medida para “disminuir la velocidad de contagio del covid-19, garantizar la convivencia pacífica y evitar el riesgo de alteración del orden público”. La medida está vigente desde la medianoche del viernes hasta el 22 de julio a la medianoche.
Las reuniones en las regiones las encabezó el ministro de Defensa, Diego Molano, quien señaló: “No permitiremos que el crimen atente contra los derechos y la democracia”. El Gobierno Nacional estableció un puesto unificado nacional en el que se tendrá comunicación ininterrumpida con las autoridades locales y departamentales para seguir la situación en el país.
Además, al término de un consejo de seguridad en Bogotá, el ministro del Interior, Daniel Palacios, emitió una circular dirigida a todos los gobernadores y alcaldes del país recordándoles sus deberes en materia de conservación del orden público, así como en relación del decreto 003 de 2021, que fijó medidas para garantizar el derecho a la movilización pacífica.
Respecto a las amenazas, informes de inteligencia señalan que, aparte de bloqueos viales, se tendría la finalidad de atacar los sistemas masivos de transporte y varias sedes gubernamentales. Por ello hay atención especial en el centro de Bogotá y la sede del Congreso, en donde el martes se realizará la instalación de sus sesiones ordinarias.
La toma de Bogotá
Palabras del ministro de Defensa Diego Molano, la alcaldesa Claudia López y el ministro del Interior Daniel Palacios. Foto:EL TIEMPO
En la capital del país, las autoridades señalan que cerca de 300 personas, integrantes de otras ‘primeras líneas’, estarían arribando a la ciudad para participar en una marcha denominada ‘Marcial’ con cascos y escudos. A este grupo se sumaría la minga indígena que viene desde Santa Marta.
El ministro Molano señaló que serán 6.196 policías, 2.784 integrantes del Ejército Nacional y otros 592 en los municipios de la Sabana Norte los que velarán por la seguridad de la capital del país, y señaló que no se permitirán bloqueos ni actos de vandalismo. En la misma línea, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que si hay vandalismo, habrá “Policía y Físcalía” para judicializar a los responsables.