La tragedia para hacer una necropsia en decenas de pueblos en Colombia

En la vereda Lejanías, en el Nordeste antioqueño, los familiares de las personas que mueren de forma violenta deben cargar con una doble tragedia: la pérdida de su ser querido y el reto que representa llevar su cuerpo a un lugar distante cinco horas, para que le practiquen la necropsia.

En esta zona montañosa es imposible movilizarse en carro, por eso familiares y amigos levantan los restos mortales de su ser querido para que a lomo de mula puedan ser llevados hasta una improvisada camilla, que está ubicada en donde empieza la carretera destapada y polvorienta.

Luego de varias horas de viaje por un camino angosto y lleno de huecos llegan a El Edén: así se llama la funeraria de Segovia, Antioquia, que desde junio de 2016 presta su morgue para hacer todas las necropsias de fallecidos en la región. Solo en el último mes han llegado a la funeraria 23 cadáveres, de los cuales ocho murieron en hechos violentos.

En Segovia, ni el cementerio ni el hospital San Juan de Dios tienen morgue, y habitantes de la zona aseguran que a veredas como Lejanías o corregimientos como Santa Isabel a veces no llegan las autoridades a hacer los levantamientos de los cuerpos. En el hospital funcionó la morgue hasta hace algunos años, cuando, dicen los moradores, se cayó todo el centro asistencial debido a una excavación de una mina de oro superficial que dañó su estructura. Ese fue el mismo hospital al que fueron llevados en noviembre de 1988 los 43 muertos que dejó la masacre de Segovia, perpetrada por paramilitares, en uno de los hechos más violentos que sufrió la región.

En Solano, Caquetá, otro de los municipios que en el pasado fue epicentro de la violencia, esta vez de las Farc, tampoco es fácil que los deudos puedan enterrar a sus seres queridos rápidamente y se ven obligados a largos trayectos en lancha para que peritos les practiquen los estudios del cuerpo.

En una esquina del cementerio local se atienden los casos más sencillos, pero ante situaciones complejas, los cuerpos deben ser llevados a Florencia.

La dificultad no solo radica en el viaje de cuatro horas por el río Caquetá, sino en conseguir a un lanchero que se le mida a prestar el servicio.

Luego del trayecto por agua, finalmente los familiares bajan el cuerpo de su ser querido en Puerto Arango para iniciar una ruta de 15 minutos por carretera. El cadáver es montado en viejos camperos, que sirven como taxi en la región, y es llevado a la unidad básica de Medicina Legal que funciona en la capital del Caquetá. Allí, apenas el cuerpo entra al sistema legal para practicar la necropsia, es llevado por los peritos al cementerio Jardines de Paz, a otros 7,5 kilómetros, en donde finalmente le realizan el procedimiento.

En otras regiones del país, el calvario de la muerte es mucho más difícil para sus familiares, pues luego de esas largas rutas para la necropsia se inicia el regreso a sus municipios, donde, finalmente, podrán sepultar a su ser querido.

El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, afirma que solo en el 10 % del territorio nacional hay presencia del instituto. Y por ello los peritos deben acudir a cementerios y funerarias locales y, en algunos casos, a potreros para poder realizar las necropsias. En la mayoría de los casos, los procedimientos los hacen médicos rurales que ni siquiera cuentan con la suficiente experiencia para adelantarlos.

Valdés señaló que lo más grave es que “los hospitales modernos de hoy no tienen morgues, no les hacen morgues”. A esto se suma que en algunas regiones la Iglesia tumba las morgues de los cementerios para no prestar el servicio.

De acuerdo con Carlos Murillo, director regional de Medicina Legal en el Nororiente, en Puerto Berrío, Antioquia, la Iglesia no deja utilizar la morgue del cementerio que está a cargo del párroco local. Sin embargo, el sacerdote Diomer Gómez dice que en ese lugar no hay ninguna morgue, sino un espacio reservado para vestir y maquillar los cuerpos antes de ser velados.

El hecho concreto es que en Puerto Berrío las necropsias deben hacerse en un carro móvil, que está ubicado a las afueras del hospital y tiene solo una mesa para recibir a los difuntos.

“Teníamos varias unidades móviles que fueron adecuadas como morgue, estos prestaban el servicio en varios municipios pequeños de la región, pero fueron enviadas a Bogotá mientras se termina el proceso de modernización de la morgue de la ciudad”, aseguró Murillo. Estos carros pueden valer entre 400 y 500 millones de pesos.

La falta de morgues no sería un problema de no ser por las altas cifras de muertes violentas que aún se registran en el país. Solo hasta julio de este año se han reportado, según Medicina Legal, 13.206 personas fallecidas en eventos de violencia, en los cuales se debe hacer una necropsia.

A zonas conflictivas como Catatumbo o El Tarra, en Norte de Santander, en plena frontera con Venezuela, han sido trasladados peritos desde Valledupar, Cúcuta y Bucaramanga para atender los crímenes que se vienen registrando allí. Incluso habitantes de la región afirman que prefieren sepultar a sus muertos a escondidas para evitar la tramitomanía y los altos costos de las necropsias.

En el Amazonas, en uno de los puntos más alejados y de difícil , la situación no es diferente. En Leticia hay dos morgues, una en el hospital local y otra en el cementerio. La segunda ha sido robada en varias ocasiones, y por cuenta de los vándalos no tiene ni techo ni puertas, y hasta el tanque del agua fue hurtado.

Allí son llevados los cuerpos de las personas que llegan en estado de descomposición por cuenta de los largos trayectos por río que han tenido que realizar sus familiares para trasladarlos a la capital del departamento. Por su ubicación en zona de frontera, allí incluso terminan atendiendo los casos de personas muertas en Brasil.

Cada vez que hay un caso complejo de estudio de un cuerpo, los funcionarios de Medicina Legal, que normalmente ejercen su labor en el hospital regional, tienen que llevar sus propios implementos para el procedimiento y pedir otros, como agua, a las autoridades locales. Solo cuentan con cuatro paredes y una mesa de concreto.

El municipio más cercano a Leticia es Puerto Nariño, que está a dos horas en transporte fluvial, y por este medio es imposible llevar los restos de personas de corregimientos como La Chorrera o La Pedrera. Allí solo funcionan las aeronaves, y el clima lluvioso de la región dificulta la labor.

Hasta hace tres años, Fabiola Agudelo se encargaba de hacer las necropsias de los cuerpos que encontraban en el río Medellín, a la altura de Barbosa, Antioquia, y de paso las de todos los que morían en el municipio.

“Hace quince años yo llegué a tener hasta 10 cuerpos en la morgue”, aseguró la mujer que durante 49 años realizó la labor y que hoy se dedica a la tanatopraxia, el oficio de arreglar a los muertos.

En la morgue del cementerio en la que por años practicó las necropsias, en una zona en la que las autoridades no entraban por la violencia, hoy solo se maquillan muertos.

El olor de los cuerpos descompuestos que traía hace algunos años el río fue tan insoportable que la comunidad se quejó y esto llevo a la prohibición de realizar el estudio de los cuerpos en ese sitio.

El cierre de la morgue trajo para muchos consecuencias desfavorables, pues el traslado de los muertos debe hacerse hasta Medellín, y el costo por trayecto aumenta.

En resumen, un gran drama.

Falta de recursos: esa es la principal razón a la que se debe la falta de morgues para el tratamiento de los cadáveres en el país. Así lo afirma el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés. Dice que los cementerios ya no tienen y los nuevos hospitales no construyen.

Deberían estar en los cementerios, hay una ley que los obliga, pero son mínimos los que tienen. Las morgues están en hospitales y en el Instituto de Medicina Legal. Y los nuevos hospitales no tienen porque esas necropsias no están dentro del plan de EPS y no pueden cobrar, les resulta costoso, pero no pueden cargarlo a nada.

Los funcionarios de Medicina Legal, que ahora tenemos solo 2.089, y los médicos rurales. Estos últimos no la hacen con tantos protocolos como nosotros. Muchas veces se desplazan los cadáveres.

Las morgues de los hospitales están diseñadas para atender muertes naturales, no violentas, porque son más complejas. El hospital no tiene dónde guardar elementos de prueba como un proyectil.

Dependiendo la complejidad. Una de un accidente de tránsito, cerca de 3 millones, pero a medida que aumente el caso (violación, secuestro, combate), aumenta de precio porque hay necesidad de hacer estudios biológicos, químicos, genéticos. Una necropsia puede estar entre cuatro y medio cinco millones de pesos, y el año pasado tuvimos casi 28.000.

Por ejemplo, en la masacre de El Tarra pudimos haber mandado médicos ahí, pero no lo hicimos porque ese pueblo no tiene morgue o tiene una morgue muy derruida, nos queda más fácil llevar los cuerpos a otro lado donde haya las condiciones y el ambiente para investigar el cuerpo.

Con tan poquita plata es muy difícil poder atender las necesidades del instituto. Este año estamos ejecutando 261.000 millones de pesos, y con eso toca pagar toda la parte de funcionamiento, en donde se va la mayoría. Sin contar con todo el déficit que tenemos los laboratorios. Un estudio por laboratorio cuesta 70.000 pesos (de alcoholemia, tóxico, semen, saliva), y el año pasado hicimos más de 350.000. Tenemos poco dinero para un montón de obligaciones.

Miles de millones de pesos, pero el objetivo es qué quiere el Estado de Medicina Legal y que provea los recursos. Para operar con lo que tenemos, el instituto no pide billones, nosotros tenemos 261.000 millones, y con 130.000 más ya alcanza.

En territorios en donde la violencia se ha exacerbado: Catatumbo, El Tarra, Cauca, en el Urabá antioqueño chocoano, Arauca, Norte de Santander, Guainía.

Mejor dicho, en la población más desprotegida por el Estado colombiano; en donde no hay cifras porque no se registran, no por que no haya violencia.

ANGIE MICHELL QUIÑONES

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En Twitter: @michell_qui