Juez niega preacuerdo de Fiscalía con Olmedo López por saqueo de $25.000 millones a la UNGRD: estas son las razones

El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá negó el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Olmedo López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que señala a altos exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El preacuerdo proponía reducir la pena a 6 años y 2 meses de prisión, ya que la pena inicial era de 12 años y 5 meses por el delito de peculado por apropiación. Sin embargo, el togado señaló que se trató de tres eventos delictivos distintos y de una apropiación total que supera los $25.500 millones.

De acuerdo con el juez, el primer evento se refiere al peculado en beneficio propio por $724 millones, dinero que fue reintegrado. El segundo, al peculado por apropiación agravado por $13.446 millones, reintegrado parcialmente según la Fiscalía. El tercero, al peculado en favor de terceros por $12.065 millones, que no ha sido reintegrado.

"La Fiscalía parte de una pena considerable para un monto inferior y luego propone un aumento casi simbólico para los peculados adicionales que suman más de $25.000 millones", dijo el juez durante la audiencia, señalando que se "desconoce flagrantemente el principio de proporcionalidad de las penas".

El despacho también cuestionó la escasa severidad del acuerdo frente al impacto del delito: "Teniendo en cuenta poblaciones indígenas vulnerables -como lo ha destacado la Corte Constitucional- como para que se haga un aumento de pena tan irrisorio".

Asimismo, se destacó que el procesado ocupaba uno de los cargos más altos del país y que, según el propio relato consignado en el acuerdo, lideró una empresa criminal para apropiarse de dineros del Estado a cambio de coimas, celebrando contratos fraudulentos con terceros.

José Moreno Caballero, abogado de Olmedo, apeló la decisión porque se "desconoce la esencia de la justicia premial y este es el test de ponderación para llegar a más implicados".

"Hoy pretenden aumentar la pena frente a las declaraciones que se derivaron de su aporte. Se impide que se llegue a la verdad y a sus máximos responsables. Hay que ver más allá de lo que está en el expediente y observar que aceptó una responsabilidad con arrepentimiento", dijo el abogado.

Con este fallo, ahora la decisión pasa al Tribunal Superior de Bogotá para, en segunda instancia, avalar o no el preacuerdo de la Fiscalía con Olmedo López.

En el preacuerdo que llegó con la Fiscalía, Olmedo reconoció su participación en una red criminal dedicada al direccionamiento de contratos públicos a cambio de beneficios económicos para funcionarios y terceros.

En el documento conocido por este diario, López señala que coordinó junto con Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, operaciones para apropiarse de recursos provenientes de contratos ilícitos.

Parte de ese dinero, según su confesión, habría sido entregado en efectivo a los entonces presidentes del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, a través de la exconsejera para las Regiones Sandra Liliana Ortiz Nova, y por instrucción directa de Carlos Ramón González Merchán, quien para entonces era director del Departamento istrativo de la Presidencia (DAPRE).

De hecho, la Fiscalía solicitó el pasado 14 de mayo ante el Tribunal Superior de Bogotá la audiencia de imputación contra González, quien ejerció como director del DAPRE desde el 26 de abril de 2023 hasta el 23 de febrero de 2024, periodo en el que, según López, se ejecutaron los pagos ilegales.

Tras su paso por la Presidencia, González fue nombrado director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cargo al que renunció en julio de 2024, tras verse salpicado por este escándalo.

El preacuerdo también compromete al exM-19 César Augusto Manrique Soacha, recientemente condenado por irregularidades en la compra de motos eléctricas para la Policía durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Según López, Manrique y su aliado Luis Carlos Barreto Gantiva promovieron la modificación de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo (FNGRD) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que permitió liberar $100.000 millones que fueron redirigidos a proyectos asignados a contratistas cercanos.

Además, López señaló que, junto con el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; su asesora María Alejandra Benavides; y Sneyder Pinilla, coordinó la entrega de contratos en municipios de Córdoba, Arauca y Bolívar, supuestamente en favor de congresistas de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público. Entre los mencionados se encuentran Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, actualmente investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los episodios más graves relatados por López tiene que ver con la orden de proveeduría para la compra de carrotanques, en la que se pactó una coima del 12 % con Barreto Gantiva y Manrique Soacha. Según un informe de campo del 26 de agosto de 2024, el sobrecosto en esa contratación fue de $12.065 millones, suma que habría sido apropiada por varios implicados, entre ellos Edgar Eduardo Riveros Rey.