Un crimen en el que la impunidad es de 90 %

Rocío Martínez Montoya, investigadora principal del documento ‘La guerra inscrita en el cuerpo’, cuenta los principales hallazgos en el informe.

Hay dos cosas muy importantes: Una es entender que la violencia sexual no es una violencia ria en el marco del conflicto armado sino que hace parte del engranaje que ha sido afín a todos los grupos armados legales o ilegales. No se debe tratar este tema como un “daño colateral” de la guerra sino entenderla como parte de las estrategias de los actores armados.

Y, segundo, es que si bien existen responsables directos, y es indiscutible, socialmente permitimos que eso sucediera y, en muchos casos, generando revictimización hacia ellas. Hay una aceptación, legitimación o silenciamiento de la violencia sexual en algunos casos. Socialmente tenemos una responsabilidad con las mujeres víctimas y, también, en la construcción de un país en donde esto no suceda más.

Creemos que el trabajo del Centro de Memoria, de las organizaciones y de las mujeres va en la vía de que más allá de la indignación que debemos sentir, se debe pasar a la interpelación social, a la pregunta por la manera en que nuestras prácticas cotidianas, en que en nuestro día a día podemos estar legitimando no solo la violencia sexual sino todas las violencias ejercidas hacia las mujeres, las violencias de género.

Encontramos que hay una impunidad mayor al 90 %, es decir, que una mujer tenga la posibilidad de denunciar y que esa denuncia se traduzca en un efectivo a la justicia en este país es un caso completamente excepcional.

Si bien, se debe reconocer que en los últimos años hay un aumento de mujeres que han accedido a la declaración, no en muchos casos eso ha significado un ni a la reparación istrativa, ni a la reparación simbólica, a pesar de que la Unidad de Víctimas tiene una estrategia interesante.

También hay un tema de recursos. El Estado no está gestionando los recursos necesarios para atender esta modalidad. Y, además, tenemos una preocupación por algunos sectores específicos: salud y educación.

En el primero, si bien desde el Ministerio se han generado algunos protocolos importantes, estos no aterrizan en las regiones. Las mujeres tienen dificultades de diversas índoles, desde el a la interrupción voluntaria del embarazo por violencia sexual, hasta la negativa de atención en salud para atender lesiones posteriores a la violencia sexual porque se asume que son temas estéticos, por ejemplo.

Por otro lado, encontramos que el sector educación no se siente lo suficientemente interpelado y debería estarlo ya que en muchos casos los primeros escenarios en donde los niños avisan sobre casos de violencia sexual es en las escuelas, pero hay una desatención e, incluso, encontramos revictimización.

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