Una intervención de un gigantesco complejo de minería ilegal en Chocó es el último resultado de las autoridades en la lucha contra los delitos ambientales en el país, informó el fiscal general Francisco Barbosa, quien también entregó datos sobre afectaciones al medioambiente y capturas por estos hechos.
De acuerdo con la Fiscalía, este año se han deforestado por lo menos 7.585 hectáreas, que equivalen a un área como la de 8.925 canchas reglamentarias de fútbol.
Por este tipo de hechos, informó Barbosa, este 2022 han sido capturadas y judicializadas 117 personas por delitos ambientales.
En total se han hecho 48 operativos contra la deforestación, la explotación ilegal de minerales, el tráfico de fauna y el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.
Y, según el fiscal, “21 de estos procedimientos, que dejan 55 judicializados, han estado dirigidos contra los depredadores de la Amazonía, las zonas de reserva natural y los Parques Nacionales Naturales”.
Así mismo, contra la minería ilegal se han hecho 21 operaciones que han llevado a 59 capturas en Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Córdoba, Meta, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre.
Del mismo modo, el ente acusador informó que se han impuesto medidas con fines de extinción de dominio a bienes avaluados en casi 3.000 millones de pesos para afectar el patrimonio de los involucrados en delitos ambientales.
El golpe al 'clan del Golfo'
De acuerdo con el ente acusador, el más reciente resultado de esta lucha contra los delitos ambientales se dio en Chocó, en donde en conjunto con la Policía y el Ejército, se intervino un complejo de minería ilegal que funcionaba sobre un afluente del río Atrato, entre el corregimiento de Tutunendo y Quibdó.
“Durante el procedimiento se constató un grave impacto sobre la fuente hídrica, producto del vertimiento de arsénico, mercurio, níquel y plomo, entre otros elementos tóxicos usados para obtener oro; así como la alteración del suelo y la destrucción de la vegetación con maquinaria pesada”, indicó el fiscal Barbosa.
En la operación se destruyeron ocho excavadoras y tres motores de succión pero la protesta de un grupo de personas, dijeron las autoridades, evitó que fueran capturados quienes serían responsables de afectar este sector del Atrato.
Según la Fiscalía, este complejo de minería ilegal favorecía las rentas ilícitas de la subestructura ‘Héroes de Jesús Carretera’ del ‘clan de Golfo’, que ahora fueron afectadas.
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