Imputan a exdirectivo, a contratista y a interventor de Hidroituango por supuestos daños ambientales

La Fiscalía General de la Nación imputó a tres hombres que habrían generado daños a los recursos naturales con el aval para construir los sistemas de desviación del río Cauca, en el proyecto Hidroituango.

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Las personas presentadas ante un juez de control de garantías son Jorge Iván Castaño, exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad de Hidroituango; Santiago García, representante legal del consorcio constructor CCC Ituango; y Álvaro Aravi Castro, representante legal y gerente de la interventoría del proyecto.

Ninguno de ellos aceptó los delitos de daño en los recursos naturales y peculado por apropiación que les leyó un fiscal, quien detalló que en su investigación ha podido recolectar elementos que le permitirán establecer, aparentemente, que la decisión de poner en marcha el Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) de la hidroeléctrica y la Galería Auxiliar de Desviación, construidos para desviar el Cauca, fue concretada con la suscripción de actas de modificación bilateral a los contratos de obra principales y de interventoría.

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"Esto representó la disposición de recursos del erario, en tanto fueron apropiados por EPM en favor de los contratistas, a través de la celebración de las actas modificatorias para la ejecución de obras no licenciadas y efectivamente pagadas, por un valor superior a 339.107 millones de pesos", explicó la Fiscalía este miércoles, a través de un comunicado.

Ante el juez, el fiscal describió los papeles que habrían jugado cada uno de los imputados a la hora de delinquir. En cuanto a Castaño, como director habría dado luz verde a las construcciones contrariando sus funciones en materia de gestión ambiental y social.

Frente al contratista García y el interventor Castro, el ente acusador tiene que presuntamente impusieron a la hidroeléctrica "un funcionamiento no previsto en el diseño original, con consecuencias negativas para los recursos naturales y el medio ambiente, y en la zona de influencia del proyecto, en la cuenca media y baja del río Cauca".

En síntesis, las obras no habrían cumplido los estándares ambientales que se han fijado en la norma, ya que no se habría modificado la licencia ambiental y no se tuvieron en cuenta los estudios de impacto. "Se adelantaron sin que la Anla se pronunciara sobre los aspectos de compensación, mitigación, control, manejo, seguimiento y mejoramiento del entorno humano y biológico del proyecto, así como los requerimientos sociales y ambientales", subrayó la Fiscalía.

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A esto se le suma el daño a la fauna y flora de la zona, y es que según el fiscal "ante estas precarias condiciones ambientales, los pescadores, agricultores, mineros artesanales y demás pobladores residentes en el cañón del río Cauca vieron afectada su subsistencia económica y alimentaria y su seguridad".

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]