El número de homicidios se redujo un 1 % en 2023 y es el más bajo en tres años

En Cali, en medio de las fiestas de fin de año (11 de diciembre), un hombre de 18 años, al parecer en estado de embriaguez, sacó un arma y en medio de una pelea familiar les disparó a su padre, a una hermana y a una prima y después intentó suicidarse.

En el lugar falleció el padre del joven, de 40 años, un hecho que de acuerdo con la Policía fue la consecuencia de un acto de intolerancia.

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El hecho que enlutó a toda una familia hace parte de las muertes violentas registradas el año pasado en Colombia, cuyas cifras tuvieron una leve reducción frente al mismo periodo de 2022.

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Durante el 2023 fueron asesinadas en promedio 37 personas al día. Así se desprende de las cifras públicas del Ministerio de Defensa que dan cuenta que el año pasado perdieron la vida en hechos violentos 13.432 personas, un 1 por ciento menos que las registradas en 2022, cuando se registraron 13.540 homicidios.

Y aunque la reducción es pequeña, se trata de 108 vidas que no se perdieron.

La cifra de homicidio viene bajando desde 2021, cuando se reportaron, según el Mindefensa, 13.683 casos.

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Pese a esto, la tasa de homicidios en el país se mantiene en un 25,36 por ciento por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina.

De acuerdo con la Policía, cerca del 40 por ciento de los homicidios que se registran en el país se deben a las riñas que vinculan hechos de intolerancia y consumo de bebidas embriagantes, cifra que de acuerdo con la institución viene en aumento.

Un 25 por ciento, señaló la Policía, estaría asociado a retaliaciones entre redes delictivas organizadas y entre un 10 y 15 por ciento de las muertes violentas se relacionan con actos delictivos como el atraco a personas, en las “que un ciudadano pierde la vida en medio del robo de su celular o una bicicleta, por citar un ejemplo”, dijo a EL TIEMPO un oficial de la institución.

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Ese fue el caso de Diego Molina, de 23 años, quien fue asesinado en medio de un atraco en octubre del año pasado en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá. El joven que se encontraba con su novia fue rodeado por cinco personas que lo agredieron con un arma blanca por hurtar sus pertenencias.

El Ministerio de Defensa indicó en su estadística que durante el 2023 las masacres se incrementaron en un 8 por ciento, al pasar de 93 en 2022 a 100 el año pasado. Pero el número de víctimas en medio de las mismas se redujo en un 9 por ciento. Mientras que en el 2022 se reportaron 340 muertos, el año pasado fueron 331.

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De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), detrás de la gran mayoría de estos homicidios múltiples estarían los grupos armados organizados que buscan sembrar temor en la población y mantener el control territorial frente a actividades de rentas ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal.

El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, indicó a este diario que salvar 108 vidas “nos motiva a fortalecer nuestra estrategia integral para bajar mucho más los índices de este fenómeno”.

Afirmó que se tiene listo un plan para prevenir el homicidio producto de la intolerancia y “otro para ser más contundentes contra el que es generado por el sicariato”.

Esos planes, dijo, se concentran en actividades preventivas y disuasivas, las cuales, destacó, han venido influyendo de manera contundente.

El general Salamanca indicó que el año pasado se logró la incautación de 15.557 armas de fuego y 589.710 armas blancas, así como la captura de 5.414 personas imputadas por homicidio, lo que afirmó “hacen parte de los resultados operativos que contribuyeron a la reducción”.

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Sobre las causas de los homicidios opinaron expertos en temas de seguridad como Andrés Macías, doctor en estudios de paz y conflicto, quien planteó que a nivel de seguridad, donde están delitos como hurtos, homicidios, extorsiones y demás, “hay una gran responsabilidad de las autoridades territoriales, entonces si bien a nivel nacional hay una política de seguridad y convivencia que en este momento el Gobierno no la ha hecho tan clara porque se fusionó con la política de seguridad y defensa nacional, las autoridades territoriales tienen que ver en cómo se enfrentan estos indicadores”.

De hecho, esto coincide con los anuncios realizados por la gran mayoría de alcaldes y gobernadores, que han priorizado los temas de seguridad y la reducción de los homicidios en planes de trabajo con la Policía.

Uno de ellos es el mandatario de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien hace tres días, junto al general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana, lanzó el plan ‘Bogotá Camina Segura’.

La iniciativa busca atacar cuatro principales delitos: homicidio, extorsión, hurto y microtráfico. En esta estrategia se reiteró que los homicidios son el principal indicador de la seguridad ciudadana en cualquier parte del mundo.

Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación (Pares), dijo que la disminución de los homicidios en un 1 por ciento, “no es una cifra para celebrar”, y añadió que “los homicidios son los delitos en los que está radicada más la impunidad porque hay dificultad para encontrar el responsable por la gran cantidad de casos que se presentan y las condenas se dan luego de un tiempo largo”.

Bonilla señaló que hay una porción de los homicidios que está ligada a problemas de convivencia, riñas, lesiones personales, etc., y por eso “cada mandatario debe evaluar por qué se presentan los casos y encaminar su estrategia a robustecer la justicia, aumentar el pie de fuerza u otra estrategia”.

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Por su parte, Sebastián Camilo Reyes, profesor de la Universidad de San Buenaventura, indicó que debe haber un enfoque de seguridad estratégico y coordinado “para que las instituciones actúen de forma eficaz en inteligencia, cobertura y participación conjunta”.

Para Reyes, es necesario un enfoque de prevención con la gestión del riesgo, apostándoles a programas de mediación, gestión y transformación de conflictos. Y afirmó que el Gobierno debe promover “programas con jóvenes que puedan estar en riesgo de ser incorporados en actividades delictivas, control de armas en el mercado ilegal, presencia de la Fuerza Pública para que se tenga una confianza entre sociedad civil e instituciones, en especial en el sector rural”.

El Ministerio de Defensa señaló en su corte de cuentas que los delitos sexuales el año pasado se redujeron en un 15 por ciento, al pasar de 27.687 casos (denuncias) en 2022 a 23.476 en 2023.

Los meses de agosto con 2.250 casos y septiembre con 2.516 son los que reportaron más hechos el año pasado.

En el año 2021 la cifra cerró en 34.938 y el 2019 con 38.205 reportes fue el año con la cifra más alta de ese delito en los últimos 11 años.

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Señaló la Policía que la reducción de denuncias no se puede tomar con triunfalismo, porque las mujeres y los menores de edad (niños y niñas) siguen siendo los más afectados y que por ello se trabaja de la mano con la Fiscalía General para que cada denuncia lleve a una condena.

Hace solo dos días se conoció la condena de un hombre a 9 años de prisión, por acto sexual con menor de 14 años. El caso se registró en Cartagena, en 2019, cuando el hombre de 23 años tocó en sus partes íntimas a una menor de 12 años, hecho que fue denunciado por los familiares de la niña.

La trata de personas, que incluye el tráfico de migrantes, de acuerdo con el Ministerio se aumentó en un 26 por ciento, al pasar de 628 casos durante 2022 a 792 el año pasado.

En esa línea, las autoridades se han concentrado en debilitar las redes dedicadas a la explotación de quienes buscan cruzar fronteras en aras de un mejor futuro.

Esta semana, la Policía dio a conocer la captura en México de Nelson Enrique Bautista Reátiga, alias Poporro, señalado de liderar una red (desde 2020) dedicada al tráfico de migrantes irregulares desde Colombia a México. ‘Poporro’ tenía nexos con carteles mexicanos y así obligaba a los migrantes a llevar cocaína en su paso a Estados Unidos como una forma de financiar su viaje.

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“Las alianzas, con carteles mexicanos y su estructura criminal ‘los del Sur’ en Colombia, le permitían la movilidad de migrantes desde Colombia hacia los Estados Unidos, llegando inicialmente a Cancún (vía aérea) y después a Tijuana (vía terrestre) usando caletas doble fondo en camiones y buses de servicio público y en el último trayecto vestían camuflaje para no llamar la atención de las autoridades migratorias”, se lee en el dosier en contra de ‘Poporro’, al que tuvo EL TIEMPO.

Las autoridades trabajan de forma coordinada para cerrarles el paso a estas redes, entre ellos los del ‘clan del Golfo’ y sus llamados coyotes, que se lucran del paso por Colombia de ciudadanos de diferentes partes del mundo que buscan cruzar desde nuestro país a la serranía del Darién (Panamá), en búsqueda de alcanzar el ‘sueño americano’, exponiéndose a todo tipo de abusos y vejámenes.

Redacción Justicia:

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