Centros Poblados: Fiscalía acusó a tres presuntos cerebros del escándalo

Se trata de Juan José Laverde, Ottomar Lascarro y Juan Carlos Cáceres.

Juan José Laverde, se retiró de Rave Agencia de Seguros después de que estalló el escándalo. Foto: El Tiempo

PERIODISTA JUDICIAL11.01.2023 18:34 Actualizado: 11.01.2023 18:35

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En la tarde de este miércoles, ante el Juzgado 59 Penal de Conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación acusó a tres supuestas cabezas del escándalo de Centros Poblados.

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Se trata de Juan José Laverde, Juan Carlos Cáceres y Ottomar Lascarro, a quienes la fiscal especializada que tiene a cargo el caso les leyó las acusaciones por cuatro delitos. Al empresario Lascarro y al corredor de seguros Laverde, los señalan de haber cometido, al parecer, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado.

Por su parte, en el escrito de acusación de 15 páginas aparece que a Juan Carlos Cáceres lo sindican del delito de peculado por apropiación, pues habría realizado pagos por el concepto de compra de apartamentos, vehículo, préstamos a terceros, y gastos personales por una suma de 7.155 millones de pesos.

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Emilio Tapia en imputación por presunta corrupción en Emcali. Foto:Fiscalía

Todos estos dineros se relacionan con el anticipo de 70.000 millones de pesos que siguen perdidos, y que el Ministerio de las TIC le pagó en su momento a la Unión Temporal Centros Poblados.

En medio de la audiencia, la fiscal también destacó que el contratista condenado Emilio Tapia -preso por este escándalo- supuestamente también realizó compras de obras de arte, vuelos, carros y gastos personales por el valor de 4.550 millones de pesos. Y sumado a eso se le descubrió que supuestamente hizo un giro de 1.118 millones de pesos que recibieron Lascarro y Laverde.

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Para el ente acusador, "Laverde habría servido como intermediario para que Lascarro prestara los nombres de dos de sus empresas para crear la unión temporal Centros Poblados, de tal manera que acreditara suficiente experiencia técnica, financiera y jurídica para quedarse con el contrato de conectividad.

Eso, supuestamente, habría llevado al error a funcionarios del Ministerio -en ese entonces en cabeza de Karen Abudinen- para expedir la resolución de adjudicación del contrato, y darle el visto bueno a los miles de millones perdidos.

Por este caso, el representante legal de Centros Poblados está en búsqueda de concretar un preacuerdo con la Fiscalía que le dé cuatro años y tres meses de prisión, idea que también tiene -bajo otros términos- el condenado Emilio Tapia, quien está preso en la cárcel El Bosque, de Barranquilla.

Redacción Justicia

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