Exclusivo: los exfuncionarios del sanedrín presidencial que estarían próximos a ser imputados por caso UNGRD

Con Iván Name y Andrés Calle en La Picota, específicamente en “el congresito”, el pabellón de funcionarios públicos, se consuman los señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, los exdirectivos de la Unidad de Gestión para el Riesgo de Desastres que, para conseguir una rebaja de pena, delataron a sus supuestos cómplices en el desfalco a la entidad.

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Al menos siete altas fichas del gobierno del presidente Gustavo Petro son señalados de haber facilitado el desvío de recursos públicos de la entidad para asegurar el paso de las reformas sociales por el Legislativo.

EL TIEMPO conoció que el próximo en ser imputado por la Fiscalía sería Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento istrativo de la Presidencia (Dapre), quien, según el auto de la Corte Suprema que ordenó la detención de Name y Calle, habría ordenado la entrega de $ 4.000 millones a congresistas para “impulsar o no oponerse al trámite” de los proyectos iniciativa del Ejecutivo.

Asimismo, el exjefe de la Función Pública César Augusto Manrique Soacha –un ex M-19 recientemente condenado por los sobrecostos en la compra de motos eléctricas para la Policía durante la alcaldía de Petro, en Bogotá– sería el siguiente imputado. Según la condena a Sneyder Pinilla, Manrique habría participado en el desvío de contratos con dineros provenientes de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras, al cual le quitaron $ 100.000 millones para transferirlos a la UNGRD.

Fuentes de la investigación le dijeron a este diario que se avecinan más de estas decisiones. En la mira de la justicia están Édgar Eduardo Riveros Rey, el abogado que habría ofrecido un soborno a Pinilla para que no hablara en contra de Luis Carlos Barreto, vinculado a una de las puntas del escándalo relacionada con el direccionamiento de contratos.

También serían imputados Sonia Rocío y Ana María Riveros, familiares de Édgar Riveros, así como Édgar Echeverri y Francisco Estupiñán, de la Fundación Yapurutú, por el capítulo ligado a la ANT.

En el auto de la Corte, que ordenó la captura de Name y Calle, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, habría participado en el ‘cónclave’ en el que se habría definido el uso de recursos de la UNGRD para comprar el respaldo legislativo.

Velasco aseguró que congresistas le pidieron $ 80.000 millones en contratos a cambio de aprobar la reforma de la salud y que Olmedo López le contraofertó 35.000 millones para la repartija.

De otro lado, la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides fue imputada por intermediar entre el exjefe de esta cartera, Ricardo Bonilla, y congresistas para facilitar proyectos a cambio de apoyo legislativo. Además, parte de los recursos usados en el descalabro del contrato de la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua a las rancherías de La Guajira habrían provenido de un giro de $ 700.000 millones autorizado por Hacienda en septiembre de 2023.

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, habría sido la encargada de entregar los $ 3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, en un desayuno celebrado el 25 de septiembre de 2023 en la habitación 2312 del hotel Tequendama. Según la Corte, ella, junto con Olmedo López, organizaron la reunión para efectuar el intercambio en dos contados en efectivos.

Ortiz es la única del entramado imputada por lavado de activos y tráfico de influencias. Aunque intentó acceder a un principio de oportunidad, la Fiscalía lo negó por falta de pruebas. Ortiz alega que presentó registros de ubicación y chats que demostrarían su versión. La audiencia de acusación se llevará a cabo el 12 de junio y, de prosperar, iría a juicio.

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La exfuncionaria filtró unas conversaciones que insinuaban una supuesta participación del magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, cuya elección habría sido contaminada con dineros corruptos. Hasta el momento, no ha sido vinculado a ningún proceso.

Redacción Justicia