Violencia sexual: sin dar tregua en Colombia

María Victoria Lucumí es sobreviviente. No entendía qué era eso hasta que decidió acercarse a una de las organizaciones de mujeres que apoyan a víctimas de violencia sexual. Lo hizo porque ya no soportaba el dolor en su vientre y sospechaba que estaba relacionado con la agresión que sufrió la tarde del 2 de octubre del 2001, en Buenaventura.

(Le recomendamos ver: El Tiempo en Vivo: Día nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual.)

Los hombres del bloque Calima de las autodefensas se paseaban sin ningún problema por las calles del puerto, sobre el Pacífico colombiano. Semanas antes del abuso a María Victoria habían asesinado a su primo y a un amigo, en el barrio Lleras; pero también habían hecho una ronda de terror por varios de los embarcaderos. Les advirtieron que irían por las familias de los muertos, y así fue. A las mujeres las golpearon y violaron brutalmente y a los hombres los desaparecieron. María Victoria, su tía y sus tres sobrinas fueron ultrajadas.

Pero la violencia contra las mujeres no era exclusiva del puerto vallecaucano. En la misma fecha, a cientos de kilómetros, en Miraflores, Guaviare, Lady Julieth Barrera luchaba por sobreponerse a la hemorragia que le causó un aborto forzado. Su nombre de guerra en el frente primero de las Farc, Andrea, y su edad, 15 años.

Había sido reclutada a los 12 años en Calamar, junto con sus hermanos. A los 13 la convirtieron en la esclava sexual de uno de los jefes del frente 39; quedó embarazada y la enviaron al hospital del bloque Oriental, en Miraflores, para que abortara, no obstante que ella ya tenía cuatro meses de gestación y quería tener al bebé. Pero esa era la instrucción del secretariado de las Farc para todos sus frentes. Lady perdió a su hijo y su matriz. La burda histerectomía que le practicaron terminó en una infección que la dejó también sin ovarios.

Logró salir con vida de esa cirugía y de las entrañas de la guerra en la selva. Al igual que María Victoria, se declara sobreviviente, pero con profundas heridas físicas y morales.

(Le puede interesar: La deuda con las niñas del mundo.)

Estas dos mujeres ni siquiera hacen parte de las 29.733 personas de sexo femenino registras, hasta el primero de abril de 2020, en la Unidad de Víctimas. Sus casos no han sido recibidos y muchos funcionarios hasta las han discriminado, como si ellas se hubieran buscado la violación y el atropello. En la misma situación pueden estar cerca de dos millones de mujeres que durante seis décadas recibieron la descarga de la violencia sexual en sus cuerpos y su existencia, tan solo en el marco del conflicto armado. En la vida diaria, o la ordinaria, como la llaman los juristas, las cifras pueden ser más escandalosas.

Tan solo en lo corrido de este año, sin sumar el impacto durante 67 días de cuarentena a causa del covid-19, Medicina Legal tiene registrados 5.398 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas; sin embargo, el impacto durante el aislamiento es preocupante porque ellas están encerradas con sus victimarios. En el 2019, la cifra llegó a 22.115. Y tal vez ese es el mayor problema: que las víctimas se volvieron simplemente números y estadísticas. Sus rostros y su dolor no tienen repercusión.

Tampoco hay freno para las estructuras criminales que siguen usando la violencia sexual como un mecanismo de advertencia e intimidación. Por el contrario, han convertido la explotación sexual de niñas y la trata interna de mujeres en parte de un lucrativo negocio que han disfrazado de ‘trabajo’ como modelos webcam, prostitución voluntaria y ‘damas de compañía’.

Esa es la línea de investigación que siguen agentes de la Fiscalía y la Policía en grandes ciudades y municipios apartados del Pacífico y el norte de Colombia.

En departamentos como Nariño, Cauca, Norte de Santander y Caquetá, las disidencias de las Farc extorsionan e intimidan a campesinos, pero también inspeccionan las veredas, para encontrar jovencitas que puedan explotar y usar como chantaje a sus familias.

No muy distinto a lo que hacen las bandas criminales y la organización del ‘Clan del Golfo’. Amparados en el nombre ‘Autodefensas Gaitanistas’, han mantenido un negocio de explotación sexual de niñas y adolescentes en varias zonas de Bolívar, Chocó, Antioquia y Córdoba. Las víctimas siguen en la mira de los victimarios y bajo el techo de la impunidad.

Así, en la impunidad, vive Alejandra. Ese es el nombre que ‘su propietario’ le puso para presentársela a sus amigos y explotarla sexualmente. Esta joven, que cumplió 17 años el pasado 3 de marzo, estaba en Cartagena en medio de un ‘trabajo’, cuando empezó el confinamiento por la pandemia. El hombre que se autodenomina su ‘protector’ sería integrante de la red criminal que provee niñas y mujeres jóvenes, en un mercado de trata de personas, a varios jefes de rango medio del ‘clan del Golfo’ en Córdoba y Antioquia. También es muy cercano a uno de los ‘empresarios’ del mercado de los modelos webcam del país.

En diciembre pasado, la campaña No Es Hora De Callar logró arse con Alejandra tras varios intentos. Su tía había suministrado la información para localizarla, después de persuadirla para que buscara ayuda.

(Además: 'La mujer Wayuu no se vende', responden indígenas a ofensas de Zuleta.)

“Él se porta bien a veces, pero también se enoja cuando no hago caso. Lo conocí hace cuatro años en El Poblado. Estaba con unos amigos y nosotras (con tres de sus amigas de la misma edad), vendiendo minutos y chucherías”. La vulnerabilidad de Alejandra fue el anzuelo perfecto. El hombre le ofreció un ‘trabajo digno’, ropa y un gran mercado para su casa, luego de que la niña le contara que era huérfana y tenía seis primos y hermanos en casa, menores que ella. Todos, junto con su tía, vivían en una pieza. “Ha sido un infierno. La niña muchas veces llegó golpeada. Cuando él se la llevó, ella era virgen. Yo sé a qué se la lleva a Cartagena, pero nos da miedo hacer algo. Él tiene poder y amigos con plata y armas”, dice casi que resignada por la suerte de Alejandra, quien habló por última vez con su hermano menor el 13 de abril.

Algunas veces, cuando los golpes en su rostro la hacían reaccionar, ella y su tía planeaban cómo fugarse, dejar Medellín, llegar a Bogotá o a otra ciudad y en el anonimato comenzar de cero. Pero no es tan fácil. “Él sabe dónde vivimos, nosotros no tenemos plata, vivimos del día a día, ni siquiera sé si mi sobrina está bien o está viva. A dos de sus amigas de viajes a Cartagena las mataron a inicios del 2019. En ese momento fue cuando más convencida vi a Alejandra de denunciar. Pero él la tiene amenazada con borrarnos a todos si ella llega a hacer algo”.

Es un infierno en vida, porque estos criminales poderosos, que se hacen dueños hasta de la respiración de las niñas y mujeres que explotan y violentan, muchas veces están amparados por quienes deben perseguirlos.

El dolor y la impotencia son los mismos, sin importar la circunstancia, el lugar geográfico o el determinador.

“La violencia sexual sigue ocurriendo y el mensaje equivoco para frenarla es permitir la repetición”, señala Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, que justamente el viernes pasado presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una investigación con 47 hechos de violencia sexual cometidos contra 39 mujeres de los Montes de María. Algunos de los casos son recientes y fueron cometidos por integrantes de la Fuerza Pública.

Esta corporación y cuatro organizaciones más, denominadas Cinco Claves, le exigieron a la jurisdicción especial iniciar cuanto antes el proceso contra todos los responsables.

(En otras noticias: Crimen de una niña de 12 años en el Cesar desata la furia de comunidad.)

“El peso más grande es no tener la certeza de justicia. No va a llegar. Simplemente es así -enfatiza Lady-. Yo tuve que aprender a vivir sin hijos, pero no puedo cargar con no ver a quienes me hicieron daño pagando por sus crímenes o al menos reconociendo lo que me hicieron a mí y a otras decenas de mujeres”.

En el caso de las excombatientes de las guerrillas, su búsqueda de justicia ha sido más compleja. Los otros jefes subversivos se niegan a aceptar que usaron el aborto forzado y algunos ni siquiera lo consideran un delito. Y solo existe una condena por estos casos.

“Las mujeres que fuimos reclutadas por las Farc siendo unas niñas y que nos violentaron sexualmente de todas las maneras y aparte de eso tuvimos que crecer en medio de la guerra afrontando todo el dolor que esta trae, tenemos que ver y escuchar cómo se habla de un mínimo de justicia para otras mujeres, menos para nosotras”, asegura Lady.

(Le puede interesar: Por caso de Jineth Bedoya, el Estado va juicio en la Corte-IDH.)

En el caso de María Victoria, hace año y medio ella accedió a presentar su historia ante la JEP como última instancia para alcanzar justicia, pero está a punto de desistir. La violencia sexual ni siquiera ha sido abierta como caso. “Solo hasta el 2018 me vino a revisar un ginecólogo de manera profesional. La violación me dejó daños irreparables...”. Hay un largo silencio y un suspiro atragantado tras las palabras de Victoria.

Cada dolor es diferente, único e incuestionable, pero la impunidad es la misma. Este 25 de mayo, Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, Lady, María Victoria, Alejandra y miles de sobrevivientes estarán en la memoria de algunas personas. El gran reto es que estén constantemente en la conciencia de un país.

NO ES HORA DE CALLAR