Críticas a proyecto que busca que presos paguen manillas electrónicas

Buscando mejorar y agilizar el sistema de vigilancia electrónica de presos, un borrador de decreto del Ministerio de Justicia establece las condiciones en las que personas privadas de la libertad pagarán por tener un brazalete electrónico.

El documento, sobre el que se recibirán comentarios de la ciudadanía hasta el 27 de abril, dice que, por regla general, el costo del aparato será sufragado por el beneficiario, pero que si este no tiene los medios económicos, excepcionalmente el Gobierno se lo entregará sin costo.

Para ello, la propuesta plantea que se presumirá la falta de capacidad de pago cuando el beneficiario haga parte del Sisbén o cuando no declare renta. Mientras que se presumirá que puede pagarlo si declara renta.

Así mismo, dice que el Inpec podría realizar acuerdos de pago parciales con el beneficiario y que el Minjusticia actualizará anualmente, o cuando las circunstancias lo ameriten, la tarifa del brazalete, así como la forma de demostrar la capacidad económica.

En la actualidad, según un documento de justificación que acompaña el borrador del decreto, el Estado cubre todo el valor de los brazaletes y cifras de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que tiene a su cargo la contratación de los dispositivos, dan cuenta de que hay contratados 5.000 brazaletes electrónicos que tienen un valor aproximado de 3.500 millones de pesos mensuales.

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La propuesta del Ministerio, sin embargo, ya tiene críticas. Manuel Iturralde, director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, consideró que en principio el Estado es el que tiene que garantizar los recursos para que las personas puedan acceder a la medida, y no debe ser esta una carga que recaiga en los reclusos.

“Si el Estado está esperando que la gente lo pueda pagar para tener más brazaletes, teniendo en cuenta el perfil de la población carcelaria: en su mayoría personas de clases empobrecidas, excluidas y marginadas, no habría más brazaletes porque no habría quien los pague”.

De otro lado, aunque el Gobierno sostiene que esto es una forma de mejorar la vigilancia electrónica como sustituto de la prisión, para Juan Sebastián Hernández, investigador del área judicial de Dejusticia, “siguen sin formular reformas de la política criminal de fondo para resolver la crisis; por ejemplo, ampliando el uso de medidas alternativas al encarcelamiento”.

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La abogada penalista Dalila Henao recordó que desde el 2014 el artículo 38 F del Código Penal señala que los dispositivos deben ser sufragados por los beneficiarios, por lo que el proyecto no traería algo nuevo “y, por el contrario, resulta en una burla para quienes actualmente están privados de la libertad en condiciones inhumanas y esperan del Gobierno medidas efectivas, y no populistas, para superar esa situación inconstitucional”.

Y Susana Escobar, profesora de derecho penal, consideró que la sustentación de motivos del decreto carece de sustento empírico pues, por ejemplo, no se habla del porcentaje de población privada de la libertad que podría sufragar la manilla. "No creo que la situación varíe mucho con un decreto, creo que se le seguiría dando el brazalete a aquellos que tienen la capacidad de pago, y quienes no, seguirán en esas listas de espera amplísimas sin recibir el dispositivo. Creo que una medida como esta termina siendo selectiva y discriminatoria".

La profesora se refirió también a comentarios que sobre el tema ha hecho en algunas oportunidades el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. "El ministro de Justicia decía que le parecía inaudito que el Estado tuviera que pagar por la manilla de alguien que había cometido un delito, creo que lo inaudito es que un ciudadano termine asumiendo el costo de una vigilancia que le compete al Estado", expresó, al añadir que los brazaletes no son solo para condenados, sino para sindicados, de quienes se presume su inocencia y no se podría afirmar que cometieron delitos.

Por su lado, Norberto Hernández, director del Semillero en Derecho Penitenciario de la Universidad Javeriana, consideró que el decreto sí podría ayudar a bajar el hacinamiento carcelario. “Es válido pensar que quienes tienen capacidad económica puedan sufragar el costo, esos parámetros pueden servir para que haya mayor utilización de la vigilancia electrónica”, señaló.

Pero apuntó que podría pasar que solo les asignen brazaletes a quienes los pueden pagar, ante lo cual consideró necesario aclarar mejor cómo será la cobertura estatal para quienes no los pueden costear.

El testimonio de un interno de una cárcel de Medellín, conocido por EL TIEMPO, da cuenta de las irregularidades que en la actualidad se viven en los penales para acceder a la vigilancia electrónica y poder salir a domiciliaria.

"En esta cárcel, me imagino que en todas es igual, se aparecen y desaparecen los dispositivos de acuerdo a la capacidad económica de la persona. Un señor muy amigo mío, el señor se llama Pedro*, después de una pelea muy larga con el juzgado de ejecución de penas, obtuvo su prisión domiciliaria, pero esta debía ser con brazalete", comentó el interno.

Añadió: "Cuando le dicen eso, supuestamente no había un solo dispositivo en el penal, y la lista de espera, según ellos, era larguísima. Lo primero que hicieron fue decirle que sin el brazalete no lo podían dejar ir en domiciliaria, entonces que le iba a tocar seguir en la cárcel".

"Cuando don Pedro le ofreció y dio 2 millones de pesos al capitán, y lo puedo afirmar porque vi el comprobante de la transacción que le mandó la hija, se solucionaron ambos problemas; es decir, lo primero que hicieron fue llevarlo a la casa el mismo día que consignó, sin tener el brazalete, y le dijeron que tranquilo, que no se estresara por eso, que ellos ponían en el papel que lo tenía, y que en cuestión de 8 o 15 días iban ellos a la casa a ponérselo", expuso el preso

Un caso contrario, comentó, sucedió con otro amigo suyo: "Se llamaba Juan* y no tenía dinero, era una persona sin recursos, le dieron domiciliaria con brazalete, pero como no tenía dinero, el pobre falleció acá en sanidad".

*Nombres cambiados para proteger la identidad de las fuentes.

En Twitter: @MIOF_