El hampa aplaudiendo a los jueces / Análisis

La imagen de la veintena larga de criminales dedicados a los homicidios, fleteos y extorsiones en Bogotá que cínicamente aplaudían la decisión de un juez de garantías que ordenó ponerlos en libertad porque se habían vencido los términos para legalizar sus capturas debe dar para mucho más que el pimponeo entre autoridades que se responsabilizan mutuamente del descalabro.

Una operación de casi ocho meses, en la que además se invirtieron cuantiosos recursos públicos en seguimientos e interceptaciones, llevó a la supuesta desarticulación de dos de las bandas criminales que aterrorizan varias localidades de Bogotá. Algunas víctimas, usualmente reacias a denunciar por temor, colaboraron con las autoridades. Y sucedió lo impensable: como los jueces del país cumplen funciones de claveros en las elecciones (en esencia, garantizan la cadena de custodia del material electoral hasta el inicio de los escrutinios), la audiencia en la que se debía poner tras las rejas a criminales entre los que estaba el temido ‘rey del fleteo’ en Bogotá no se pudo realizar. Pasaron más de 36 horas y el resultado de esa increíble descoordinación fue el regreso a las calles de los delincuentes. Una vez más, el sistema judicial funcionó perfectamente para proteger los derechos de los delincuentes, pero fracasó estruendosamente a la hora de defender los de las víctimas de esas bandas. No solo de los que ya fueron afectados, sino de los del futuro, pues es casi fijo que los hampones ya emprendieron fuga.

Casos como este son los que marcan la diferencia entre un sistema judicial confiable y uno que es rey de burlas de los criminales y de desconfianza de la ciudadanía. De allí que actuar como Estado cuanto antes y poner a esos peligrosos delincuentes donde deben estar tiene que ser una prioridad para todas las autoridades. Si, como denuncia la Alcaldía de Bogotá, de cada 10 capturados, incluso en flagrancia, solo dos terminan presos, algo anda muy mal en nuestro sistema.

En todo el año pasado, por diferentes conductas (no todas penales), la Policía capturó a 187.107 personas en todo el país. Este año, con corte al 4 de noviembre, van 173.643 capturas. El año pasado fue también el de menor número de sentencias en el Sistema Acusatorio desde el 2013: 45.654. Y los archivos de denuncia –esto es, justicia dormida, muchas veces para siempre– superaron los 1,3 millones.

Descoordinación institucional, miles de capturas que terminarán en el regreso del sospechoso a las calles y el creciente colapso de un sistema que, según datos oficiales, archiva 8 de cada 10 de las denuncias que recibe al año marcan el panorama de nuestra justicia. ¿No va siendo hora de que las soluciones de fondo a los huecos del Sistema Penal Acusatorio aparezcan por fin en la agenda pública, empezando por la del Gobierno?

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET