Efectos del fallo del caso Uribe en procesos contra otros excongresistas

La decisión que tomó la Sala Plena de la Corte Constitucional en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez podría tener un impacto potencial en los procesos que se adelantan en contra de otras personas que, como él, renunciaron al Congreso en medio de investigaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y por ello sus casos pasaron a la Fiscalía General.

(Lea: Corte Constitucional niega tutela y mantiene la imputación de Álvaro Uribe)

La Corte dijo que la indagatoria que hace la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia bajo la Ley 600 de 2000 tiene equivalencia funcional con la imputación de cargos del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004), que aplica para la mayoría de los colombianos.

Aunque la decisión de la Corte solo tiene efectos directos en el caso del expresidente Uribe, ese fallo podría ser usado como antecedente en otros casos contra dirigentes políticos que renunciaron a sus curules en el Congreso en medio de investigaciones penales.

(Lea: Álvaro Uribe: ¿qué sigue tras perder la tutela en la Corte?)

En esta misma situación se encuentran actualmente los excongresistas Richard Aguilar, Edwin Ballesteros y José Edilberto Caicedo. ¿De qué se trata?

El exgobernador de Santander y exsenador Richard Aguilar fue capturado el 27 de julio de 2021 por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia siendo integrante del Congreso, por un caso de irregularidades en contratación que se presentaron cuando fue gobernador de Santander entre 2012 y 2015. Al día siguiente renunció a su curul, y el 19 de agosto pasado, la Sala remitió el caso a la Fiscalía.

A diferencia del caso Uribe, la Fiscalía no solicitó la libertad de Aguilar ni cuestionó la calidad de imputado del exgobernador sino que continuó el proceso en la etapa en la que estaba y presentó la acusación formal por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

(Le puede interesar: Caso contra Richard Aguilar sigue en firme, Corte niega nulidad)

El 27 de octubre de 2021, cuando se iba a realizar la acusación formal ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, el abogado de Aguilar, Iván Cancino, pidió anular el caso diciendo que la imputación no se puede equiparar a la indagatoria que el exgobernador rindió.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, el 8 de noviembre pasado, denegó esa solicitud al estimar que en la indagatoria a Aguilar se le informaron los hechos investigados y la imputación jurídica provisional, con lo cual, "en términos generales, se cumplieron las exigencias de la formulación de imputación".

Es así como la Sala señaló que, con independencia de la forma utilizada, al imputado se le pusieron de presente los hechos jurídicamente relevantes y la imputación jurídica correspondiente a estos, "lo cual se asemeja, en lo sustancial, al acto de imputación reclamado por la parte defensora". La defensa no estuvo de acuerdo con esa decisión y la apeló.

(Lea también: Defensa del exgobernador Richard Aguilar pide nulidad del proceso)

Ahora, la Sala Penal de la Corte Suprema deberá resolver esa apelación en una decisión que también podría fijar reglas sobre qué procedimientos son similares entre la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004.

Edwin Ballesteros es investigado por el mismo caso de corrupción por el cual es procesado el exgobernador Richard Aguilar, en su calidad de gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant) para la época de los hechos. Siendo representante a la Cámara por Santander, Ballesteros fue vinculado formalmente a una investigación y llamado a indagatoria el 21 de junio de 2021.

El 17 de agosto, Ballesteros le confirió poder como abogado al exfiscal Eduardo Montealegre y la Corte programó la indagatoria para el 23 de agosto y la aplazó para el 6 de septiembre a petición de su defensa. La diligencia arrancó ante el despacho del magistrado Héctor Alarcón ese día y siguió el día siguiente.

(Le puede interesar: El expediente por sobornos que hizo renunciar a un congresista)

El segundo día, la defensa le solicitó a la Corte “un plazo razonable” para poder buscar y aportar a la Corte una documentación técnica, asunto que no fue concedido por el alto tribunal. Ante ello, Ballesteros guardó silencio sobre las últimas preguntas que la Corte le hizo y la indagatoria terminó. Al día siguiente, en medio de lágrimas y asegurando que la Corte supuestamente le vulneró su derecho a la defensa, Ballesteros presentó su renuncia al Congreso, la cual fue aceptada ese mismo día.

El 11 de octubre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema remitió el expediente a la Fiscalía General. Desde entonces, el ente investigador no ha anunciado ninguna decisión al respecto. A diferencia del expediente Uribe y Aguilar, en este no se había presentado una decisión de fondo sobre la libertad de Ballesteros pues apenas se había realizado la indagatoria.

(Le puede interesar: Corte remite a la Fiscalía proceso contra excongresista Edwin Ballesteros)

Ballesteros, quien antes de llegar a la gerencia de la Esant, en noviembre de 2013, fue asesor del despacho del gobernador Aguilar, es investigado por haber hecho un acuerdo previo con su jefe político para adjudicarle la construcción de los acueductos de Chiapatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de 600 millones de pesos por “comisiones". Y por irregularidades en el trámite de tres contratos.

El 30 de de junio de 2021, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía el proceso seguido en contra del representante a la Cámara José Edilberto Caicedo Sastoque, luego de que este renunció al Congreso de la República.

Días atrás, la Corte le había dictado medida de aseguramiento por presuntos hechos de corrupción en los que Caicedo habría incurrido en su calidad de alcalde de Zipaquirá (2004-2007).

(Le puede interesar: José Caicedo, otro excongresista que logra que su caso pase a la Fiscalía)

Tal y como en los otros procesos, la Sala dijo que había perdido competencia para investigarlo, ya que no se trataba de hechos que tuvieran relación con su rol de congresista y el caso pasó a la Fiscalía sin que, a la fecha, el ente investigador haya anunciado decisión alguna sobre Caicedo.

A José Edilberto Caicedo Sastoque se le investiga por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En concreto, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del Convenio Interistrativo n.° 005 de 26 de enero de 2007, suscrito entre Zipaquirá y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de dicho ente territorial, por valor inicial de 633 millones de pesos y que tuvo tres adiciones más entre marzo y diciembre por 170 millones de pesos.

(Le puede interesar: Corte dicta medida de aseguramiento al congresista José Caicedo)

En Twitter: @JusticiaET

-Corte protege mural '¿Quién dio la orden?' y dice que es de interés público

-Ofrecen recompensa de $ 20 millones por autores de masacre en Guaviare

-'Otoniel', preso: Policía mueve constantemente al capo por seguridad