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Los pendientes que quedan para echar a andar la Jurisdicción Agraria en Colombia
Consejo Superior de la Judicatura aprobó la creación de un tribunal y cinco juzgados.
En el evento también fue entregada la resolución de constitución de la Zona de Reserva Campesina Losada, Guayabero, con 163.736 hectáreas. Foto: Ricardo Báez / ANT
Uno de los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro, que logró su aprobación en el Congreso y que apunta a poner en marcha la Jurisdicción Agraria y Rural, como mecanismo para dirimir los conflictos relacionados con la tenencia y propiedad de la tierra en Colombia, aún tiene varios pendiente para ser una realidad.
Hace unos días, desde el Consejo Superior de la Judicatura se aprobó la creación de un tribunal y cinco juzgados de circuito para esta jurisdicción en cumplimiento del acto legislativo 03 de 2023.
El presidente de la corporación, Aurelio Enrique Rodríguez, afirmó que para cumplir con el mandato, la corporación “realizó un esfuerzo presupuestal” para la creación del tribunal y los juzgados y que, tras un estudio de la demanda de justicia, el primer Tribunal Agrario y Rural estará ubicado en Tunja con competencia nacional, y los 5 circuitos agrarios y rurales estarán en esa misma ciudad, además de Pasto, Popayán, Cartagena y Quibdó.
“Tenemos claro que el Gobierno honrará su compromiso de garantizar oportunamente los recursos para el Consejo Superior de la Judicatura para complementar la implementación en esta Jurisdicción. Estos cambios de fortalecimiento judicial dotarán al Estado y a la Rama Judicial de una arquitectura al servicio de los campesinos y las comunidades indígenas”, señaló el magistrado Rodríguez.
El anuncio fue celebrado por la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, quien señaló que esta Jurisdicción “es la otra cara de la moneda” de la reforma agraria, la cual, a su criterio, “tiene una dimensión nunca vista”.
Esto al señalar que la norma “supone la compra y distribución de un millón y medio de hectáreas de las mejores y más fértiles tierras del país, a lo que se suma un gran plan de formalización y reconocimiento de la propiedad”.
Aurelio Enrique Rodríguez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Foto:Cortesía CSJ
Desde el Minagricultura se informó que con los primeros cinco juzgados del circuito y una sala de tres magistrados la jurisdicción “comienza sus actividades” esta nueva jurisdicción.
Sin embargo, por ahora no es un hecho inminente que empiecen a funcionar esos despachos en el país y aún quedan varios asuntos que superar antes de que esa jurisdicción abra sus puertas.
Fuentes del Consejo Superior de la Judicatura le dijeron a EL TIEMPO que para la creación de esta primera parte del circuito “se destinaron 8.000 millones de pesos que salieron de la misma corporación”.
Y la magistrada del Consejo Superior Gloria Stella López afirmó que la corporación está a la espera de que para la próxima vigencia el Gobierno Nacional aporte 40.000 millones de pesos, que es el costo que tendría la creación de los juzgados agrarios y tribunales restantes.
La magistrada Gloría Stella López es la presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Foto:Néstor Gómez - EL TIEMPO.
“De acuerdo con el mandato constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura tenía 6 meses para crear los despachos judiciales, pero el Gobierno no nos apropió la partida específica para crear los tribunales como juzgados, por lo que se hizo un esfuerzo presupuestal para crear este tribunal y los cinco despachos”, manifestó la magistrada López.
Ahora bien, de no llegar los recursos solo quedarían funcionando los que ya se anunciaron en cinco ciudades. “Los 40.000 millones son para la creación de otros 4 tribunales y 27 juzgados, como lo ordena el acto legislativo”, dijo la fuente a este diario.
Predio El Berlín, de 1.453 hectáreas, entregado a excombatientes de las extrintas Farc. Foto:Agencia Nacional de Tierras
Marco jurídico
Si el Gobierno destina los recursos, igualmente no se podría arrancar con la Jurisdicción al no estar listo el marco jurídico"
Pero la principal barrera que aún enfrenta la Jurisdicción es que todavía no está aprobada la ley estatutaria ni la ley ordinaria que establece el funcionamiento y sus competencias.
“Si el Gobierno destina los recursos, igualmente no se podría arrancar con la Jurisdicción al no estar listo el marco jurídico, y si este se aprueba pero no se aportan los 40.000 millones solo entrarían en funcionamiento los anunciados por la Judicatura”, añadió la fuente de la corporación.
La abogada Lorena Garnica, experta en derecho agrario, señaló que el Acto Legislativo 03 de 2023, “por medio del cual se modifica la Constitución Política de Colombia y se establece la jurisdicción agraria y rural” si bien no crea, en estricto sentido, una Jurisdicción Agraria dado que no constituye una Corte única de cierre para esta temática, “sí modificó la carta política” para crear una oferta judicial con órgano de cierre en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, respectivamente.
“La modificación de la Constitución no tiene asignación de competencias funcionales de la Jurisdicción Agraria, de manera que la normatividad necesaria para echar en marcha esa jurisdicción aún está lejos de materializarse”, dijo Garnica.
Bogotá. 17 de Octubre de 2023. En la plenaria de Senado de la República, se llevó a cabo sesión extraordinaria para escuchar a los candidatos a ocupar el cargo del Magistrado Constitucional, los cuales son: Cielo Elainne Runsinque Urrego, Vladimir Fernández Andrade y Gerardo Vega Medina. Foto:Sergio Acero Yate / El Tiempo
Además, la estatutaria, señaló la abogada, requiere de la aprobación de la mayoría absoluta de los del Congreso y su trámite deberá efectuarse en una misma legislatura; “en este punto parece que las prioridades en la agenda legislativa del Gobierno no le están dando celeridad a esta iniciativa ni al proyecto de ley ordinaria”, explicó.
Garnica advirtió que un recorte de los recursos a la Rama Judicial, como lo anunció el presidente Gustavo Petro hace dos semanas, “perjudicaría directamente la pronta implementación de esta jurisdicción”.
Frente al tema, uno de los senadores ponentes de la ley estatutaria para reglamentar dicha sección de la justicia, Carlos Fernando Motoa, le confirmó a EL TIEMPO que apenas ayer se radicó la ponencia para primer debate.
Esto quiere decir que la iniciativa apenas está comenzando su camino, por lo que no existe marco normativo por el que la Judicatura pueda comenzar la consolidación de esta sección de la justicia.
Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical. Foto:Prensa Carlos Fernando Motoa
No obstante, Motoa se mostró optimista frente al trámite en el Congreso, que quedará para debatir en el primer semestre de 2024, puesto que “no vemos mayor debate porque va armonizado con lo que dispuso el acto legislativo”.
Entre tanto, la titulación y legalización de predios están en manos de autoridades como de la Agencia Nacional de Tierras y jueces civiles. Y temas de restitución a víctimas están a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras.