Hermano de Piedad Córdoba: con tutela buscarán frenar su extradición

Luego de que la Corte Suprema avalara la extradición a Estados Unidos de Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, su defensa afirmó que intentará frenar su extradición a través de un recurso jurídico.

Se trata de una tutela que si bien no se ha armado porque ellos no han sido notificados, ya está en los planes de los abogados Antonio Güette y Ludy Valentina Santiago, quienes en este caso representan los intereses de Córdoba, detenido en un operativo realizado el pasado 3 de febrero en Medellín.

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En diálogo con EL TIEMPO Güette enfatizó que con esa tutela no intentarán dilatar el curso de este proceso, que ahora queda en manos del gobierno de Gustavo Petro, sino que se detendrán a revisar cuál derecho fundamental se le pudo haber vulnerado a Córdoba con tal de mantenerlo lo más que se pueda en Colombia.

De acuerdo a la decisión de la Corte Suprema conocida en la tarde de este miércoles, la extradición del hermano de la senadora del Pacto Histórico se da de manera mixta. En plata blanca, esto traduce en que un cargo por el que es requerido fue aceptado por el alto tribunal, pero otro no.

El que aprobaron fue el de narcotráfico, y el que negaron es el de porte de armas, pues de concretarse ese delito, lo habría cometido en suelo colombiano exclusivamente.

Para la defensa de Córdoba, ese hecho es tomado por ellos como un triunfo, pues ese cargo por porte ilegal de armas a su juicio no tiene mayor peso, y se debe, según ellos, solo a una táctica para enlodarlo.

Lo cierto es que esa mención de posible porte de ametralladoras aparece en los documentos que estudió la Sala Penal de la Corte Suprema para tomar una decisión de fondo.

Por otro lado, frente al comentario que en campaña hizo Petro de que si todo se ajustaba a la ley, firmaría la extradición de Córdoba, el abogado Güette manifestó que eso es plena competencia del Jefe de Estado, y que se acogerán a lo que él decida.

La referencia a Petro en este caso se da porque la senadora Piedad Córdoba, hermana del procesado, fue elegida al Congreso a través de la lista del Pacto Histórico, coalición que lidera el presidente. Esa cercanía, sin embargo, no sería un obstáculo para firmar el envío a Nueva York del detenido actualmente en el patio de extraditables de La Picota.

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A mí no me han notificado, ni tampoco a la abogada Ludy Valentina Santiago, quien me acompaña en este caso.

Para nosotros es un éxito total porque se le está quitando el terrorismo, que era la manera agresiva como ha venido acostumbrando el gobierno en cabeza de Estados Unidos con los agentes de hacer entrampamientos, y es lo que a gritos están diciendo todos los extraditables que están en esa causa.

Por supuesto que habrá personas que tienen responsabilidades al 100 % en los casos, pero el 90 % es entrampamiento, de ahí la invitación del nuevo Gobierno, no porque sea el hermano de Piedad Córdoba, para que definitivamente condicione el procedimiento y las pruebas.

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Quiero comentar algo, en el caso de Álvaro Córdoba hay dos personas más que son compañeros de causa. Solamente para tener en cuenta esto: en ese caso los tres fueron capturados en febrero, a esta fecha de notificación de agosto de manera exprés la Corte Suprema se pronuncia, pero no lo está haciendo de esa misma manera con los otros dos compañeros de Álvaro.

Sí, ¿pero en qué radica lo que digo?, en que a Álvaro sí en seis meses (lo extraditan). Por lo general un proceso de extradición dura entre 18 a 22 meses, este es el segundo caso después de “Otoniel”, que fue en siete meses, en el que se conceptúa la Corte. Ahora bien, lo hacen con Álvaro, ¿pero por qué no lo hacen con los dos compañeros de causa?

Es decir, ¿por qué hay una elección en Álvaro, y por qué no llevan con esa misma dinámica a los otros dos compañeros de él dentro de ese proceso? Ahí hay una desigualdad.

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Sí, hay que interponerlo. Nos queda un recurso para hacer uso de ello, inclusive hasta una tutela. No con el ánimo de dilatar, simplemente vamos a dejar constancia. Yo voy a dejar la notificación de ese auto de la Corte y ya voy a empezar a diseñar la estrategia. Tenemos derecho al recurso ante el mismo presidente, que se va a pronunciar, y por supuesto una tutela. Yo estudio el tema y digo qué derechos fundamentales se estarán vulnerando.

No puedo pronunciarme ahí, es algo potestativo del señor presidente, él sabe lo que debe hacer. No porque sea el caso de Álvaro Córdoba, sino porque en el evento de que estén vulnerándose derechos fundamentales, él tendrá que pronunciarse. Él es autónomo e independiente, y no quiero meterme en eso, quiero ser muy respetuoso de esa decisión.

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