El Gobierno Nacional publicó el texto completo del proyecto de acto legislativo aprobado en primera vuelta en el Congreso y que ahora va para la segunda, en el que se crea una nueva Corte que se encargaría de los asuntos agrarios y rurales en el país que ahora están en manos de otros organismos como la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El texto fue publicado en un decreto, por protocolo tras el cambio de legislatura, que fue firmado el 3 de febrero por el ministro del interior Alfonso Prada, detallando el trámite que se hizo en primera vuelta y los objetivos de la iniciativa que tiene que pasar los cuatro debates que le faltan antes del 20 de julio.
La iniciativa busca crear una Corte Agraria y Rural que será el máximo tribunal de la Jurisdicción Agraria y Rural, que también se crea, y que tendría que revisar, entre otros, las decisiones por tribunales, dirimir los conflictos de competencias y presentar las reformas legales que sean necesarias.
La posibilidad de crear una nueva jurisdicción y otra corte, entregándole competencias que hoy están en manos principalmente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, genera fuertes opiniones entre los expertos.
Lo que dicen los expertos
Por ejemplo, Hernando Herrera, de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo que crear una nueva corte deja la puerta abierta a que se generen choques con las ya existentes, así como conflictos de competencias y posible inseguridad jurídica.
“Es injustificado, nos parece que bien se hubiera podido delegar la función de cierre a cortes que ya están establecidas como el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia”, dijo.
Para Herrera, la reforma pareciera partir “de la base de la desconfianza que la Sala Civil de la Corte o de la Sección Primera no tuvieran la necesaria idoneidad para efectos de responder y llevar a cabo los lineamientos de la jurisdicción y servir de órgano de cierre a la misma”, por lo cual llamó la atención de los congresistas y del Gobierno para que se le de más apoyo a las cortes existentes.
Herrera, además, cuestionó que la elección de los magistrados de esta eventual nueva Corte la haga el Congreso y sugirió que la misma se haga de terna elaborada por las Cortes actuales.
A su turno, Lorena Garnica, abogada con conocimiento especializado en Derecho Agrario, consideró como una dificultad que la operatividad de la jurisdicción dependa de la ley que la reglamente, si es aprobada, definiendo claramente sus particularidades.
“Dado que el Estado ha sido incapaz desde el año 1957 de implementar esta Jurisdicción, preocupa que en el caso actual nuevamente procrastinemos la implementación de esta oferta jurisdiccional porque la aprobación del Acto Legislativo sólo crea nominalmente la Corte Agraria y Rural pero no define nada más para su implementación”, dijo.
La experta aseguró que la creación de una nueva Corte “anticipadamente provoca dudas sobre la supremacía de las decisiones de la Corte Constitucional, que ha desarrollado con mayor ahínco los postulados del derecho agrario”.
Además, advirtió que esta nueva Corte vaciará competencias de la especialidad civil y de la jurisdicción contenciosa, “de manera que su implementación debe ser delicada a la hora de establecer un régimen transitorio”.
Garnica además señaló que los magistrados de esta nueva Corte deberán tener conocimiento específico de derecho agrario por lo que ese elemento debería haberse tenido en cuenta para su elección.
"Esta es una rama del derecho muy prolija en desarrollos legislativos y prácticamente desconocida por muchos colegas, de manera que delegarle la toma de decisiones de cierre a perfiles políticos entraña dificultades", indicó la jurista al tiempo que abogó porque la creación de los nuevos despachos judiciales estén incluidos en los presupuestos en el marco fiscal de mediano plazo.
@JusticiaET
Lea más noticias de Justicia