Condenan al Estado por ‘falsos positivos’ avalados por coronel que está en la JEP

El 11 de enero de 2008, en la vereda San Pablo, de Santa Rosa de Osos (Antioquia), tres hombres fueron reportados como integrantes de bandas criminales dados de baja por integrantes del Gaula Militar de Antioquia. En realidad, habían sido sacados de sus casas engañados, y fueron asesinados a sangre fría mientras estaban indefensos.

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Estos ‘falsos positivos’ fueron realizados por las tropas del coronel Robinson González del Río, quien está condenado por estas y otras ejecuciones extrajudiciales y ahora está sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y por este crimen el Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación y ordenarle al Ejército pedir perdón.

EL TIEMPO conoció la sentencia del alto tribunal que, en segunda instancia, revocó la absolución al Ministerio de Defensa y el Ejército que había dictado el Tribunal istrativo de Antioquia en 2013, y por el contrario determinó que el Estado sí es responsable por las ejecuciones de José Luis García Ospina, Héctor de Jesús Grisales Uribe y Carlos Mario Ramírez Londoño.

Las tropas dijeron que estaban en medio de labores de registro cuando fueron atacadas con disparos, por lo que reaccionaron. Esa versión fue desmentida por Robinson González del Río, quien aceptó en el proceso penal su responsabilidad por este crimen, señalando que él era quien suscribía y autorizaba las operaciones tácticas y que los informes rendidos por los uniformados no correspondían a la realidad.

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González confesó que él avaló enfrentamientos armados simulados en los que se ocasionó la muerte de 32 civiles, entre ellos estas tres víctimas, y aceptó que se manipularon armas de fuego para disfrazar esas bajas y presentar a esas personas como fallecidas en combate.

En ese momento, según destaca el fallo del Consejo de Estado, González del Río era mayor del Batallón de Contraguerrilla 57 Mártires de Puerres, del cual hacían parte los diferentes batallones que se dedicaban a realizar operaciones tácticas en distintas regiones del país. Por esos 32 crímenes él fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia a 30 años de prisión en 2016.

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“Cabe destacar que de lo consignado en los protocolos de necropsia también se descarta la ocurrencia de un enfrentamiento armado, toda vez que describen la trayectoria de los disparos encontrados en los cadáveres de las víctimas realizados de atrás hacia adelante, lo que de manera lógica contiende con la versión oficial de un ataque por parte de los occisos”, dice la sentencia del Consejo de Estado.

Así, el alto tribunal dijo que, en efecto, se trató de un enfrentamiento armado simulado, que a las víctimas les implantaron las armas al lado de sus cuerpos y que si bien dos de los hombres se habían desmovilizado de las Auc dos años antes, el día de los hechos no dispararon ni se acreditó que estuvieran cometiendo actividades ilegales.

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Por eso, se condenó a la Nación por falla en el servicio de las tropas que tuvieron una actuación “arbitraria, ilegítima y desproporcionada, porque los del Ejército Nacional dispararon injustamente en contra de las víctimas para reportarlas como bajas en un enfrentamiento armado que nunca ocurrió”.

El Consejo de Estado ordenó reparar a los familiares de las víctimas y que, en seis meses, los comandantes de la Cuarta Brigada y del Gaula Antioquia, a nombre del Ejército Nacional, previo acuerdo con los familiares, hagan un acto solemne de reconocimiento de su responsabilidad y de excusas.

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También se dispuso enviar una copia del fallo al Centro Nacional de Memoria Histórica y al Archivo General de la Nación para que haga parte de su registro “y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia”.

El abogado Javier Villegas Posada, quien representó a las familias de las víctimas en este proceso y en el penal que llevó a la condena de González del Río, celebró esta decisión tras más de 15 años de acompañamiento y dijo que las familias estarán atentas al cumplimiento del fallo y de la reparación de los afectados “por esta gravísima violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.

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