Caso UNGRD: Por orden de Corte Suprema, allanan oficina y casa de funcionaria del Minhacienda

En horas de la mañana de este miércoles 11 de diciembre, agentes de la Policía Judicial, por orden del presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Misael Rodríguez, llevaron a cabo dos allanamientos en la casa y oficina de una funcionaria del Ministerio de Hacienda.

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La diligencia se cumple en el marco de la investigación que lleva el alto tribunal contra varios congresistas que estarían inmersos en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD).

EL TIEMPO estableció que el allanamiento se da en el inmueble y oficina de la funcionaria Andrea Ramírez, quien sería el enlace entre la cartera de Hacienda y el Congreso de la República. 

Dentro de las declaraciones que ha rendido a la Fiscalía María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se señala que Ramírez tenía conocimiento de tres cupos indicativos, que eran para congresistas. “Yo se lo dije, ella lo sabía”.

El allanamiento a la casa y oficina de la funcionaria se da para recolectar material probatorio que ayuden a esclarecer la presunta participación de 5 congresistas y un exparlamentario dentro del saqueo a los recursos de la Unidad.

Dentro de esta investigación, la Corte ya inspeccionó la oficina de la representante Karen Manrique en la que se recolectó documentos para realizar un análisis grafológico de su escritura a con la libreta perteneciente al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, en la que al parecer la congresista escribió con su puño y letra en una libreta, los municipios en los cuales se iban a direccionar los presuntos contratos con dineros del saqueo de la entidad, los cuales tendrían valor por 92.000 millones de pesos.

Recordemos que la congresista Manrique junto con los parlamentarios Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, son investigados por el presunto delito de cohecho impropio, pues habrían aceptado emitir conceptos de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de supuestas dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD.

Hasta este momento todos los congresitas han asistido a la indagatoria a la que fueron citados por la Sala de Instrucción han guardado silencio, y solo la senadora Bitar ha hablado en la diligencia. 

Redacción Justicia