Andrés Felipe Arias: las claves de la confirmación de su condena

Casi nueve años después de que fuera condenado por primera vez, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia de 17 años, 5 meses y 8 días de prisión dictada en contra del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por las irregularidades que rodearon el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

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El programa pretendía ayudar a pequeños cultivadores, pero, en algunos casos, terminó beneficiando a grandes empresarios y familias prestantes de distintas zonas del país.

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Al revisar un recurso de impugnación, que fue posible presentar luego de que la Corte Constitucional falló una tutela en favor del exministro y abrió la puerta para la revisión de sentencias dictadas en única instancia desde 2014, una Sala de Decisión compuesta por tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema determinó que no hubo vicios en esa condena y ratificó que el exministro Arias incurrió en los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

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El eje de este caso eran los convenios 03 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009, que fueron celebrados por el Ministerio de Agricultura con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Cartera de Agricultura (IICA). Tal y como indicó la primera sentencia, la Sala señaló que los mismos no se podían celebrar de manera directa, sino que se debió realizar una licitación pública.

Además, se ratificó que aunque se dijo que los convenios fueron para la transferencia de ciencia y tecnología, asociada a los proyectos de riego y drenaje para el programa AIS, en realidad fueron para la istración de recursos. La sentencia de 200 páginas asegura que fueron los beneficiarios del programa los que asumieron la realización de los proyectos, la construcción de los sistemas de riego y drenaje, por lo que “es inisible la tesis de la defensa según la cual hubo una asistencia y acompañamiento que (sí) implicó la transferencia de ciencia y tecnología”.

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Con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, la Sala indicó que, al contrario de lo dicho por la defensa del exministro, no es cierto que la sentencia “desconozca o mutile prueba con el protervo propósito de encausar a toda costa a Arias Leiva, en tanto de manera razonada y coherente los medios de convicción establecen el aspecto subjetivo que se niega a aceptar”.

Así, indicó que Arias desconoció los principios de contratación estatal de transparencia, planeación, economía y responsabilidad. Además, la Sala ratificó que este tuvo injerencia sobre el Comité istrativo encargado de aprobar los listados remitidos por el IICA de beneficiarios de los subsidios del AIS, de acuerdo con los términos de referencia de los contratos para implementar y desarrollar el programa.

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Otro de los elementos claves de este caso es que el exministro Arias permitió que terceros se apropiaran de manera ilegal de recursos públicos mediante el fraccionamiento ficticio de un inmueble para presentar proyectos vinculados con los predios resultantes como si se tratara de diferentes fincas, entre otros.

La decisión señala que Arias tenía influencia sobre los funcionarios del ministerio, que tenía el control del programa AIS por la injerencia en el Comité istrativo, y apunta a que el funcionario sabía del fraccionamiento ilícito de predios desde antes de octubre de 2009 y, a pesar de ello, no hizo nada para evitar la apropiación de los recursos por los particulares.

La decisión en contra del exministro asegura, además, que este concibió el programa Agro Ingreso Seguro y su desarrollo “con la intención de hacer de él la base de su proyecto político sin que pueda ignorarse hacia donde iban los recursos cuando mantenía reuniones familiares con los de la Unidad Coordinadora de la cual hacía parte Carlos Manuel Polo Jiménez, persona a fin a un grupo político importante de la costa Caribe”.

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El fallo dice que esto se demuestra también en la renuncia al ministerio y la subsiguiente aspiración como precandidato a la Presidencia de la República y los apoyos recibidos de “alguno de los beneficiarios del programa, la familia Dávila Abondano, según lo declarado por Sandra Gaitán, directiva de la campaña del acusado, lo cual hace evidente que el programa fue un instrumento del que se valió Arias para proyectar su figura a nivel nacional y dentro del sector agropecuario, en su carrera política”.

Y, por último, la sentencia dice que la pena de 17 años de prisión “no es injusta ni excesiva, sino que, por el contrario, respeta el proceso de motivación, es proporcional, necesaria y fundada”.

El exministro Arias, quien llegó a la Corte Suprema trasladado por el Inpec y de la mano de su esposa, Catalina Serrano, aseguró que no está de acuerdo con la decisión, que tiene “mil reproches” contra la misma, pero que la respetará.

“Estamos tranquilos, al fin y al cabo la injusticia es mejor padecerla que infligirla. Nosotros en mi familia podemos dormir tranquilos”, dijo tras añadir que no incurrió en irregularidad alguna y aseguró: “(El proceso fue) exclusivamente dirigido contra mí, en una revancha ya sabemos contra quién (en referencia al gobierno de Álvaro Uribe)”.

“El magistrado acepta que no hay testigo ni reunión o prueba que vincular con asignación de quienes hicieron una trampa, pero dice que pude incidir y que es normal castigar y sancionar por indicios. Si eso es así, el derecho penal está patas arriba. Está claro para nosotros que no hay un solo testigo y que esto es una especie de delito de autores, que me tienen que castigar por ser yo, por el gobierno que defendí, pero bueno. Yo estoy tranquilo”, agregó.

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El exministro Arias dijo que defenderá su inocencia hasta el “último día” de su vida y que buscará con su defensa algún recurso para ello.

Pese a que no hay ya ningún mecanismo en Colombia para rebatir la sentencia, el abogado Víctor Mosquera anunció que acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos al cuestionar que la Sala de Decisión que confirmó la condena no podía ser una instancia dentro de la Sala Penal que dictó la primera sentencia en su contra.

“Es pírrico que se pretenda que valoren de manera distinta las pruebas cuando ya sus compañeros de Sala habían establecido que era culpable”, dijo Mosquera.

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