Policías podrán portar armas fuera de servicio para enfrentar el 'plan pistola': ¿será eficiente la medida?

El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, ordenó una medida de protección para los uniformados ante la amenaza de los grupos armados y su llamado ‘plan pistola’. La instrucción permitirá a los policías portar y trasladar sus armas de dotación hasta sus hogares como medida preventiva para salvaguardar sus vidas frente a los recientes ataques.

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“Esas medidas implican la seguridad operativa, la seguridad operacional. El uso del arma de fuego implica defender su vida, a partir de la amenaza permanente del ‘clan del Golfo’ que se manifiesta con estos hechos”, dijo el oficial.

El anuncio de esta medida se da tras una escalada de violencia en la que, durante las últimas dos semanas, han sido asesinados 27 uniformados entre policías y militares. Solo en las últimas 24 horas se reportaron cuatro muertes y un herido en hechos ocurridos en Palermo (Magdalena), Cartagena y tres municipios del departamento de Córdoba.

El caso se suma al reciente ataque registrado en el sector de El Balso, en el municipio de Melgar, Tolima, donde cuatro uniformados y una mujer civil resultaron heridos.

Los patrones de estos ataques, atribuidos en su mayoría al ‘clan del Golfo’, apuntan a una reactivación de la macabra estrategia que, desde la época de Pablo Escobar, ha sido utilizada para generar miedo en las instituciones y retomar el control armado en territorios estratégicos. Precisamente, la arremetida de este grupo armado se da tras la muerte de uno de los hombres de confianza de alias Chiquito Malo. Se trata de José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya, quien fue dado de baja en operaciones militares realizadas el pasado 4 de abril.

La medida para que los policías porten su arma de dotación fuera del horario de servicio busca ofrecer condiciones mínimas de defensa a los policías, especialmente cuando se encuentran fuera de servicio.

Expertos consultados por EL TIEMPO señalan que la iniciativa tiene alcance nacional, ya que los hostigamientos se presentan en distintas zonas y no pueden ser enfrentados con medidas exclusivamente locales. “El porte de armas fuera del servicio busca tener un efecto disuasivo ante posibles agresiones”, señaló Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte de Barranquilla.

No obstante, otros analistas como César Niño, experto en conflicto, consideran que la medida es de carácter netamente defensivo y “no garantiza la contención de ataques armados contra los uniformados”. También se advirtió que llevar el arma al hogar podría generar incertidumbre en los entornos vecinales. En ese sentido, se señaló que esta disposición no detendrá el “plan pistola” ni evitará nuevos eventos de violencia.

Una misma impresión tiene el experto Henry Cancelado, quien considera que la medida conlleva riesgos significativos, ya que el las comunidades donde habitan los policías “puede identificar a los policías armados, dificultando su seguridad”. Además, el transporte de armas al trabajo y el contexto de alta delincuencia complican aún más la situación, ya que cualquier conflicto en el área puede llevar a que se ataque al policía, incluso si no está en servicio.

El espetó además, indicó que la defensa de los policías con armas frente a sicarios plantea desafíos. “Es crucial evaluar si dar armas a los policías es la única solución o si existen alternativas para garantizar su seguridad de manera más efectiva”.

Los grupos armados ilegales han desarrollado tácticas de inteligencia criminal para identificar puntos débiles dentro de la estructura policial. Una de sus estrategias ha sido observar a los uniformados cuando se encuentran fuera del contexto laboral, con el fin de planificar acciones violentas en momentos de menor resistencia.

Frente a esa arremetida criminal, Jairo Libreros, profesor de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado, indicó que el desarme parcial, durante los turnos de descansos, ha sido uno de los factores aprovechados por los actores armados ilegales.

“Al encontrarse sin su dotación oficial y en espacios familiares o personales, los policías presentan una menor capacidad de respuesta ante emergencias o agresiones directas. Esta condición ha sido clave en la ejecución de ataques recientes”, dijo el experto.

Y añadió que en otros países de América Latina, ante circunstancias similares, se han adoptado medidas que permiten el porte de armas fuera del servicio, previa evaluación técnica y justificación operativa. “En Colombia, esta disposición se inscribe dentro de una política nacional para hacer frente a amenazas armadas de carácter institucional”, como lo explicó Libreros.

Hugo Acero, experto en seguridad, indicó que no es la primera vez que se usaría esta medida en Colombia, toda vez que a mediados de 2022, el gobierno de Iván Duque, siendo el director de la Policía el general Jorge Luis Vargas se autorizó que, en algunos municipios y territorios del país, los policías podían portar su arma de dotación fuera del servicio. 

Esto porque el ‘clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc habían asesinado a 25 policías, especialmente en Urabá y Antioquia, a través del famoso ‘plan pistola’. “Esta historia hoy se repite, pero en esta ocasión involucra como objetivos de los criminales, a de las Fuerzas Militares”.

Para Acero, esta medida ayuda a la seguridad de los policías en todo momento, pero hay que complementarla con varias acciones: una de ellas es “el apoyo y solidaridad de los ciudadanos quienes pueden informar o denunciar hechos irregulares que pueden afectar a de la fuerza pública en servicio o fuera del servicio”.

Y se reforzaría, según el experto, con labores de inteligencia e investigación criminal “para dar con los actores intelectuales de estas acciones terroristas y con los sicarios que las ejecutan, y tercero con el ofrecimiento de recompensas”. 

Recordemos que el Ministerio de Defensa ofreció hasta 200 millones de pesos de recompensa, por información que permita evitar ataques sicariales contra integrantes de la fuerza pública.

Redacción Justicia