En enero no se erradicó ni una sola hectárea de coca: estas son las razones

Mientras desde varias regiones siguen llegando llamados al Gobierno Nacional para que se refuercen la presencia y la operatividad de la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa reveló el primer balance oficial de la seguridad en el país durante los primeros 31 días del año, el primer mes de vigencia de la tregua bilateral con el ‘clan del Golfo’, ‘los Pachencas’ y las disidencias de las Farc.

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Autoridades locales y regionales de departamentos como Meta, Antioquia y, ahora, el Valle del Cauca han denunciado que los grupos armados ilegales han aprovechado el cese de fuego para hostigar a la población civil y llegar a zonas donde antes no hacían presencia.

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En el Meta, por ejemplo, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga sostiene que las disidencias se están comportando en el sur del departamento tal y como lo hicieron las Farc durante la vigencia del ‘despeje’, en las fallidas negociaciones del Caguán.

El corte de cuentas de la seguridad general en el país denominado ‘Logros de la política de seguridad y defensa’, muestra que en enero hubo en todo el territorio nacional 1.125 asesinatos: son 121 menos que en diciembre pasado y 70 menos que los ocurridos hace exactamente un año, en enero del 2022.

En cuanto a homicidios colectivos (masacres), se reportaron dos casos —uno más que en diciembre—, que dejaron 8 personas asesinadas, frente a 5 víctimas del último mes del 2022.

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En la otra orilla, los indicadores oficiales encienden las alertas por el aumento del secuestro, que pese a la tregua no cedió con respecto a diciembre pasado: pasó de 27 a 30 casos, que son el doble con respecto a enero del 2022. Uno de esos casos fue el de un ingeniero del Meta, de 50 años, que estuvo secuestrado por un mes, desde el 4 de enero de 2023, al parecer por las disidencias del frente 39, que exigían por su liberación 2.000 millones de pesos.

El hombre, sin embargo, fue liberado en un aparente gesto humanitario de esos grupos ilegales.

La extorsión es otro delito por el que hay alerta: en enero de este año, según el informe ‘Logros de la política de seguridad y defensa’, se reportaron 767 denuncias, frente a 587 del mismo lapso del 2022.

El Meta es una de las regiones más afectadas, al punto de que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tuvo que ir hasta allá el pasado fin de semana (al municipio de Vista Hermosa) y les advirtió a las disidencias que el cese de fuego no les da licencia para atacar a la población civil “ni para traquetear”.

Precisamente, en la lucha contra el narcotráfico parece haberse superado la situación de alerta de una supuesta caída en las incautaciones de coca, la cual, según el fiscal Francisco Barbosa, podría ser producto del cese bilateral.

En enero se incautaron finalmente 40 toneladas de cocaína: es una disminución del 19 por ciento frente al mismo mes del 2022 (58,7 toneladas), pero 4,4 toneladas más que en diciembre (35,6 toneladas).

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Donde no hubo ningún resultado —y esto es un hito pues ocurre por primera vez en décadas— fue en materia de erradicación de hoja de coca. Las cifras del Ministerio de Defensa muestran que en enero no se destruyó ni una hectárea de la hoja, mientras que en diciembre habían sido destruidas 4.596 hectáreas. El año pasado, en enero se erradicaron 2.982 hectáreas de narcocultivos.

Consultado por EL TIEMPO el Ministerio de Defensa señaló que “la política contra las drogas tiene un elemento social y, por supuesto, otro elemento de persecución o reprensión. El componente social que consiste en la protección a la vida, con énfasis en la transformación territorial, la protección ambiental, la prevención del consumo, una regulación justa y responsable de estas sustancias”.

Añadió que el Gobierno ha determinado “erradicar manual y forzadamente los cultivos industriales y todos aquellos que no participen en el proceso de erradicación voluntaria”.

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Igualmente indicaron las fuentes oficiales que en enero la Policía “avanzó en el entrenamiento de personal para la erradicación y, así mismo, se adelantó el proceso de contratación necesario de los equipos para estas labores. Estas comenzaron el pasado 8 de febrero”.

De marihuana, en el primer mes de 2023, se incautaron 29,3 toneladas, cifra similar a la de enero del 2022.

La destrucción de laboratorios para procesar los alcaloides se incrementó en un 11 por ciento con respecto a enero del 2022: pasó de 547 a 607. Y se registró un notable aumento en la incautación de aeronaves de la droga: cayeron 36 en manos de las autoridades en los primeros 31 días del año.

También hay buenos resultados en la acción contra la minería ilegal. El mes pasado se incrementaron las incautaciones de retroexcavadoras y dragas utilizadas en esa actividad ilícita, que representa la segunda fuente de ingreso para los grupos criminales después del narcotráfico.

Las Fuerzas Militares reportan que entre el 1.º de enero y el 19 de febrero han sostenido 26 combates, que han dejado 14 ilegales muertos. Contra el Eln se reportan 84 capturas y desmovilizaciones. Entre tanto, 126 disidentes y 124 del ‘clan del Golfo’ fueron capturados.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, aseguró que las operaciones contra los grupos al margen de la ley se mantienen en lo que respecta a narcotráfico y si llegan a afectar a la población civil.

“Las Fuerzas Militares hemos continuado con el cumplimiento de la misión constitucional. Estamos fortaleciendo, por ejemplo, las operaciones de interdicción y hemos desplegado una ofensiva muy grande contra los narcotraficantes”, aseguró el oficial.

Este fin de semana, los alcaldes y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, llamaron al Presidente y al alto comisionado para la Paz a que “se haga respetar el cese del fuego bilateral y cesen los hostigamientos” contra la población civil en el departamento.

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Leonardo González, de Indepaz, asegura que el país sigue sintiendo los efectos del tortuoso arranque de ese cese bilateral, del que solo se conoce un protocolo, con una de las disidencias de las Farc.

González recordó que aunque en los decretos de comienzos de año se establecía que la Misión de la ONU haría una verificación, apenas la semana pasada esa entidad recibió la petición. “La Misión tiene que ir al Consejo de Seguridad para que se amplíe su mandato en Colombia”, dijo el experto.

“El cese del fuego, que es entre las partes, ha funcionado en zonas como Arauca, el Catatumbo, algunas zonas de Antioquia, los Llanos Orientales y algo en la costa Atlántica y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero ha aumentado la violencia y se ha violado el cese del fuego en Cauca, Valle y Nariño”, afirmó.