Bojayá por fin sepultó a sus muertos, pero el duelo no termina

Diecisiete años y casi seis meses han esperado pacientemente los habitantes de Bojayá, un pequeño pueblo de pescadores ubicado sobre la margen izquierda, aguas abajo, del río Atrato, para ver cerca la posibilidad de hacer el duelo por sus muertos.

Ellos comenzaron su cruzada días después de la explosión de uno de los cuatro cilindros bomba lanzados por un frente de la extinta guerrilla de las Farc contra Bellavista, el centro poblado de este municipio del Medio Atrato chocoano, lo que ocasionó una de las más atroces masacres registradas en la historia de Colombia.

Pero solo en 2016 fueron escuchados y se dispuso un plan para exhumar los cuerpos con fines de identificación. Ahora, tras un complejo proceso, expertos forenses del Instituto de Medicina Legal lograron concluir la identificación de 72 de las víctimas fatales que dejó esa masacre. En su momento se habló de 119 muertos, y hoy los bojayaseños dicen que fueron cerca de un centenar.

A través de muestras de ADN de las víctimas y familiares fueron identificados 72 cuerpos –60 cuerpos con nombres y apellidos y otros 12 en los cuales solo se logró la identificación genética y del grupo familiar–. A esto se suman siete casos en los cuales, por el deterioro de los restos, no se obtuvo perfil genético; otro con perfil genético pero sin identificar, y un caso de estructuras óseas aisladas.

Claudia Adriana García Fino, directora de Medicina Legal, le dijo a EL TIEMPO que los restos serán trasladados desde la sede de Itagüí, en Antioquia –donde por dos años y medio, un equipo de 29 médicos forenses, antropólogos y genetistas, odontólogos y expertos en balística y en rayos X estuvieron concentrados en la labor de identificación– hasta Bellavista Nuevo, como se llama el pueblo adonde fue trasladado el caserío luego de la matanza.

Esta población, habitada principalmente por afros e indígenas, se encuentra sobre el río Atrato, a cuatro horas en lancha rápida desde Quibdó, la capital de Chocó. Hasta allí también se puede llegar, desde el año pasado, en avionetas que salen del aeropuerto Olaya Herrera, en Medellín, siempre y cuando completen el cupo de cuatro pasajeros.

La entrega oficial de los restos de las víctimas a los familiares se realizará el 17 de noviembre próximo. Y al día siguiente, en una ceremonia, será el sepelio colectivo. Con este acto humanitario, Heiler Martínez y Leyner Palacio –dos de los bojayaseños que más perdieron familiares en la masacre– esperan, después de casi dos décadas, por fin sanar sus heridas y despedirse de sus seres queridos.

Martínez es el único sobreviviente de su familia. En esos hechos perdió a su esposa, que estaba embarazada de dos gemelos; sus otras cinco hijas, un hermano, suegros, sobrinos, primos y amigos. Y Palacio, quien es líder de las víctimas, vio morir a 28 familiares, entre tíos, primos y sobrinos.

Les lanzaron 4 cilindros bomba

El 2 de mayo de 2002, en medio de feroces enfrentamientos entre paramilitares y la guerrilla de las Farc, los habitantes de esa población chocoana –para ese momento conformada por palafitos– salieron huyendo de las ráfagas de fusil y explosiones de granadas y cilindros bomba y decidieron refugiarse en la iglesia San Pablo Apóstol de Bellavista.

Pero eso no los blindó. El caserío había sido tomado por un comando del bloque Élmer Cárdenas de las Auc, que lo utilizaba como escudo. En medio del ataque guerrillero, el templo religioso, la única construcción que se había levantado en ladrillo y cemento, fue blanco de uno de los cuatro cilindros bomba que lanzaron desde el otro lado del caño Lindo de los frentes 5, 34 y 57 del bloque José María Córdoba de las Farc.

El primer artefacto voló en mil pedazos una vivienda a 50 metros de la iglesia, el segundo cayó en el centro de salud y por fortuna no explotó, pero el tercero traspasó el techo de la iglesia e impactó en el altar, con las consecuencias que hoy continúa lamentando el país. El cuarto cilindro cayó cerca de la casa de las hermanas Agustinas Misioneras, donde también se habían refugiado habitantes, y tampoco explotó.

En ese hecho fallecieron 79 personas en momentos en que, en medio del llanto de muchas de ellas, elevaban plegarias por sus vidas. Entre las víctimas había niños recién nacidos o en gestación, mujeres embarazadas, ancianos, estudiantes, pescadores, coteros y campesinos. Y otros más quedaron heridos.

A estas muertes se sumaron otras de personas que residían en el caserío de Napipí, a unas dos horas de Bellavista, y Vigía del Fuerte, municipio ubicado en límites de Antioquia con Chocó, y que cayeron a manos de los paramilitares.

Y, aunque en el pueblo hablan de un total de 119 muertos, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó el fallecimiento de 91 personas: 79 en la parroquia de Bellavista, 7 en Napipí y 5 en Vigía del Fuerte, en medio de los enfrentamientos de las Auc y las Farc entre el 20 de abril y el 7 de mayo de 2002. Sin embargo, las necropsias practicadas en su momento ascendieron a 88, de las cuales el 42 por ciento de los cuerpos correspondían a menores de edad.

Esos hechos de violencia se dieron, según el CNMH, no obstante las alertas de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el riesgo que corrían las comunidades del Medio Atrato por la confrontación entre la guerrilla de las Farc y los paramilitares.

Precisamente, en esa zona que bañan los ríos Atrato y Bojayá, pocos días después de la matanza, varios sobrevivientes recogieron los cadáveres y los inhumaron en una fosa común; después, según cuentan los propios bojayaseños, fueron trasladados al cementerio de Bellavista Nuevo.

Pero ninguno de los familiares recibió los restos, ni pudo hacer el duelo por sus muertos ni los rituales funerarios que acostumbran estas comunidades del Pacífico colombiano.

La espera de la identificación

Durante cerca de 14 años estuvieron en ese lugar los restos de las víctimas de la masacre de Bojayá, que fue un punto de inflexión en la mirada hacia esta guerrilla que había salido desacreditada tras los frustrados diálogos de paz en el Caguán, en Caquetá, y por los secuestros y acciones terroristas, como las realizadas contra Bellavista, Vigía del Fuerte y otras poblaciones en el territorio nacional.

Solo a partir de 2016 –después de que en la mesa de diálogos de paz en La Habana el caso de Bojayá fue considerado prioritario en la búsqueda de personas desaparecidas y para generar confianza entre las familias de las víctimas– fue posible el inicio del proceso humanitario de recuperación e identificación de las víctimas de la matanza.

“Junto con la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el instituto inició la coordinación del tema de Bojayá. Se diseñó un nuevo modelo para la recuperación e identificación de las personas desaparecidas, en el cual a los familiares se les respetan sus creencias, su cultura y su idiosincrasia”, explica Carlos Eduardo Valdés, quien en ese momento era director de Medicina Legal y llevó a La Habana la intención de las familias de las víctimas de la masacre de recuperar a sus seres queridos.

La exhumación de los cuerpos se concretó finalmente en mayo del 2017. En ese procedimiento fueron recuperadas 78 bolsas con restos humanos, muchos de ellos mezclados. En aquel momento, 15 años después de la masacre, comenzó realmente la tarea de identificar los cuerpos.

Pero dicho proceso no fue nada fácil. Según García Fino, que tuvo a cargo el diseño del mecanismo de recuperación e identificación de los restos, la acidez del suelo chocoano, el alto nivel freático, la inhumación en un lugar que anegaban los ríos Bojayá y Atrato y el clima húmedo de esa zona del Pacífico colombiano hacen que las estructuras de los cuerpos se deterioren más rápido.

Esto explica por qué algunos restos, como los de los neonatos, se degradaron a tal punto que, por ahora, no será posible la identificación. En esa condición están siete casos de restos cuyo perfil genético todavía no se ha determinado y que tienen familiares a la espera de que en algún momento sean identificados para poderlos despedir.

Pero en el pueblo también aseguran que hay personas que fallecieron en hechos relacionados con los combates entre guerrilla y paramilitares y cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Algunos de ellos terminaron arrastrados por las caudalosas aguas del Atrato, que para ese momento había anegado buena parte de la región.

Y, aunque el 17 de noviembre próximo las autoridades esperan, con la entrega de los cuerpos de las víctimas de la peor masacre sufrida en el país, cerrar un capítulo doloroso del conflicto armado, para Bojayá la historia de violencia aún no ha terminado. Ya no es a causa de los combates entre las Farc y comandos de las Auc, sino por la guerra que vienen librando el Eln y el ‘clan del Golfo’.

Esta situación llevó a que, el 18 de octubre pasado, la Defensoría del Pueblo emitiera una nueva alerta temprana, la segunda en este año, sobre la grave situación de confinamiento que viven las comunidades indígenas y afros de Bojayá por la confrontación entre estos grupos ilegales y la siembra de minas antipersonales por el dominio del territorio.

Habrá ritos y actividades que permitirán la sanación de los sobrevivientes y “ayudarán a las almas de las víctimas a dejar este mundo”.

Un poco más allá de la entrada de Bellavista Nuevo, el pueblo que se construyó tras la masacre del 2 de mayo de 2002, varios hombres se encargan de los últimos detalles de la construcción de un mausoleo.

La estructura, encerrada con delgadas columnas de madera, deja ver láminas de mármol que cubren las bóvedas en las que serán sepultados los osarios con los restos de las víctimas que han sido identificadas. También estarán aquellos cuya identidad sigue siendo, hasta ahora, una incógnita.

“Nosotros los vamos a asumir como nuestros, los vamos a asumir como propios”, dijo Yuber Palacios Córdoba, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.

Dejarlos allí será el último paso de una serie de rituales que hará la comunidad para que, por fin, las almas de sus seres queridos puedan descansar en paz y los sobrevivientes tengan mayor tranquilidad.

José de la Cruz Valencia, también integrante del Comité, explica que una vez lleguen los restos desde Medellín (acto programado para el 11 de noviembre), serán llevados a Vigía del Fuerte, el municipio ubicado al otro lado del río Atrato, para hacer una reverencia de agradecimiento a este pueblo antioqueño que les tendió la mano a los sobrevivientes el día de la masacre.

“Se despojaron de su vestuario para darnos a nosotros. Salimos de la muerte y en Vigía encontramos la vida”, explicó Palacios.

Después volverán a la iglesia de Bojayá (hoy reconstruida) donde ocurrió la explosión del cilindro bomba, para realizar un rito. De allí, los restos pasarán a un sitio cerca de donde quedaba el centro de salud, para un encuentro ecuménico del que participarán las diferentes religiones que cohabitan en este territorio del Medio Atrato.

El 12 de noviembre, los cuerpos estarán en el auditorio de Bellavista Nuevo. Dispondrán una calle de honor que irá hasta el auditorio municipal, donde los familiares de las víctimas llegarán en procesión en medio de alabaos y rezos.

Palacios también explicó que cerca de 30 cuerpos tomarán rumbo por el río Bojayá hasta la comunidad de Pogue, “para despedirlos de la tierra que los vio nacer”. Allí se les hará un velorio de amanecida. Al día siguiente, les harán un recorrido por todo el pueblo, con paradas en cada barrio. Cada cuerpo entrará a la morada de su familia para que esta pueda hacer sus rituales privados.

Luego, a las 9 de la mañana de ese día, los embarcarán en canoas para hacer dos recorridos: uno por el río Bojayá y otro por el río Pogue. Esto es “para despedirlos de estos ríos que hacen parte de nuestras vidas”, continúa Palacios su explicación.

En esta especie de procesión a lo largo de estos afluentes pararán en cada comunidad para que les canten alabaos. La gente los recibirá en las orillas con banderas blancas y mensajes.

Antes de que termine el segundo día, esa treintena de cuerpos volverá a Bellavista Nuevo a integrarse con los restos de las demás víctimas. Será el 12 de noviembre. Entonces comenzará el proceso de explicación científica que la Fiscalía, Medicina Legal y la Unidad para las Víctimas adelantarán con cada familia para rendir cuentas sobre los hallazgos respecto a sus familiares. Estas serán con carácter de diligencia judicial, es decir, reservadas solo para los núcleos familiares.

Durante este proceso les contarán sobre los hallazgos en cada cuerpo, en qué condiciones murió cada persona y qué restos quedan de ella. Para las víctimas, este paso es necesario a fin de sanar las heridas.

El 17 de noviembre, temprano, habrá una eucaristía y un acto público, en el cual las comunidades presentarán al Gobierno cuatro exigencias: garantías de no repetición, no solamente hacia la reparación, sino también hacia la prevención de nuevas tragedias. “No podemos permitir ni aceptar que nos sigan matando la gente en el territorio”, dice Yuber.

También pedirán la interconexión eléctrica, lo cual les permitirá tener mayor desarrollo personal, familiar y comunitario; la reactivación económica, tras el deterioro y casi desaparición de sus fuentes tradicionales de sustento –pesca, madera y agricultura–, y, finalmente, la reubicación de la comunidad de Pogue, en riesgo inminente por la erosión de los ríos Pogue y Bojayá.

El último adiós

En la tarde, cada familia podrá despedirse de una manera más íntima de sus seres queridos.

Cuando se acerquen las 6 de la tarde, Bojayá se preparará para el velorio de amanecida, en el cual realmente comenzará la despedida de sus muertos. Serán cinco rezos los que se realizarán a lo largo de la noche: uno general, otro desde las creencias de las personas cristianas evangélicas, un tercero con gualíes y chigualos para los menores de edad, otro general y, el último, para despedir el velorio.

El 18 de noviembre será la despedida, es decir, el sepelio colectivo. Este acto comenzará con una eucaristía, luego habrá una procesión y, finalmente, los restos se dispondrán en el mausoleo que se construye delante de la entrada de Bellavista Nuevo. Allí, cada cuerpo identificado tendrá una lápida.

Pasarán nueve días de rezos, en los cuales no solo se despedirán a las víctimas, sino también se preparará a las familias para continuar su camino en un territorio inhóspito, lleno de carencias y riesgos por la presencia de grupos armados ilegales.

Y en memoria de quienes aún no han sido hallados (los bojayaseños reclaman que aún no aparecen algunas víctimas de la masacre), también se instalarán lápidas con sus nombres, pues los habitantes no pierden la esperanza de que sus restos también sean encontrados, identificados y entregados.

En el parque del pueblo también fue pintado un mural en homenaje a los niños asesinados, con participación de dos muralistas bogotanas y personas de la comunidad, especialmente menores de edad.

“Nos vimos sometidos a desenterrar los muertos, porque nosotros, cuando enterramos, enterramos para siempre”, dice Palacios. Esperan que esta sea la última vez y que ahora sí sus seres queridos puedan descansar en paz.

El sepelio colectivo se cumplió ayer. Pero en la comunidad persiste el miedo ante el riesgo de una nueva masacre. Y todavía hay gente desaparecida.

El Cristo mutilado de Bojayá encabezaba la procesión. Cuatro hombres de la Guardia Negra de esta población chocoana, bañada por el río Atrato, lo alzan en andas. La imagen del Cristo negro mirando hacia el suelo -sin brazos y sin piernas- es testigo y sobreviviente de la masacre ocurrida el 2 de mayo del 2002, cuando guerrilleros de las Farc lanzaron un cilindro bomba contra los paramilitares con los que se disputaban el territorio y que cayó dentro de la iglesia donde se resguardaba gran parte de la población.

Tras el Cristo mutilado, que se convirtió en el símbolo de la tragedia y cuya imagen le ha dado la vuelta al mundo, en fila india, van los familiares de las víctimas y algunos sobrevivientes, acompañados de gran parte de la población, de un nutrido grupo de periodistas, entre colombianos y extranjeros, y de una montonera de funcionarios de distintas entidades del Gobierno.

También van las cantadoras del corregimiento de Pogue, que puso varias víctimas en esta tragedia; vestidas con blusas azules estampadas con flores y pañoletas del mismo color, cantan plegarias para que los sagrados espíritus de Bojayá, como aquí les dicen, por fin puedan descansar en paz.

Y sí, descansarán en paz -dice la cantaora y sabedora ancestral Ereiza Palacios- porque recibieron la despedida y los rituales necesarios para que sus almas puedan descansar “y trascender al lado de Dios”. Porque según lo creen todos aquí, los muertos de Bojayá no habían podido descansar en paz.

En silencio, resignados, muchos de ellos llorando, cargan los cofres de madera que Medicina Legal y la Unidad de Víctimas les entregaron con los restos de sus difuntos, 17 años y seis meses después de una de las peores masacres que ha ocurrido en la historia de Colombia.

La identificación tardó tanto tiempo por varias razones: cuando ocurrió la tragedia, la comunidad enterró a los muertos -o los restos de los muertos que dejó el estallido de la pipeta- en una fosa común. Días después los exhumaron y los llevaron al cementerio del pueblo. Y en el 2016 fueron inhumados una vez más tras una solicitud de los negociadores del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, en La Habana, y los trasladaron a la sede de Medicina Legal en Itagüí (Antioquia), donde lograron identificar a 72 víctimas después de un complejo proceso científico y forense. En esos cofres también llevan los restos que, por su degradación, no fue posible obtener el ADN.

En la procesión primero llevan a los niños -son 45-, en cofres blancos, y luego los adultos, en los cajones color café.

Hace un calor infernal, no hay brisa y el sol castiga con fiereza. Y la mayoría de los dolientes van trasnochados o amanecidos, pues la noche anterior fue la última del velorio colectivo que empezó el pasado lunes. Y como es costumbre en estas tierras, el velorio se convirtió en una celebración en tributo a la vida del difunto. Hubo misa católica, culto evangélico, jugaron cartas, se tomaron unos -o muchos- tragos, las cantaoras entonaron alabaos y rezaron rosarios toda la noche. En la madrugada, todos bailaron gualíes: tradición en la que los dolientes alzan y se pasan uno a uno el cuerpito del niño muerto, en este caso, dos cofres blancos vacíos.

La procesión recorre las calles del nuevo Bellavista, lugar al que fue trasladada la población después de la tragedia -distantes a un kilómetro- y termina en el mausoleo que levantaron con 100 tumbas.

Son las 12:30 del mediodía y, por turnos, van entrando los dolientes de cada muerto. Cada grupo familiar tiene la oportunidad de despedirse, de cantarle, de recordarlo, así que la jornada fue larga. Eran las 6:00 de la tarde -hora del cierre de esta edición- y no habían terminado. Muchos de los dolientes lloran, gritan, se desploman, como si ese ser querido se hubiera muerto ayer y no hace más de 17 años.

Pero, aunque este ciclo se haya cerrado, Bojayá está lejos de sentirse en paz. Todo lo contrario: temen que la historia se repita. La Diócesis de Quibdó y distintas organizaciones sociales y de derechos humanos del Chocó le enviaron una carta abierta al presidente Iván Duque en la cual le advierten del riesgo de una masacre similar a la ocurrida en el 2002. Actualmente se presenta una situación similar a la de esa época por cuenta de los enfrentamientos entre el Eln y el grupo narcoparamilitar del ‘Clan del Golfo’, que se disputan este territorio.

“Ya han ocurrido desplazamientos, reclutamiento de menores y hay comunidades confinadas en zona rural de Bojayá y en esta región del Medio Atrato”, denuncia el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, quien le pide al presidente Duque -ausente en el evento, aunque estaba invitado- que dialogue con las comunidades y conozca sus necesidades. “Las acciones contra los grupos ilegales y contra el narcotráfico deben ir más allá de la ofensiva militar”, sigue el obispo.

Los embajadores de Noruega, Francia y Suecia, presentes en los actos de despedida de las víctimas de la masacre, respaldaron este clamor. También lo hizo Alberto Brunoni, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien respaldó el reclamo de la comunidad de acciones que garanticen la no repetición e inversiones sociales y en infraestructura, salud y educación, en un pueblo donde no hay energía eléctrica ni agua potable ni empleo, y donde solo cinco de 100 bachilleres pueden llegar a la universidad, según denuncia el alcalde Jeremías Moreno.

Y el duelo no termina porque -cuenta José de la Cruz Valencia, vocero del Comité de Víctimas de Bojayá-, hay diez personas desaparecidas tras los hechos de mayo del 2002 y sus familias no tienen razón de nada.

Y más que eso, sigue José de la Cruz, porque el fantasma de la guerra se ha aparecido de nuevo por estas tierras con uñas, dientes, fusiles, y ya se están sintiendo sus males. “Que Dios, la virgen y el Cristo mutilado de Bojayá nos proteja”, ruegan por aquí.

FIN...