El secuestro de los 100 soldados en Guaviare reveló fallas en el tema de paz y seguridad: ¿qué debe hacer el Gobierno?

de la guardia campesina impidieron la movilización de los militares por más de 72 horas. Expertos analizan el caso.

Soldados secuestrados en el Guaviare. Foto: Cortesía

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Jesús Antonio Blanquicet

PERIODISTA JUDICIAL13.08.2024 10:23 Actualizado: 13.08.2024 10:23

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Por más de 72 horas permanecieron secuestrados cerca de 100 soldados, por parte de de la guardia campesina en la vereda Choapal, corregimiento El Capricho, San José del Guaviare.

(Lea: Este es el perfil criminal del hombre que estaría detrás del secuestro de cerca de 100 soldados del Ejército en Guaviare)

Aunque un primer grupo de 40 uniformados fue liberado en la tarde del pasado sábado, otros 66 militares permanecieron retenidos hasta la tarde del lunes 12 de agosto, cuando finalmente se les permitió movilizarse de la zona en la que permanecían desde la tarde del 9 de agosto.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el secuestro se cometió “por comunidades instrumentalizadas por el bloque ‘Jorge Suárez Briceño’”, de las disidencias de las Farc, que está bajo el mando de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Soldados retenidos en San José del Guaviare. Foto:Cortesía

De hecho, la liberación de los uniformados se dio horas después de que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lanzara un ultimátum al grupo disidente de que si no se liberaba a los soldados, el cese del fuego con el bloque “se suspendería”.

Expertos en conflicto consultados por EL TIEMPO indicaron que este episodio deja muchas lecciones, no solo para las negociaciones que se llevan en la actualidad con las disidencias de ‘Calarca’, sino también al manejo que se le tiene que dar a las actuaciones de las guardias campesinas e indígenas en los territorios.

César Niño, profesor de conflicto de la Universidad de La Salle, considera que el secuestro de los soldados comprueba que hay unas “fallas estructurales y sistémicas” en la forma de cómo se está conduciendo la seguridad nacional en el país.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, en entrevista con EL TIEMPO. — El ministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto:Foto Néstor Gómez - El Tiempo

“Una de las grandes reflexiones que queda de esto es que el Estado y la Fuerza Pública son extranjeras en su propio territorio. También pone de presente que hay un vacío del discurso, no solo en lo discursivo, sino también en nociones estratégicas sobre lo que significa una retención a un secuestro; lo ocurrido fue un secuestro”, explicó Niño.

El experto señala que además este caso dejó ver “un gran problema” y es que se está entiendo la seguridad como una suerte de parálisis en las operaciones ofensivas sobre grupos armados y grupos criminales en los territorios. “Se está pensando que la paz es la inacción del Estado para evitar confrontaciones armadas y eso no es directamente proporcional a un Estado de paz”.

“Esto demuestra una ausencia de noción de política de seguridad y defensa en el país y refuerza la tesis de que el gobierno colombiano en temas de seguridad está dando tumbos muy peligrosos”, resaltó Niño.

Por su parte, Jorge Mantilla, experto en temas de seguridad y conflicto, afirma que este caso refuerza el patrón que coincide en que las disidencias están presentes en zonas donde hacen fuerte presencia las guardias campesinas.

“Ahora, el reto es complejo en la medida en que hay una suerte de ‘zona gris’ no regulada para estas guardias campesinas que no hacen parte de las guardias indígenas, como una manifestación del gobierno propio que esas comunidades que está regulado por la constitución”, afirmó Mantilla.

El experto pone de presente que estos grupos se han venido propagando “como grupos informales de seguridad y protección y autoridad en lo local”, porque considera que se hace necesario que el país haga una discusión entre estos grupos denominados guardias, y los grupos armados. “Todo esto teniendo en cuenta los diferentes matices y sin caer en la estigmatización y en la criminalización”.

“Es evidente que estás acciones no son neutrales y parciales ni humanitarias, sino que, por el contrario, están destinadas para presionar al gobierno Nacional para tomar decisiones a cerca, por ejemplo, de la desmilitarización de los territorios, del manejo de las economías ilícitas y del manejo de los territorios desde ciertos proyectos”, resaltó Mantilla.

Ambos expertos coinciden que en que este caso deja al descubierto “la disonancia” y la falta de coordinación del gobierno, por las diferentes voces encontradas diferentes carteras ministeriales frente a las negociaciones con los diferentes grupos armados.

Soldados secuestrados Foto:Ejército nacional

Entre tanto, Carlos Charry, sociólogo y experto en conflicto, analizó los efectos que tuvo el secuestro de los soldados en la opinión pública, pues considera que el caso lleva a que las personas se pregunten: “¿qué es la ‘paz total’ si vemos que se retienen o se secuestran soldados?”.

Para el experto, el caso también dejó en evidencia la falta de coordinación entre el gobierno en la consecución de acciones para la consolidación de la paz. “No hay un relato entre lo que negocia y las acciones en campo. Por eso es difícil que para un ciudadano entender la paz si se presentan este tipo de acciones”.

Por su parte, Leonardo González, director de Indepaz, se detuvo en analizar la instrumentalización de las comunidades por parte de los grupos armados e indicó que esta situación “ha sido histórica”.

“Esto lo realizan distintas estructuras criminales, en diferentes zonas del país, y se ha venido convirtiendo en una conducta u patrón sistemático que pone en peligro a las comunidades”, señaló González.

Respecto a lo que debe hacer el gobierno, el director de la ONG indicó que lo recomendable es continuar con las mesas, toda vez que es el espacio donde se dialoga y se exige. “Desde la misma mesa, frente a estos caso, se puede pedir que así como ha venido dando un discurso frente al cese al fuego, sea consecuente con ello”.

Redacción Justicia

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