La información fue ratificada en rueda de prensa por el ministro de Defensa Diego Molano Aponte.
Medicina Legal, por su parte, confirmó este viernes que recibió nueve cuerpos, "los cuales fueron abordados integralmente por equipos forenses interdisciplinarios", aseguraron.
Informaron, además, que se ha establecido la identificación de siete cuerpos y "se continúan los procesos para la identificación los dos cuerpos restantes, que
corresponden a mujeres jóvenes".
Aseguraron que, hasta el momento, se encuentran pendientes por reclamar por sus familiares los cuerpos de Jhon Alexander Pedraza, Jhonmar Córdoba Ortiz, Vidal Parra Tapasco y Jarvin Julián Martínez Rodríguez. Hay dos menores de edad que fueron incluidas en esta lista, pero su identidad está protegida.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) protege a los menores de edad que deben estar al margen del conflicto y no pueden ser reclutados. A pesar de esto los grupos ilegales en Colombia han establecido como práctica el reclutamiento forzado o voluntario de menores de 18 años. Ambos casos están proscritos internacionalmente y la responsabilidad sobre la integridad de las víctimas recae sobre los reclutadores.
Ni la pandemia de covid-19 ni la firma del acuerdo de paz han evitado que los grupos armados ilegales recluten a menores de edad para la guerra, de hecho, este crimen pareciera estar volviendo a crecer. El registro de niños desvinculados de estos grupos que lleva el ICBF señala que, hasta el 30 de abril de este año, 85 menores habían llegado al instituto tras salir de un grupo armado, una cifra que, en tan solo 4 meses, ya es casi la mitad (47,2 por ciento) del total de niños atendidos en 2021, que fueron 180, y es el 59 por ciento de los registros en 2020 (144 menores).
En el histórico, entre 1999 y 2022, el ICBF ha atendido a 7.196 menores de edad desvinculados de grupos armados, bien porque fueron recuperados por la Fuerza Pública o porque ellos mismos salieron. En cualquier caso, estas cifras son un subregistro, advierte un informe de la Defensoría del Pueblo, que dice que muchos casos no se denuncian por temor a las represalias y amenazas directas contra la vida de los menores y de sus familias. Lo que es un hecho es que a los niños los siguen reclutando.