Faltan 110 toneladas para cumplir meta de incautación de coca del gobierno Petro

Entre el primero de enero y el 25 de diciembre de este año, la Fuerza Pública ha incautado 724,6 toneladas de cocaína, lo que equivale al 87 por ciento de la meta fijada por el presidente Gustavo Petro para este año.

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El Gobierno Nacional anunció como estrategia contra el narcotráfico que se concentraría en la incautación y no en la erradicación forzada y fijó en 834 toneladas la meta del año.

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Faltarían aún 110 toneladas para cumplirla, una cifra muy alta si se tiene en cuenta que en promedio incautan dos toneladas del estupefaciente al día.

Una alta fuente del Ministerio de Defensa destacó en diálogo con EL TIEMPO que lo incautado hasta ahora “representa un incremento del 11 por ciento con respecto al mismo periodo de 2022, y es la incautación más alta desde que se tiene registro desde 2013”.

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Añadió que entre enero y noviembre de este año se reporta, además, la incautación de 377,1 toneladas de marihuana y 373,8 kilos de heroína, lo que “muestra el compromiso de la Fuerza Pública en la lucha mundial contra el problema de las drogas”.

Sin embargo, las polémicas no han faltado frente a las cifras de las incautaciones de droga. El fiscal general Francisco Barbosa dijo en una reciente entrevista con este diario que los resultados del Ministerio de Defensa no cuadran con lo que tiene el ente acusador. Según su reporte, este año se incautaron 374 toneladas de cocaína, 223 de marihuana y 704 toneladas de insumos químicos sólidos. Además, dijo que se viene avanzando en mesas de trabajo para “identificar las diferencias en los reportes de cifras”.

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Fuentes del Mindefensa señalaron que se seguirá avanzando hasta el último día del año para lo que se ha venido fortaleciendo a la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, “con el fin de incrementar las capacidades de interdicción por mar y aire, en sus operaciones Orión y Zeus”.

De hecho, la Armada dio a conocer (15 de diciembre) el balance de la operación Orión en su última versión, en la cual participaron 42 países y que en 45 días de actividades ininterrumpidas en el mar lograron la incautación de 195 toneladas de cocaína, 176 toneladas de marihuana, 14 toneladas de hachís y dos toneladas de base de coca.

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Zeus, por su parte, es una operación liderada por la FAC desde 2019, en coordinación con Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Panamá, la cual, de acuerdo al general Luis René Nieto Rojas, jefe de Operaciones, busca “negarles el uso del espacio aéreo a esas economías ilícitas a través de los vuelos ilegales”, objetivo que se ha cumplido al registrar la reducción del 75 por ciento de trazas ilegales (vuelos) sobre el mar Caribe.

En tierra, las operaciones contra el narcotráfico se mantienen bajo control del Ejército y la Policía que tienen como objetivo desmantelar “los grandes complejos de producción de clorhidrato de cocaína”, aseguró la fuente del Ministerio.

Es así, como entre enero y noviembre se reporta la destrucción de 5.059 laboratorios, un 12 por ciento más que en igual periodo del año pasado, cuando se registraron 4.519. Las acciones contra las infraestructuras de procesamiento se concretaron en Norte de Santander, Nariño y Putumayo.

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La Policía Antinarcóticos ha logrado la inmovilización de 158 aeronaves al servicio del narcotráfico, un 267 por ciento más con relación al año pasado, cuando se inmovilizaron 43. Mientras que por parte de la Armada se registran 366 embarcaciones incautadas al servicio del narcotráfico, un 13 por ciento más con respecto a 2022, cuando fueron 325.

En la lucha contra la producción de cocaína, la erradicación forzada había sido la base de la política antidrogas, pero este Gobierno decidió fortalecer la sustitución voluntaria, y por ello fijó una meta de 20.000 hectáreas arrancadas a través de personal de la Policía, las cuales se cumplieron a corte del 11 de diciembre.

Aunque es una meta baja, en gobiernos anteriores estaba en 100.000 hectáreas, que en dos ocasiones no se cumplieron, los uniformados arriesgan su vida por los campos minados o los francotiradores; de hecho, este año enfrentaron 8 hostigamientos, 8 bloqueos y 4 asonadas.

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María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), señaló que más allá de estos resultados operativos, que en su concepto “continúan con la misma estrategia de guerra contra las drogas, sería importante evaluar si esas incautaciones realmente afectan las estructuras criminales y evaluar el tamaño de las incautaciones en cada operación”.

“¿Son grandes golpes que afectan las organizaciones o es la suma de pequeñas incautaciones?”. En ese orden de ideas, señaló que es importante saber si para el 2024 “ya está listo el plan de acción para implementar la nueva política de drogas, y en particular cómo va el cumplimiento y cierre del PNIS y ¿cómo será el nuevo programa de transformación territorial? Y por ¿dónde van a comenzar?”.

Por su parte, Pedro Arenas, cofundador de la Corporación Viso Mutop, reconoció que las incautaciones del año evidencian que hay una mayor coordinación entre las autoridades colombianas y las extranjeras.

Indicó que aunque la baja cifra de erradicación forzada se explica por las decisiones del Gobierno y su énfasis en otros aspectos, estos resultados podrían ser mejores si fueran más eficientes los planes de “desarrollo alternativo, los cuales aún no despegan”.

Por eso afirmó que para el próximo año, el Gobierno debe acelerar el ritmo de firmas de nuevos acuerdos de sustitución y llegar “con inversiones para la transformación territorial de aquellas regiones donde hay más coca actualmente: es decir, pasar por fin de los discursos a la acción”.

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Por su parte, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), dijo que estos resultados evidencian que la Fuerza Pública logró sustituir recursos usados en la erradicación manual “de muy bajo rendimiento y usarlos en otras tareas de seguridad y de lucha contra las drogas de alto rendimiento, como la incautación de cocaína”.

De acuerdo con el director del Cerac, las incautaciones de cocaína terminan siendo “el único logro significativo de la Fuerza Pública en materia de seguridad este año en el que subieron los homicidios y se presentó un deterioro casi generalizado de muchos de los indicadores de seguridad”.

Aunque a nivel internacional los carteles de la droga de México aparecen asociados al manejo de los mercados mundiales de la droga, en Colombia la producción y las rutas siguen vinculadas al ‘clan del Golfo’, el grupo del extraditado capo ‘Otoniel’ que ahora se presenta como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

De acuerdo con las agencias de inteligencia, la red más grande dedicada al tráfico de cocaína sigue siendo el ‘clan’, que mantiene estructuras en Norte de Santander (donde se identificaron 42.035 hectáreas sembradas con matas de coca) y Nariño (59.746 hectáreas), para el control de la producción; esa hegemonía quedó demostrada con la captura (26 de diciembre) por parte de la Policía de alias Atilio, integrante del ‘clan’, a quien señalan del envío de 15 toneladas mensuales del estupefaciente.

‘Atilio’ era el encargado, además, de lavar el dinero producto del narcotráfico en cuantías que sobrepasan los 40.000 millones de pesos al año, a través de la compra de bienes, semovientes o transacciones por token.

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La segunda red identificada es el ‘Estado Mayor Central’, los de ‘Iván Mordisco’, con presencia en Cauca (26.223 hectáreas), Norte de Santander, Putumayo (48.034 hectáreas) y Nariño, epicentro de la producción de drogas; de ellos, se estima que mueven el 25 por ciento de la cocaína que se produce en el país, y cerca del 70 por ciento de la marihuana creepy que se siembra en Cauca.

Y en el mismo nivel se encuentra el Eln, que concentra sus redes dedicadas al narcotráfico en Norte de Santander, Nariño y Chocó (5.555 hectáreas).

De hecho, la lucha por el control territorial (rutas, laboratorios y sembradíos) es la que lleva a que estos grupos se enfrenten y generen desplazamientos y confinamientos en diversas zonas del país.

Finalmente, en un 30 por ciento se encuentran las pequeñas redes de narcos, entre ellos los llamados ‘invisibles’, que pagan el impuesto de “gramaje” a los grupos armados, ya sea por seguridad, por mantener su independencia o por dejarles pasar sus kilos, algunas veces en las mismas lanchas rápidas o cuando contaminan los contenedores en los puertos.

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