Defensora del Pueblo alerta grave situación humanitaria en Buenaventura por disputa entre el Eln y ‘clan del Golfo’

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó que conflicto armado se agudiza en el Bajo Calima en Buenaventura (Valle del Cauca). Más de 4.000 personas que apenas comenzaban a reconstruir sus vidas tras años de desplazamiento vuelven a quedar atrapadas entre el fuego cruzado de grupos armados ilegales.

Durante una visita de dos días al Bajo Calima, Buenaventura, la defensora del Pueblo, junto con delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y una representante de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional, documentó el profundo deterioro humanitario y de derechos humanos que enfrentan las comunidades afrodescendientes e indígenas de la región.

En su declaración, Marín advirtió que la persistente disputa armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 'clan del Golfo' —este último actuando en alianza con el frente Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco— generó una alarmante crisis que afecta gravemente la vida, integridad y dignidad de más de 4.000 personas. La mayoría de ellas pertenecen al Consejo Comunitario del Bajo Calima y al pueblo indígena Guanán, del Resguardo Santa Rosa de Guayana.

Estas comunidades habían logrado retornar a sus territorios en diciembre de 2023 y junio de 2024, tras haber estado desplazadas por largos periodos en albergues de Buenaventura y Cali. Sin embargo, la intensificación del conflicto armado durante los primeros meses de 2025 ha provocado que muchas familias estén nuevamente enfrentando hechos de violencia extrema.

Según la Defensoría, se han registrado más de 40 eventos de confinamiento masivo, nuevos desplazamientos —como el ocurrido durante Semana Santa, cuando 46 familias de la comunidad de La Esperanza se vieron obligadas a huir—, así como homicidios selectivos, uno de ellos ocurrido un día antes de la visita institucional.

Asimismo se reporta presencia de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, desapariciones forzadas y violencia sexual.

De hecho, la Defensoría ya había advertido sobre el riesgo en la Alerta Temprana 039 de 2023, pero las medidas institucionales han sido insuficientes.

"Líderes y lideresas sociales ejercen su labor en medio de amenazas, estigmatización y una escasa presencia estatal", denunció Marín. Las comunidades, añadió, han expresado que no quieren volver a desplazarse y exigen garantías reales para un retorno digno y seguro.

Mientras tanto, en el Catatumbo, la violencia también golpea con fuerza. En la noche del jueves 15 de mayo, en la vereda 20 de Julio del municipio de Tibú, un dron fue utilizado para lanzar explosivos, lo que provocó la muerte de un niño de 12 años y dejó heridos a su madre, cinco menores más y tres adultos.

La Defensora del Pueblo fue enfática: "Esto demuestra que el Frente 33, al igual que el Eln, sigue sin respetar el principio de distinción entre combatientes y civiles, y persiste en responsabilizar a las comunidades por sus crímenes".

Marín cuestionó si el Frente 33 realmente está comprometido con una ruta de paz y desarme, o si, por el contrario, está escalando el conflicto contra el Eln a costa de la población civil.

"Es inaceptable y extremadamente doloroso que los niños estén siendo asesinados y que los responsables pretendan culpar a las víctimas. La guerra no puede seguir siendo normalizada", concluyó.

La Defensoría pidió presencia urgente del Estado en ambos territorios, atención integral a las víctimas y garantías de no repetición.