Crudo balance de la ‘guerra contra las drogas’: consumo aumentó 57 % en dos décadas

Pese a que el mundo invierte anualmente más de 100.000 millones de dólares en las políticas públicas de lucha contra las drogas, los resultados han sido pobres. Así lo reveló el último informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD por sus siglas en inglés), que pidió darle la vuelta a la estrategia y pasar de la penalización a la atención del consumo. Esta institución también puso a Colombia como un faro regional de este enfoque.

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La ‘ley del garrote’, según este reporte, ha causado daños como el aumento de la violencia, el suministro de drogas tóxicas (fabricadas con mezclas potencialmente mortales) y una saturación de los sistemas de justicia. De hecho, en 2023 fueron arrestadas 3,1 millones de personas en todo el planeta por delitos relacionados con drogas. Y más del 40 por ciento de las penas de muerte fueron aplicadas por este crimen transnacional. Aún hay 33 países que contemplan la ejecución para quienes importan, exportan, venden o poseen estas sustancias ilícitas.

Contrario a lo que se busca con las medidas punitivas, el consumo de estupefacientes ha aumentado. Según estimaciones de la Comisión, en 2002 había 185 millones de personas que los utilizaban, mientras que para 2022 esta cifra ascendió a 292 millones. Esto representa un aumento en los s de drogas del 57,8 por ciento en dos décadas.

Ese fracaso, en contravía, ha beneficiado a las cabezas de los mercados ilegales que operan a sangre y fuego en los países productores, los cuales suelen tener altos niveles de subdesarrollo.

Colombia es la fiel muestra de esta teoría. El último informe de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evidenció el aumento desaforado de la producción potencial de cocaína, que pasó de 1.738 toneladas en 2022 a 2.664 toneladas en 2023 (un incremento del 53 por ciento), aun cuando los narcocultivos apenas crecieron un 10 por ciento. Este récord histórico trae detrás la oleada de violencia en las regiones, que viven la disputa territorial de los grupos armados por esta y las demás rentas ilegales.

“El consumo en sí mismo no es el problema; ha sido parte de las sociedades humanas durante siglos. El verdadero problema radica en cómo la sociedad responde a ello”, dice el análisis de esta ONG.

Si bien en Colombia es legal el porte de la dosis mínima, en otros países la posesión de drogas es castigada con penas que, por ejemplo, en el caso de Nigeria pueden ir de 15 a 25 años de cárcel.

“La mayoría de quienes están en riesgo de criminalización consumen cánnabis, que se considera una sustancia menos riesgosa para la salud que el alcohol y el tabaco”, se lee en el informe.

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La Comisión también evidenció que la desigualdad amplifica los daños de la prohibición, que se arrecia especialmente contra las comunidades pobres. Las leyes de drogas, dicta la investigación, se utilizan a menudo como herramientas de control social, una teoría que sustenta en cifras. Por ejemplo, los estadounidenses de raza negra son el 14 por ciento de la población y consumen drogas en porcentajes similares a los americanos de raza blanca. Sin embargo, representan el 25 por ciento de las detenciones por posesión de drogas.

A la par de las advertencias, la Comisión celebró los avances en materia de descriminalización.

Con corte a este año, se tiene registro de que 39 países han despenalizado el consumo con resultados alentadores: no aumentó la cifra, pero sí mejoraron indicadores en materia social y de salud. Sin embargo, en el proceso de transición, estas reformas han sido tímidas y no han rechazado por completo los marcos punitivos.

Helen Clark, presidenta de la ONG y exprimera ministra de Nueva Zelanda, instó a los países a “redirigir los fondos de la lucha contra las drogas hacia programas de reducción de daños que salvan vidas, mejoran la salud pública y reducen la carga sobre sistemas de justicia”.

El país cayó muy bien parado en la evaluación que realizó la Comisión, que lo puso como faro regional del cambio de paradigma en la lucha contra las drogas.

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Uruguay ha llevado la batuta en Suramérica. “Durante mucho tiempo ha sido ejemplo de lo beneficioso de priorizar el pragmatismo, la salud pública y los derechos humanos. Nunca ha criminalizado la posesión de drogas, incluyendo el cánnabis, y en el 2013 se convirtió en el primer país del mundo en legalizar esta sustancia, estableciendo un mercado regulado legalmente basado en el cultivo personal y ventas en farmacias, en lugar del modelo comercial visto en Canadá y muchos estados de EE. UU.”, detalla el documento. Este foco permite encontrar un balance entre la criminalización total y la sobrecomercialización.

Aun así, Colombia no se queda atrás. Siendo una de las Naciones que ha puesto una mayor cuota en la “guerra contra las drogas”, ha ido transitando el camino de la descriminalización. “Abrió el primer Centro de Prevención de Sobredosis de América Latina, ha despenalizado el consumo y la posesión de drogas para uso personal durante más de 30 años y ha abogado valientemente a nivel global por el fin del paradigma prohibicionista de las políticas de drogas”, resaltó la CGPD.

El resto de la región está más rezagada. El informe desafió a los Gobiernos latinoamericanos a acelerar las políticas de drogas enfocadas en la salud pública y los derechos humanos.

“Países como Portugal y España han demostrado que las estrategias de despenalización pueden reducir el VIH, la Hepatitis C y las muertes por sobredosis”, dijo Diego García-Sayán, exministro de Relaciones Exteriores de Perú y miembro de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas. “América Latina debe dar pasos audaces para reducir el estigma y la criminalización hacia quienes consumen drogas”, concluyó García-Sayán.

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El gobierno de Gustavo Petro lanzó en octubre la propuesta de comprar cultivos de coca y amapola con el fin de destinarlos a usos científicos e industriales. El planteamiento ya tiene asidero jurídico, pues un borrador de decreto del Ministerio de Justicia detalla el proceso para solicitar las autorizaciones necesarias para la siembra, posesión de semillas y el uso de estas plantaciones, tanto por parte de los cultivadores como de las entidades interesadas en su compra. El decreto establece que si las plantas no son utilizadas para producir productos lícitos, deberán ser destruidas por las autoridades.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia