Polémica propuesta de las bandas para paz total: quieren que las juzgue la JEP

Que los procesos de los de las organizaciones ilegales que levanten la mano para negociar con el gobierno pasen a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que sean detenidos en sitios especiales de acogimiento, son dos de la propuestas de un documento entregado al gobierno nacional, para ser tenido en cuenta en los proyectos que regularán la desartiticulación de esas redes criminales.

El documento, conocido por EL TIEMPO, señala que quienes no tengan procesos judiciales pero que "decidan voluntariamente aceptar acogerse a la justicia, tendrán que realizar unas actividades de corrección para reparar la sociedad, consistentes en

estudios, trabajos sociales y acompañamiento psicosocial".

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La iniciativa, que parte de los representantes de redes ilegales que delinquen en Antioquia, señala que a los integrantes de grupos criminales que se acojan a la justicia y acepten uno o varios delitos la JEP les impondría una "corrección alternativa que consiste en privación de la libertad en centros de acogimiento por un período establecido y acordado por las partes, con derecho al subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena"

Esa sanción estará acorde a la gravedad del delito, su colaboración efectiva en el

esclarecimiento de los hechos y las garantías de no repetición. Igualmente se señala que quedarán suspendidas las extradiciones y que se podrían revivir solo frente a nuevos delitos cometidos luego de su acogimiento.

El abogado Álex Alberto Morales Córdoba, integrante del Grupo Sinergia, que tiene la representación de 'los Pachelly' y un grupo de extraditables interesados en la propuesta de paz del presidente Gustavo Petro, señaló que el documento de 44 páginas ya fue compartido con funcionarios del gobierno.

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"Allí se incluyen normas que van a permitir un trato diferenciado, no puede ser la misma situación de quien es el jefe de la red a la del campanero", dijo el abogado tras señalar que el articulado está adecuado a la normatividad del país y puede ser clave a la hora de conseguir la paz en los territorios.

Igualmente señaló que la idea la socializaron en su momento con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos pero que finalmente no se logró avanzar a una negociación con miras al desmantelamiento de redes criminales.

"El acogimiento es una figura que propende por el diálogo, la reconciliación, el perdón, la  convivencia y la inclusión, que utiliza la justicia transicional y restaurativa para contribuir a la construcción de paz desde los territorios y así vislumbrar un futuro esperanzador para las nuevas generaciones", se lee en el documento.

Así mismo, señala que la sociedad civil organizada en veedurías tendrá participación

directa en las etapas del proceso, la representación será por territorios según el área de dominio de la organización armada al margen de la ley que pretenda acogerse y que estos grupos "tendrán el mismo tratamiento igualitario en la mesa de diálogo y concertación que han tenido los demás actores armados".

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Añaden que el país tiene el derecho de conocer los motivos y las circunstancias en las que se cometieron los delitos y que la Procuraduría General en coordinación con la Fiscalía "deberán garantizar este derecho, ante la Jurisdicción Especial para la Paz".

"La privación o restricción de la libertad del infractor en los centros de acogimiento,

tienen un carácter excepcional y sólo podrá ser restrictiva respetando plenamente

la dignidad humana, el sufrimiento innecesario y la finalidad constitucional de la

necesidad, proporcionalidad, y razonabilidad", dice el documento.

Y añade que cumplida la corrección alternativa y las condiciones impuestas en el proceso de acogimiento, se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la corrección alternativa impuesta, periodo durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en ninguna clase de delitos y a presentarse periódicamente ante la Jurisdicción Especial de Paz que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.

En caso de reincidencia, se le cancelará todo el proceso de acogimiento aprobado y deberá ser juzgado por todos los hechos victimizantes que se le imputaron.

Pero en un aparte indica que "el incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse como fundamento para una acción judicial".

El documento establece cuatro fases en el proceso de acogimiento. Primera fase:

acercamiento, sensibilización, afianzamiento y exploración; segunda fase: diálogo

y concertación; tercera fase:  implementación; cuarta fase: verificación de los

acuerdos.

Enfatiza que los representantes delegados, los voceros autorizados o designados por la

organización al margen de la ley y del Gobierno Nacional, que participen en

cualquier fase o etapa del proceso de acogimiento, no incurrirán en responsabilidad penal o disciplinaria por razón de su intervención y participación.

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"La manifestación de la voluntad deberá ser dirigida al Presidente de la República

con el firme compromiso de acogerse a la justicia, respetando la dignidad de la

sociedad civil y las víctimas. El Gobierno Nacional, después de analizar la manifestación de acogerse a la justicia por parte de la organización al margen de la ley, designará de forma inmediata representantes para facilitar, impulsar y concluir satisfactoriamente cada una de las etapas del proceso de acogimiento", dice la propuesta.

Como parte de los acercamientos, el grupo armado organizado al margen de la ley deberá suministrar una primera información general sobre la organización criminal, el número de personas que busquen acogerse a la justicia y detallar el territorio de influencia. Además la entrega de menores estaría a cargo de una comisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio Público y Naciones Unidas.

Y se permite que los  del grupo armado al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad puedan acceder a los beneficios contenidos en estas disposiciones, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia a la organización.

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