¿Solucionan los 12 billones de pesos de la reforma tributaria los riesgos de financiamiento?

Si bien el Gobierno presentó ante el Congreso una nueva reforma tributaria para financiar el faltante de 12 billones de pesos en el Presupuesto General del 2025 diferentes expertos aseguran que seguirían los riesgos fiscales.

Hay que recordar que cuando el ministerio de Hacienda presentó a finales de julio el Presupuesto del próximo año por 523 billones de pesos dijo que 12 billones de pesos dependerían de la obtención de una reforma, es decir, que de momento son inciertos.

Debido a esta situación, las comisiones económicas del Congreso le negaron el monto del Presupuesto al Gobierno y antes este hecho inédito están analizando cuáles son las posibles salidas.

Aun así, para Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, los riesgos de financiamiento del presupuesto persistirían para el próximo año pues el faltante, según sus cálculos, llegaría a 26,6 billones de pesos.

En la misma línea, José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, considera que la propuesta no cumple con el propósito de financiar el faltante de 12 billones de pesos del Presupuesto.

“Esta ley, en el mejor de los casos, generaría ingresos adicionales por 6,5 billones de pesos (…) y el Gobierno busca tener un mayor espacio fiscal por anticipar el final del periodo de transición de la Regla Fiscal por 5,3 billones de pesos. Este número es aproximado e incierto, porque depende del valor de la deuda del Gobierno y podría ser menor si el peso colombiano continúa devaluándose. Más importante aún, este mayor espacio fiscal implica que el Gobierno podría tener un déficit mayor en el 2025, pero en ningún caso puede entenderse como una fuente adicional de ingresos tributarios o de nuevas rentas”, explicó.

En medio de esta situación, desde el Consejo Gremial Nacional aplaudieron la decisión del Congreso de negar el monto del Presupuesto, lo que “refleja un ejercicio de responsabilidad y prudencia” para las finanzas públicas del país.

“Es fundamental que la capacidad real de gasto del Gobierno sea revisada de manera exhaustiva para asegurar que el presupuesto refleje tanto las prioridades de desarrollo como austeridad para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, dijeron.

Varios economistas también coinciden en que no es el momento oportuno para presentar este tipo de reforma. Por ejemplo, Marcela Eslava, profesora titular de la Universidad de los Andes, señaló que las presiones fiscales actuales hacen inconveniente artículos como el de bajar la tasa corporativa que pagan hoy en día las empresas y que se ubica en 35 por ciento. “Es momento de privilegiar la estabilidad de las finanzas y reducir los niveles de incertidumbre”, sentenció.

Igualmente, desde Anif aseguran que algunas de las propuestas de la ley de financiamiento no están asociadas a mayores ingresos fiscales, sino a medidas de reactivación como la de reducir la tasa de renta de las personas jurídicas.

“La propuesta terminaría teniendo un impacto muy limitado en inversión porque reduce solo en 2 puntos porcentuales, del 35 al 33 por ciento, la tasa de renta a las empresas más grandes”, dicen.

Hay otros como Corficolombiana que consideran que existe margen para implementar un plan de austeridad que cubra al menos los recursos propuestos en la tributaria.

Según su equipo de Investigaciones Económicas, el ajuste fiscal debería realizarse a través de un recorte del gasto en funcionamiento.

"Este ajuste debería seguir un principio de austeridad fiscal donde se limite el aumento en el gasto de funcionamiento a la tasa de inflación proyectada para el cierre de este año, con un máximo de dos puntos adicionales, lo que implicaría un aumento cercano al 7,6 por ciento”, opinan.