‘Sin peajes, gobiernos recientes difícilmente habrían hecho obras’

Luego de que en el 18.° Congreso Nacional de Infraestructura la mayoría de precandidatos presidenciales recalcó que pese a los ajustes que se le pueden hacer al sistema de concesiones, este mecanismo se debe preservar para que el país pueda seguir avanzando en competitividad, el gremio del sector destacó una vez más los avances del esquema, en un año en el que el mecanismo de los peajes ha estado en el debate público.

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En la clausura del evento, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, fue contundente al mostrar cifras de los últimos años que, en su concepto, no habrían sido posibles, toda vez que la construcción de carreteras, puentes, túneles y aeropuertos, entre otros, con cargo exclusivo del Gobierno, tiene serias limitaciones fiscales.

Según los datos mostrados por el directivo, por el modelo de concesión y por la existencia de los peajes como su columna vertebral financiera, el Estado ha logrado intervenir más de 10.000 kilómetros de carreteras en los últimos 27 años, a los que hay que sumarles 1.111 puentes y viaductos y 80 túneles de las mejores especificaciones de ingeniería, que hoy conforman las primeras cuatro generaciones de concesiones viales del país.

De acuerdo con el dirigente gremial, sin los peajes “los gobiernos recientes difícilmente habrían podido acometer iniciativas de envergadura”.

“Seguramente se habrían visto obligados a hacer arriesgados malabares fiscales, como recortes en educación, salud, vivienda, seguridad o justicia. O lo más preocupante: habrían tenido que incrementar impuestos, lo cual hubiese demandado el trámite de varias reformas tributarias”, enfatizó el dirigente gremial.

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En el cierre del evento anual del sector, Caicedo Ferrer no solo volvió a poner sobre el tapete la advertencia de la elusión de los pliegos tipo mediante el uso de convenios interistrativos por parte de entidades territoriales.

Al señalar que esto va en contra de la transparencia y selección objetiva, e impidiendo la sana competencia, también advirtió que se están gestando múltiples iniciativas parlamentarias que terminarían por afectar a las pymes del sector, al buscar, por ejemplo, la vinculación de determinados grupos poblacionales, como jóvenes, mujeres o personas de grupos étnicos, dentro de la nómina de las empresas como uno de los criterios para la puntuación en las licitaciones y convocatorias.

“Para facilitar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, parecería más razonable generarles incentivos tributarios y crediticios, o de otra índole, a las empresas que vinculen de manera voluntaria, y no forzosamente, para puntuar, a dichos grupos poblacionales”, remarcó.

Por esta razón y debido a que las pymes representan el 90 por ciento del sector, la CCI urgió una política de Estados para estas empresas, con el fin de protegerlas, incentivar su desarrollo y propiciar espacios encaminados a abrirles múltiples oportunidades dentro del mercado.

Y es que, por ejemplo, Caicedo Ferrer alertó por otro factor que atenta contra la seguridad jurídica en el sector y tiene que ver con una avalancha de iniciativas legislativas cuyos incisos pueden generar inestabilidad.

“No voy a exagerar: son más de 700 proyectos de ley los que tan solo en el periodo 2020-2021 han sido radicados en el Congreso y hacen fila para ser tramitados. Impregnados de una suerte de fetichismo legal, santanderista si se quiere, proponen varios de ellos, como ya lo dije, desde incentivos a las empresas que incorporen en su planta a determinados grupos poblacionales, así sea a costa de la productividad de las compañías, hasta la modificación de contratos vigentes, la imposición de erogaciones inconvenientes a los contratistas del Estado o la afectación equívoca del modelo concesional, para mencionar tan solo un puñado”, recalcó.

Y agregó que resultan inquietantes ideas como los proyectos de ley que buscan alterar los esquemas tarifarios en materia de peajes o incorporar exenciones en su pago.

“Propuestas de esta índole ya están sembrando un clima de intranquilidad entre aquellos financiadores de proyectos de infraestructura que invirtieron bajo condiciones y reglas determinadas, pero hoy ven amenazadas sus inversiones por causa del trámite y eventual aprobación de estas iniciativas”, puntualizó.

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Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, también concordó con las peticiones de varios precandidatos a la Presidencia de la República, en el sentido de darle un empujón a las vías terciarias, no solo para que los productores agrícolas puedan sacar de mejor forma sus cosechas, sino para impulsar la economía.

Según el dirigente gremial, es imperativo ejecutar los saldos que “parecen estar durmiendo hoy el sueño de los justos en las cuentas del Sistema General de Regalías”.

Al respecto, recalcó que si de reactivar la economía se trata, la actual coyuntura es propicia para destinar 12,9 billones de pesos que están a la espera de ser invertidos, para acometer especialmente vías terciarias.