‘No hay correlación entre el seguro y la actividad de los CDA’

El 21 de diciembre del año pasado, ASO-CDA ( Asociación de Centros de Diagnóstico Automotor) y Fenalco radicaron en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República un documento en el que piden objetar por razones de “inconstitucionalidad, improcedencia e inconveniencia” el artículo mediante el cual se creó este seguro obligatorio, que no se discutió ni aprobó en los debates en la Cámara pero que, según el presidente de ASO-CDA, fue introducido a última hora por la senadora Ana María Castañeda, ponente del proyecto de ley.

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Por estos errores de procedimiento ASO-CDA ( Asociación de Centros de Diagnóstico Automotor) también demandará ante la Corte Constitucional. En el documento entregado a la Secretaría Jurídica, ASO-CDA explica que sus establecimientos sí están obligados a tener una póliza para cubrir daños a terceros dentro de sus instalaciones, esto en razón de que en el informe para votar el proyecto se afirma que estos seguros individuales “no son una novedad en el sector”.

“Lo anterior nos da a entender que existe, por parte de los legisladores, un desconocimiento de la actividad que desarrollan los CDA ( Centros de Diagnóstico Automotor) y hasta dónde va su responsabilidad, razón por la cual encontramos imprecisiones en los argumentos planteados”, aseguran.

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En el documento explican que no existe una correlación entre el seguro obligatorio individual propuesto y la actividad que cumplen los CDA. “Un CDA no puede asumir la responsabilidad del daño que puede ocasionar el propietario del vehículo a terceros por fuera del establecimiento”. También es claro que el CDA ( Centros de Diagnóstico Automotor) solo aprueba el estado correcto de un vehículo en el momento del examen pero no puede responder por lo que suceda en el año siguiente cuando esté circulando y puede ser objeto de daños, manipulaciones, uso indebido, velocidades inadecuadas, etc.

Así mismo, ASO-CDA ( Asociación de Centros de Diagnóstico Automotor) y Fenalco hacen referencia a la cuantía del valor del amparo. “Esta sobrepasaría los valores de utilidad actuales producto de las inspecciones”, y agregan que se presentaría una “profunda crisis en el sector”, no podrían asumir los costos de operación y hace insostenible su actividad, además de poner en riesgo la continuidad de la revisión técnico mecánica.

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Según los cálculos del gremio, el costo de la póliza para una motocicleta sería de 59.000 pesos y para un vehículo liviano de 89.000 pesos. Al sumar estos valores a los costos de istración de la tarifa de la RTM, les arroja una pérdida de - $ 26.555 en las motos, y de - $ 36.397 en los livianos, lo cual se suma a la problemática de evasión (ver gráficos).

Por último, los gremios hacen referencia a los vicios de trámite de la Ley, la violación al “principio de consecutividad e identidad flexible”, esto, porque el parágrafo que crea este seguro obligatorio no fue discutido ni aprobado en los dos primeros debates en la Cámara de Representantes (ver Lo que dice el autor de la Ley).

Redacción Vehículos