Expertos dicen que ajustes al Predial podrían terminar siendo confiscatorios en el agro

La polémica en torno al proyecto 292, con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro, busca hacer ajustes en los topes para el pago del Impuesto Predial, y que fue radicado ante la Cámara de Representantes para su discusión el miércoles de la semana anterior, está lejos de terminar. Es más, a la misma se suman cada vez más voces de expertos quienes ven en esa iniciativa enormes riesgos para algunos propietarios de predios rurales a los que se le incrementaría tanto el valor de ese tributo, que no tendrían alternativa distinta que vender su tierra para pagarlo.

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Según Andrés Valencia Pinzón, exministro de Agricultura, lo planteado en esa iniciativa gubernamental no es más que una 'jugadita' con la que el Ejecutivo pretende acelerar la reforma agraria, pues al aumentarles los impuestos a los propietarios rurales (pequeños y grandes) en las proporciones descritas en el proyecto, estos no tendrían más opción que vender sus predios a la Agencia Nacional de Tierras.

En un hilo en su cuenta de la red social X, el exfuncionario explicó lo que él considera que se busca con los nuevos topes que se fijarían para el pago del Impuesto Predial del país, algo que no es necesario, toda vez que la Ley 1995 de 2019 ya estableció esos límites.

"La Ley 1995 de 2019, que quieren derogar, establece que los predios rurales de menos de 100 hectáreas el máximo incremento del IPU será del IPC +8 p.p del monto liquidado el año anterior. Con la propuesta se incrementa IPU a pagar entre 50 %-300 % dependiendo del valor del avalúo", escribió Valencia en su cuenta de X.

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Valencia Pinzón, a través de su cuenta en la red social, sostiene que el proyecto de ley del Gobierno hay que leerlo en conjunto con el artículo 61 de la Ley 2294 de 2023 (Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro), pues allí se establecen mecanismos para dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria.

"Ahí se establece que va contra el precio de compra del inmueble las obligaciones tributarias territoriales. Con ello, los productores que no puedan pagar el IPU podrían verse en la obligación de vender su predio al gobierno", al no tener con qué pagar el incremento del Impuesto Predial, en caso de que sea el tope máximo.

Señala el exministro, que bajo esa circunstancia, que: "Sin duda, la propuesta del gobierno es dañina para los propietarios de la ruralidad, pues los nuevos prediales se volverían confiscatorios y ellos no tendrían más remedio que vender su predio por un menor valor al gobierno. Esto toda una jugadita para acelerar la reforma agraria".

Al referirse a lo dicho por el ministro Bonilla en entrevista con EL TIEMPO en su edición del domingo, en el sentido de que: "Hoy, como están las cosas, las personas pueden llegar a pagar hasta el 1.000 por ciento en incremento del predial", Valencia Pinzón dijo que no comparte esa visión, pues "Ley 1995 de 2019 establece un techo de incrementos de las tarifas entre el IPCc+8 puntos porcentuales y el 50 por ciento para los predios rurales de menos de 100 hectáreas", pero con el proyecto presentado "se incrementa el tope del incremento del IPU a pagar entre 50 %-300 % dependiendo, por supuesto del valor del avalúo catastral".

Pero el Gobierno insiste en que esto no es ni una 'jugadita' ni una reforma tributaria disfrazada, pues lo que se busca es "poner topes para que en los lugares en los que se actualice el avalúo no se dispare posteriormente el impuesto, como ya ha ocurrido", según lo dicho en entrevista con EL TIEMPO este domingo Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.

Agregó que en algunos lugares del país hay una desactualización de más de 15 años, por lo que la meta con esta iniciativa es que el Igac actualice el 70 por ciento del catastro multipropósito de aquí al 2026.

Y explicó que, por ejemplo, Girardot tiene áreas importantes turísticas de conjuntos residenciales de alta gama que tienen una desactualización muy grande. "En El Peñón hay predios que valen comercialmente 4.000 o 5.000 millones de pesos, pero su avalúo catastral está por el orden de los 300 o los 500 millones de pesos; por ende, pagan un predial menor".

Otro exfuncionario y economista que también llamó la atención por las implicaciones que tendría la iniciativa del Gobierno de aprobarse fue José Manuel Restrepo, rector de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), quien dijo que en la presentación de ese proyecto hubo varios errores de comunicación.

"No es cierto que todos los predios aumenten en 300 % el valor del impuesto, pero tampoco que todos los ciudadanos se benefician o que no puedan existir propietarios a quienes sí se le podría incrementar dicho valor de manera desbordada", escribió en su cuenta de la red social X.

En un hilo sobre el tema también dejó claro que en la normativa actual sí existen esos topes para incrementos en Impuesto Predial (Ley 1995 de 2019).

Por eso, en su opinión, parte de la discusión y confusión que se ha presentado frente a este tema, tiene que ver con la polarización que existe hoy en el país, por lo que hizo un llamado al Congreso de la República para que haya un debate sosegado de esta iniciativa para que no termine en impuestos que sean "confiscatorios, impagables o que el propietario se vea forzado al absurdo de vender el inmueble para pagar el predial".

"Por favor Congreso!!, sin polarización y con sensatez hagamos este debate !!", insistió Restrepo en su cuenta de X.

El economista señaló en la misma que muchos (colombianos) creen con firmeza en la necesidad de actualizar el avalúo catastral, clave para mejorar los ingresos fiscales municipales, pero sobre todo, "como mínimo propósito de equidad tributaria de aquellas personas o empresas que tienen altos patrimonios en sus inmuebles, sobre los cuales no tributan adecuadamente por desactualización catastral".

Dijo también, que si se quieren cambiar las exclusiones, como lo plantea el proyecto,  es válido el debate y habrá que eliminar algunas para evitar excesos. Pero hay exclusiones que es mejor conservar también por equidad, como los cambios de uso, donde puede haber beneficios económicos sustantivos.

 

Sin embargo, insistió en su llamado a los Legisladores para que orienten un debate "debidamente estudiado y fundamentado sobre el tema", pero además, que haya debates "sosegados y reposados, antes que tanta polarización que confunde a la ciudadanía y nos permite mejorar lo que tenemos".

En cuanto a lo manifestado por Bonilla en cuanto a que hoy el Predial podría elevarse hasta en 1.000 por ciento, el rector de la EIA dijo que "No es cierto que todos impuestos prediales van a terminar todos aumentando 300 por ciento, ni es cierto que la propuesta del Gobierno sea beneficiosa para todos los ciudadanos en el país. Es claro que si bien para predios por debajo de 135 salarios mínimos hay un beneficio eventual en caso de que los concejos municipales adopten el tope máximo, también es cierto que predios por encima de ese nivel, podrían tener un incremento  sustantivo en el valor del impuesto del orden del 200 por ciento".

Dijo, además, que, con la norma actual, en algunos predios ha habido incrementos importantes en el Predial, pero ello se debe a que están incluidos en exclusiones, por eso es bienvenido el debate de eliminar esas exclusiones. "Me parece que el Congreso tiene que hacer un debate a fondo sobre esos topes que se están estableciendo, que son excesivamente altos, terminan siendo impagables o confiscatorios", puntualizó Restrepo Abondano.