Esta semana el gobierno nacional les dio un ultimátum a los Centros de diagnóstico automotor (CDA) a nivel nacional para que expidan una póliza de seguros para cubrir los choques de latas en las vías, además del Certificado de Revisión Técnico-mecánica.
Representantes de los CDA protestaron contra la imposición de esta medida con la que desde el Ministerio de Transporte dicen que se van a salvar vidas y a mejorar la movilidad.
EL TIEMPO habló con Gonzalo Corredor, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor (ASO-CDA), sobre el plazo final que tienen estos centros para que todos ofrezcan de forma gratuita a partir del 1.º de septiembre, una póliza para el cubrimiento de choques simples.
El líder gremial asegura que si los obligan a ofrecerla será una “catástrofe” para todos los CDA y también, por falta de una estructuración y reglamentos técnicos, será casi “imposible de cobrar” para los asegurados por las múltiples exclusiones que contempla.
¿Por qué ASO-CDA se opone a la póliza que se le suma a la revisión técnico-mecánica?
En primer lugar, la norma tiene vicios de forma en el trámite, pues esta póliza se metió en el artículo 6.º de la Ley 2283 del 5 de enero de 2023, en el último debate de la Comisión Sexta de Senado, apoyada por unos particulares interesados en un negocio de más de 300.000 millones de pesos al año.
La idea no venía en el proyecto de ley, y aprobaron a última hora esta póliza de ‘latas’ que nada tiene que ver con la revisión técnico-mecánica. Lo que dice la póliza es que, por cualquier causa, sea porque vaya con exceso de velocidad, se pasó un semáforo en rojo, realizar una conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, o cualquier violación de las normas de tránsito, se le da cubrimiento. Como CDA no tenemos ningún nexo de causalidad ni ningún interés asegurable, y no tenemos la responsabilidad directa sobre el comportamiento en la vía de los conductores.
Por último, el costo de la póliza se les está cargando a los CDA, lo cual no se contempló dentro de la estructura de costos de la canasta tarifaria. Según un estudio pagado a una consultoría, ese valor adicional no habría cómo sufragarlo sin que genere enormes pérdidas para estos centros. Además, todo esto se hizo sin hacer la debida socialización.
¿Cuál es el costo adicional de la póliza?
Para motocicletas, el valor es de 38.000 pesos, aproximadamente; para automóviles, de 58.000 pesos, y para vehículos pesados es de 75.000 pesos. Si por ejemplo la revisión de una moto tiene un costo de 175.000 en la actualidad, de los cuales el CDA recauda 108.000 pesos, después del pago del IVA, del Runt y de la cuota para la Agencia de Seguridad Vial, la utilidad para el CDA está entre el 10 y el 15 por ciento. Esto sería, mal contados, recibir 20.000 pesos menos por el examen de una moto. Si se le suma la póliza de 38.000 pesos, los centros tendrán que asumir ese excedente, es decir, trabajar a pérdida y los llevaría a la quiebra. Hay, además, un costo social en el proceso porque si por hacer una revisión, van a perder plata, la mayoría de propietarios optarían por cerrar los CDA, con la consecuencia que tendría esto para el parque automotor nacional y el empleo.
Pero el ministerio habló de que el costo extra sí se había contemplado…
Las autoridades afirman eso, pero no es cierto. Se quiere decir que los CDA tenemos un piso y un techo en el valor de las revisiones según la resolución que reglamentó nuestras tarifas y que en la actualidad estábamos cobrando cerca del piso, por lo cual solo bastaría con subir al techo que permite la norma para cubrir el valor de la póliza. Volvamos al caso anterior. Si vamos al techo en el caso de las motos, el valor de la RTM sería de 198.000, lo que significa que el incremento es de 23.000 pesos, pero aun así no se alcanza a cubrir la póliza y sí se afectaría el bolsillo de los propietarios de vehículos, que tendrán que pagar el valor más alto.
¿Qué cubre la póliza?
La póliza de responsabilidad extracontractual que se les está exigiendo a los CDA solo cubre choques simples o de latas. Para motos, ampara hasta un monto de 7 salarios mínimos legales vigentes y una cobertura de hasta 15 s. m. l. v. para autos. Para todos los propietarios, y en cualquier caso, hay que pagar un deducible de un salario mínimo, que está en 1’160.000 pesos. Lo que sucede con esto es que a quien tomó la póliza, por ejemplo, un motociclista que se estrelló contra un carro y rompió un espejo o lo rayó, pues no le va a cubrir por el monto del deducible. En un accidente más fuerte, la compañía aseguradora cubriría el valor que exceda el deducible.
¿Cuáles aseguradoras la están ofreciendo?
En la actualidad, Mundial de Seguros es la única compañía interesada en expedirla. Pero que esto suceda es otra irregularidad en todo el proceso, pues se está generando una posición dominante y de monopolio en el mercado, contradiciendo la norma que dice que “los CDA deberán tomar, con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta, un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil que le será entregado de forma individual a cada propietario”. Así se generaría una situación extraña en el mercado, porque no hay más compañías interesadas, no hay más ofertas.
Entonces, ¿cómo funciona?
La póliza no les va a servir a los propietarios de vehículos porque tiene por lo menos 18 exenciones que harán que cobrarla vaya a ser prácticamente imposible. No cubren a los ‘rappitenderos’, personas que trabajan en mensajería, mototaxis, no ampara a propietarios de carros o motos particulares que trabajan en plataformas, y hay ciertas conductas en la conducción que se excluyeron, entonces simplemente es un saludo a la bandera. Es una póliza que no ofrece cubrimiento, con el agravante de que quien la recibe cree que va a estar amparado.
Se dice que con la póliza se reducirá la accidentalidad…
No estamos de acuerdo con lo que dice el Ministerio de Transporte, que pretende que con esta póliza se mejore la movilidad y salvar vidas. Con una póliza de estas no se evitan los accidentes, ni se va a solucionar la alta siniestralidad, ni mejora la movilidad ni será un reemplazo del seguro todo riesgo. Con tantas exclusiones, a la mayoría no le va a servir.
¿No se hizo algún estudio técnico antes de proponerla?
Esta póliza no tiene ninguna reglamentación, ni razón de causalidad y no sirve para los propósitos para los que fue creada, y en cambio pone en riesgo la sostenibilidad del gremio de los CDA. Por ejemplo, en el caso de dos personas que se accidenten en la vía y que cuenten con esta póliza, no se sabe cuál será la forma de proceder y cómo se determina la responsabilidad para saber cuál póliza se afecta. No hay reglamentación y por el contrario abundan los vacíos técnicos para su aplicación en la vida real. Además, en caso de que haya daños por mayor cuantía al cubrimiento de la póliza, le van a llover demandas a los CDA, porque fue el que compró y entregó la póliza. Esto nos obligará a contratar más abogados para defendernos de estos procesos, porque hay una responsabilidad solidaria en este tipo de seguros. Hasta tanto no se sepa cuáles son las coberturas, se estudien las exenciones, no es viable este mecanismo.
Pero sabemos que ya se expidieron algunas pólizas…
Sí, es cierto. Hay unos 9 CDA que desde hace unos dos meses lo están haciendo. Pero vea lo interesante: nos enteramos que quienes han intentado expedir este seguro de ‘latas’ a un vehículo que ya tenía un seguro contra todo riesgo, en el Runt lo están rechazando por doble cobertura, porque se configura casi una estafa si se afectan los dos seguros. Ahí están yendo en contra de la norma. Sobre esto se manifestó Fasecolda y le pidió a la Corte que por este tipo de casos declarara ese artículo inexequible, porque también les hace daño a las aseguradoras.
¿Qué les ha dicho el ministerio?
Hasta ahora el ministro no se ha sentado con nosotros y llevamos pidiéndole una reunión desde su posesión. Necesitamos revisar la estructura de costos de la canasta tarifaria, la viabilidad de la póliza y que se haga claridad sobre todo el proceso, que requiere una regulación y una reglamentación para el mercado, y la aplicación para los CDA y para los propietarios de vehículos.
¿Se deduce de lo anterior que ustedes le pedirán al ministerio que sean los s los que asuman el costo?
La resolución 3318 dice que el ministerio tiene la potestad para revisar la estructura de costos de la canasta tarifaria para asegurar la sostenibilidad del sistema. Así que quienes la propusieron no tuvieron en cuenta que el valor de este seguro se podía incluir en los márgenes que permite la ley. Está por fuera y si los CDA son obligados a pagarlas, al final tendrán que cerrar para no perder dinero con cada revisión más póliza.
¿No se ha pensado en otra solución?
Sí. Hemos interpuesto medidas en contra. Pusimos cuatro demandas ante la Corte Constitucional y tres han sido itidas. En la cuarta están pidiendo una medida cautelar para que se suspenda la exigencia de esta póliza. En tres meses la Corte va a fallar y podrá determinar si es exequible o no ese artículo 6.º con el que se implementó de forma equivocada esta póliza. Sin embargo, ya se está haciendo un daño pues unos 9 CDA llevan dos meses vendiéndolas.
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