Las reformas que propone el Plan Nacional de Desarrollo

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que radicó el lunes el Gobierno y que estará en discusión hasta el próximo 7 de mayo, el Ejecutivo ya dejó claros cuáles son los caminos que quiere tomar. Dicho documento fija las metas del cuatrienio y está sujeto a aprobación del Congreso.

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El Plan, que consta de 166 páginas con 300 artículos y unas bases (fundamentos) de 321 páginas, plantea importantes cambios frente a lo que se tiene hoy en distintos sectores. Algunos de ellos ya se han venido anunciando, como el caso del manejo de recursos de la salud, asunto en el que se relega a las EPS en el proyecto de reforma del sector que se está desarrollando, o los cambios en la estructura de la Policía.

Otros, en cambio, han causado sorpresa. Entre ellos resalta que para la creación de un registro universal de ingresos que pondría a declarar renta a todas las personas, el Gobierno podría acceder a información reservada de las mismas.

También hay preguntas sobre la regulación de los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis, entre otras inquietudes sobre las facultades extraordinarias que tendría el Presidente por un periodo de seis meses.

En materia ambiental, el Gobierno suscribiría con familias campesinas concesiones por 30 años renovables para la istración de las reservas forestales. Y en Bogotá, la alcaldesa Claudia López tildó de “insólito” que el Ejecutivo no incluyera al metro como un proyecto estratégico.

EL TIEMPO recopiló algunos de los temas más desafiantes y que suponen un revolcón en diferentes áreas.

En materia de justicia, el articulado del Plan de Desarrollo propone crear un “mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica” (artículo 12), con funciones que serían similares a las que tuvo la Comisión de la Verdad creada en el acuerdo de paz con las Farc.

También dispone, en su artículo 50, una nueva arquitectura de la Policía para su traslado del Ministerio de Defensa para que esté en manos de un organismo civil y le da facultades al presidente Gustavo Petro por seis meses para regular las condiciones especiales de reclusión de los de pueblos y comunidades indígenas de acuerdo con el texto protocolizado en una consulta previa.

Las facultades extraordinarias también están dispuestas para que el Presidente regule “los usos alternativos de la planta de coca y del cannabis”, así como de la definición de los fines medicinales, terapéuticos y científicos de las sustancias psicoactivas.

El plan busca crear una instancia de articulación entre el Gobierno y la JEP para facilitar el cumplimiento de las sanciones que esta disponga y crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto, incluyendo a las víctimas de desaparición forzada.

En línea con lo que ha manifestado el presidente Gustavo Petro desde que inició su mandato, el Plan incluye en su artículo 154 la adopción de una “nueva política nacional de drogas”, con una proyección de diez años y una regulación “justa y responsable”.

No se menciona nada de los cambios sobre los mecanismos de extradición.

Por otro lado, en el parágrafo 3 del artículo 42 establece impulsar una “acción especial de titulación de la posesión” para quien, siendo sujeto de ordenamiento social de la propiedad rural, “posea de manera material, pública, pacífica e

ininterrumpida, durante tres años, un inmueble rural de propiedad privada”.

Aclara que eso no procederá en casos en los cuales se presente despojo por el conflicto armado, salvo que sea a favor de la víctima reclamante de restitución de tierras. El documento, igualmente, propone un “mejoramiento” para las compras del Estado.

Para esto señala que las entidades “podrán contratar de manera directa mediante esquema o modalidad de Asociaciones Público-Populares con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas”.

En el Plan se propone que todas las personas, independientemente de sus ingresos, declaren renta (que no significa pagar). Esta información permitirá crear “el Registro Universal de Ingresos (RUI), istrado por el Departamento Nacional de Planeación, con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social”, según el artículo 55.

En el lado económico, también está el artículo 53 que crea la transferencia en especie Hambre Cero, la cual “consiste en la entrega de recursos en especie para garantizar el derecho humano a la alimentación de la población en situación de pobreza y pobreza extrema”.

En minería, a través del artículo 186, el Gobierno buscar prohibir “el desarrollo de nuevos proyectos para la extracción de carbón térmico a cielo abierto clasificados como de gran escala”, con el fin de avanzar en la trayectoria de descarbonización de los sectores.

Uno de los puntos del PND del presidente Petro es el artículo 298, mediante el cual se le otorgan facultades extraordinarias durante seis meses para poner en marcha políticas públicas, entre ellas, una orientada a la recuperación del Hospital San Juan de Dios.

Si bien el documento no detalla cuál es el plan del Presidente para el centro hospitalario, su idea es evitar que la torre central sea demolida –el Plan de Manejo vigente da vía libre para que sea derrumbada– y lograr recuperar todas las dependencias del hospital. Así las cosas, el Gobierno busca “adquirir a título gratuito u oneroso la infraestructura del San Juan de Dios” y además “crear la entidad pública (...) que la utilice para la prestación de servicios de salud”.

Otro viejo anhelo que está dentro del Plan, en el artículo 128, es la creación del programa ‘Basura Cero’, el cual intentó aplicar en Bogotá en su mandato y cuyo fin, según Petro, es remunerar a los recicladores, disminuir tarifas de aseo y reducir el enterramiento a cielo abierto de residuos sólidos.

Finalmente, no se incluye ninguna mención a las dos líneas del Metro, situación que generó críticas por parte de la alcaldesa Claudia López, a las que el Gobierno respondió diciendo que no estaban en el documento porque “están financiadas con vigencias futuras”.

En el sector salud, el Plan aborda temas que, según se ha conocido, estarían incluidos en la iniciativa de reforma de la salud que actualmente se está desarrollando.

En el artículo 125, el Gobierno señala que “la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), en nombre de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades Obligadas a Compensar, realizará el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado”.

Es decir, el Gobierno dejaría de girar a las EPS para que estas paguen a los hospitales, y en cambio empezaría a cumplir directamente la función de pagar a los hospitales.

Dicho artículo ha sido criticado porque, según expertos, sería el inicio para eliminar las EPS.

Al respecto, la exministra de Salud Beatriz Londoño, señaló que el artículo es viable de estar en el PND y que era algo que ya se había propuesto en gobiernos anteriores. Sin embargo, cuestionó la capacidad del Estado para asumir dicho rol.

“En ningún momento ese artículo está diciendo que Adres va a ser el pagador o va a auditar, sino que se va a ampliar su papel como la entidad encargada de girar. Hay que tener en cuenta si Adres es capaz de cumplir esa función”, enfatizó Londoño.

En lo ambiental, una de las propuestas que más han llamado la atención es la del artículo 41, que le permite al Gobierno “suscribir con organizaciones y familias campesinas concesiones hasta por 30 años renovables” para istrar las reservas forestales y los baldíos de la Nación.

Con respecto a los recursos, aún no es clara la destinación específica de los $ 28,8 billones que, según el artículo 5, financiarían el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental.

En educación, los expertos consultados por EL TIEMPO alertan de que las metas (universalización del PAE, ampliación de la cobertura para primera infancia en 800.000 niños y el incremento de cupos universitarios, entre otras) son muy ambiciosas y no se especifica cómo alcanzarlas.

El sector científico advierte sobre la ausencia de las ciencias básicas en las Políticas de investigación e innovación orientadas por misiones (artículo 174). Para expertos en este campo, la propuesta de un marco de inversión en investigación y desarrollo (artículo 21) no tiene sentido cuando no se cuenta con la financiación adecuada, pues hoy el Minciencias tiene la menor asignación dentro del Presupuesto General de la Nación.