Los s del transporte público de Bogotá serán los que sufran las mayores consecuencias ante la posibilidad de que se frene el proyecto del Metro que se construye en la capital del país. Las advertencias sobre una eventual parálisis de la megaobra y sus efectos, vienen de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y del Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca, que abogan por una pronta solución a la reciente polémica entre el el Gobierno Nacional y la Alcaldía de la ciudad.
Mientras la CCI sostiene que si el proyecto del metro sigue dilatándose de forma indefinida los ciudadanos que usualmente se movilizan en transporte público serían los principales afectados por una decisión de esta naturaleza, el Comité Intergremial destacó la urgencia de encontrar un consenso entre los gobiernos Nacional y Distrital para "evitar anuncios y advertencias que condicionan el importante avance de in proyecto en marcha y la cofinanciación de nuevos proyectos clave para la movilidad de la capital"
Las reacciones se dan como respuesta a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que insiste sobre la necesidad de un cambio en el trazado del metro con el que se busca que este no sea elevado sino subterráneo.
Según la CCI, la Nación financia el 70 por ciento de los costos del proyecto, lo que significa que son recursos de los propios ciudadanos los que tendrían afectaciones, "si se tiene en cuenta que la obra podría tener sobre costos, incluso, de hasta 3 billones de pesos.
“No se puede olvidar que el recaudo tributario de Bogotá representa un 25 por ciento del recaudo total de la Nación. Ello significa que el mayor aporte a la financiación del proyecto lo harán los bogotanos quienes, paradójicamente, verían afectadas las soluciones de la ciudad en materia de movilidad y la correcta ejecución de sus recursos,producto de sus impuestos”, preció el gremio de la infraestructura.
Por su parte, insistió en que dados los avances que tiene esta megaobra, 60 por ciento en el patio taller y 18 por ciento en su ejecución, no existe justificación técnica ni jurídica que amerite cambiar el actual contrato.
La advertencia del Comité Intergremial, del que hacen parte 21 gremios de la producción del país, va más allá al señalar que una decisión de esa naturaleza, pone en riesgos el avance de otras de infraestructura claves para la ciudad y que tienen un costo de 65 billones de pesos que el propio gobierno cofiancia.
Mencionó proyectos como el Regiotam de Occidente, la ampliación de la Calle 13, la ALO Sur, el Regiotram del Norte y tres cables aéreos, entre muchas otras obras en desarrollo.
Señaló también que la incertidumbre en las obras para Bogotá y la región impactará la competitividad del tejido empresarial y afectará a miles de personas que dependen del transporte público para su movilidad, al tiempo que pierden la esperanza de mejorar su calidad de vida.