Los pros y los contras del plan de reactivación económica del Gobierno Petro

Este consistiría en radicar ante el Congreso en los próximos días un paquete de iniciativas legislativas que permitan acelerar la economía, la cual tiene a sectores claves generadores de empleo como la industria, la construcción y el comercio, en números rojos desde hace meses. 

De momento, se conocen tres proyectos: una tributaria para reducir la tasa nominal de renta que pagan las empresas, una iniciativa para generar inversiones forzosas del sistema financiero y otra para flexibilizar la regla fiscal. Estos se sumarían al que ya cursa en el Legislativo que busca aumentar el cupo de endeudamiento hasta por 17.607 millones de dólares.

La idea de realizar una tributaria no es nueva. De hecho, el Presidente lo anunció a finales del año pasado. Su propósito es cambiar las reglas del juego a las empresas para que no paguen la tarifa de renta corporativa actual de 35 por ciento, sino que se les baje de manera gradual y puedan ser más competitivas frente a sus pares de la región, tal y como se establecía en la reforma del 2021, pero que luego desapareció con la del 2022.

“Si nosotros queremos hablar con el mundo empresarial, esa tasa no puede quedar fija de manera indefinida. La discusión de cuánto va a bajar la tenemos que dar”, asegura el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Adicional a ello, se incluirían unos nuevos estímulos tributarios para sectores concretos como el de las energías renovables y el del turismo sostenible, entre otros.

Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, no existe espacio desde el punto de vista fiscal para reducir los ingresos tributarios y lo que debería hacer el Gobierno es concentrarse en ejecutar rápidamente el abultado presupuesto de funcionamiento e inversión que, en términos del tamaño de la economía, es el segundo más alto en la historia moderna del país, solo superado por el de la pandemia.

“Si bien es necesario reducir la tarifa de renta a las empresas, cualquier reforma tendrá que hacerse a costo cero, algo que no luce viable en el corto plazo”, opinó.

La propuesta de crear una ley para que el sistema financiero privado invierta de manera forzosa en la economía popular la anunció el propio presidente Gustavo Petro el Día del Trabajo, el pasado 1.º de Mayo. “Vamos a radicar un proyecto de ley que genere una inversión forzosa en el sistema financiero privado colombiano con destino a créditos a la pequeña, mediana y gran industria, agricultura y turismo en Colombia para reactivar el país. Que parte de esos capitales puedan fluir hacia el mundo popular para trabajar en la transformación de las cosas”, dijo.

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Las reacciones no se hicieron esperar. Según el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, volver a esta idea que el país desarrolló con fuerza en los años 60 es una forma de imponer nuevos impuestos al sector productivo y financiero y con ello entorpecer o limitar el al crédito al micro, pequeño, mediano y gran empresario. “Logra justamente el resultado contrario al esperado y, además, está demostrado en nuestra historia económica”, aseveró.

De igual manera, para el director de Fedesarrollo la evidencia muestra que ese tipo de medidas terminan encareciendo el crédito e introduciendo más barreras a la entrada de nuevos jugadores al sector financiero, limitando así la competencia.

El tercer proyecto que se radicaría en el Congreso sería el de flexibilizar la regla fiscal, la cual se establece en la Ley 1473 de 2011, y es una especie de compromiso que el Gobierno debe seguir siempre para poder mantener el tope de gasto y de deuda del país. Al cumplirla, no solo se aumenta la credibilidad, sino que se contribuye a la estabilidad y al crecimiento económico.

Sin embargo, como la regla es inflexible, el Gobierno está revisando cómo disminuir esa presión. “Es darle flexibilidad: una cosa es tener un país que crece al 3, 4 o 10 por ciento, y otra es una regla para Colombia, que el año pasado creció a solo 0,6 por ciento”, explicó Bonilla.

Ante ello, Richard Francis, director sénior de calificaciones para las Américas de Fitch Ratings, le dijo a este medio que no le sorprende el cambio, pues tenían dudas de que el Gobierno pudiera alcanzar a cumplir el déficit de 5,3 por ciento del PIB este año, dado que los ingresos proyectados dependían en gran medida de una istración tributaria “incierta” y de las medidas de litigio. Además, el gasto es “algo inflexible”, lo que es negativo para el crecimiento.

“En opinión de Fitch, la credibilidad de la política fiscal ha caído en los últimos años y fue un factor clave en nuestra decisión de rebajar la calificación por debajo del grado de inversión en 2021”, resaltó.

Cada vez son más los expertos que opinan que este año no se cumplirá la regla fiscal. De hecho, el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) lo señaló así hace meses debido a que el Gobierno está contando con el ingreso de 10 billones de pesos por cuenta del arbitramento de litigios de la Dian; sin embargo, el organismo dice que estos no deberían utilizarse para financiar gasto estructural.

Al contrario, desde Hacienda aseguran que se trata de una interpretación que hace rato tienen cruzada y que sí esperan que la Dian recaude estos dineros. “Su objetivo es controlar fiscal y la Dian tendrá que recaudar más a punta de los mayores ingresos que le entregamos. ¿Si no para qué? ¿Para qué recauden lo mismo que antes? No tiene ningún sentido. Lo ideal es que la Dian no deje llegar nada al terreno judicial y lo resuelva todo en el istrativo”, manifestó Bonilla hace unos días.

A su turno, Buce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que hay un gran riesgo. “Hacerlo no es otra cosa que decirle que los mercados que no vamos a cumplir las condiciones con las cuales le prestan recursos al país. Las tasas de interés y de cambio se van a disparar. Es condenarnos a contar con un servicio de la deuda mucho más costoso”.