Las claves del decreto que busca contratar a juntas de acción comunal y pequeños emprendedores

En el decreto 874 del 2024 del Departamento Nacional de Planeación se establecen las basases con las que el Gobierno está listo para empezar a desplegar la contratación con las asociaciones público populares que le permitirán entregar pequeños contratos de forma directa con diversos actores de la Economía Popular.

La idea es que se esos contratos permitan que se realicen  actividades de manera individual, en unidades económicas, organizadas de manera asociativa relacionadas con la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios  con unidades económicas ya sea personales, familiares, micronegocios o microempresas, en cualquier sector.

Por ejemplo, estos contratos se denominarán Asociaciones Público Populares y podrán

celebrarse para la ejecución de obras, o la adquisición de bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energética, producción de alimentos, suministro de bienes y servicios, gestión comunitaria del agua, saneamiento básico, economía del cuidado, fortalecimiento ambiental y comunitario y adquisición de productos de origen o destinación agropecuarios.

"Estos contratos permiten  también que en situaciones de emergencia y desastres, las entidades estatales puedan comprar de manera directa productos agropecuarios de pequeños productores agrícolas y campesinos que hayan sido afectados y donarlos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres", establece de decreto. 

Entre las condiciones que tendrán los contratos es que  además de ser directos tendrán límites y por ejemplo, las entidades no podrán dividir un contrato grande en otros más pequeños para utilizar el mecanismo y tendrán que colgar los contratos en el Secop.

En ese mismo sentido, las personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan a la economía popular y comunitaria deberán estar registradas en el Secop o en  el sistema que haga sus veces.

Adicionalmente, se deben identificar las condiciones de idoneidad y los requisitos técnicos que llevan a elegir a la persona natural o a la entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la economía popular y comunitaria para ejecutar y cumplir el objeto del contrato.

También se buscará que las entidades estatales sean las que propendan, porque asegura el decreto que  "la implementación de las Asociaciones Público-Populares se encuentran alineadas a las políticas nacionales, departamentales, municipales, distritales y sectoriales vigentes, de tal manera que se potencien la consistencia y los efectos de la política pública en el desarrollo económico local".