Inversión privada no ha dejado que se detenga la infraestructura

La inversión privada ha sido clave para que la locomotora que carga la modernización de la infraestructura del país no se haya varado en el camino, por falta de gasolina, como son los recursos públicos, afectados por la caída de los ingresos petroleros.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) registró en un informe que la inversión anual ejecutada por particulares en carreteras, puertos, red férrea y aeropuertos se duplicó en seis años: de 3,1 billones de pesos (2011) se pasó a 6,4 billones (2016). Solo en la construcción de vías de cuarta generación (4G) se pasó de 2,6 billones (2011) a 5,1 billones el año pasado.

Para el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, “en momentos en que se han cortado los presupuestos públicos de inversión en infraestructura, por la caída de los precios del petróleo, lo que está moviendo a las obras civiles es la inversión privada en infraestructura. Esta es la estadística más importante para nosotros, porque tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo”.

Según el Dane, el Indicador de Inversión en Obras Civiles (Iioc) para el 2016 fue del 2,2 por ciento, con mayor peso en los pagos por obras, entre otras, en pistas de aterrizaje, vías férreas, carreteras, viaductos y túneles.

De hecho, con las concesiones y a través de las Asociaciones Público-Privadas (APP) es que se estaría en el camino de cumplir la ambiciosa meta del Gobierno Nacional de hacer el revolcón en la infraestructura con un plan de inversiones por 70 billones de pesos. Incluso se iría más allá.

El informe de la ANI que acaba de terminar consignó que los montos contratados con privados del 2011 al 2016 fueron de 67,1 billones de pesos, 40 de ellos corresponden a las vías 4G. Lo ejecutado en igual lapso alcanzó los 27,3 billones. Este año se prevé que las contrataciones llegarán a 73 billones.

Las proyecciones de la agencia indican que entre el 2011 y el 2018 (los dos cuatrienios del presidente Juan Manuel Santos) las contrataciones llegarán a los 81 billones de pesos distribuidos así: 50 billones para vías 4G; 8 billones para obras en aeropuertos, puertos y red férrea, y 23 billones restantes para vías de primera, segunda y tercera generación, que el gobierno anterior dejó contratadas y en el periodo actual comenzaron a construirse. Durante esos ocho años, lo ejecutado llegaría a los 43 billones de pesos.

Quedarían pendientes por ejecutar 38 billones del 2019 al 2022, año en que terminará la construcción de la mayoría de vías 4G. Aquí no se cuentan las inversiones que se hagan por obra pública y las nuevas concesiones. “Diría que el presidente Santos deja una infraestructura moderna, competitiva en puertos y aeropuertos y un plan contratado en ejecución en carreteras”, dijo Andrade.

Agregó que siempre queda un rezago de obras para hacer de un gobierno a otro, porque hay proyectos a largo plazo que abarcan más de un periodo presidencial, como los puertos. “Por eso es tan importante la continuidad en la política de infraestructura”. Con ese fin, el Gobierno estructuró el Plan Maestro de Transporte Intermodal I y II, la carta de navegación que tendrá el sector a 20 años.

¿Por qué creció la participación privada en estos proyectos? El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, lo atribuyó a tres hechos: la decisión del Gobierno de priorizar el sector en la agenda pública y buscar a través de la inversión privada el despegue de la infraestructura; el fortalecimiento de la institucionalidad (creación de entidades como la ANI) y el marco normativo: las leyes de infraestructura y la 1508 del 2012 que reglamentó las APP y estimularon a los particulares a presentar proyectos.

Los privados llegaron así en un momento vital para suplir la estrechez financiera y económica del Estado y con sus recursos se ha seguido moviendo la locomotora.

La Asociación Público Privada (APP) es un mecanismo creado para que particulares con músculo financiero se vinculen al desarrollo de infraestructura, la construyan, operen y mantengan. El uso de esta figura arrancó con la Ley 1.ª de 1993, de las concesiones portuarias, y se reglamentó con la ley 1508 del 2012.

Según el Departamento Nacional de Planeación, la inversión privada en infraestructura del transporte es del 38 % y la pública, del 62 %. Sin embargo, esta es insuficiente para el ritmo de las necesidades.

En un esquema de APP, los contratos no tienen anticipos, el pago se hace solo cuando se disponga del servicio, la unidad funcional o tramo pactado; el riesgo lo asume el privado, se paga con los servicios que presta la infraestructura (por ejemplo, en las vías con los peajes).

Por la ley de APP solo se pueden tramitar proyectos que cuesten más de los 6.000 salarios mínimos mensuales (4.426 millones de pesos).

El país es ahora modelo en desarrollo de infraestructura del transporte. Antes se buscaba a México, Chile o Péru para aprender cómo las APP contribuyeron a renovar sus infraestructuras. Hoy sucede al revés. “Son los chilenos y peruanos quienes vienen a mirar cómo hemos hecho posible la revolución”, dijo Juan Martín Caicedo presidente de la CCI.

Por el éxito en las APP, la ANI recibió este año el premio IJGlobal a la mejor entidad otorgante de contratos de APP en A. Latina, concedido por ‘Euromoney’, reconocida publicación mundial.

EL TIEMPO