Lo que está en juego en torno del arranque a tiempo de Hidroituango

Cuatro años después de haber incumplido su compromiso inicial de entrar en operación para diciembre del 2018, la sombra de un nuevo incumplimiento en el arranque de la generación de energía de la central Hidroituango sigue rondando este megaproyecto, con el que Empresas Públicas de Medellín (EPM) adquirió obligaciones de energía firme (OEF) con el sistema eléctrico por 3,15 gigavatios hora día desde el primero de diciembre.

La eventualidad de otra entrada tardía del proyecto se abrió luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló el martes la necesidad de hacer pruebas finales para monitorear la estabilidad de la montaña y del interior de la central, y si el resultado muestra la necesidad de hacer más correcciones implicaría que el encendido no se daría en la fecha límite.

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Sin embargo, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, ratificó esta semana que en el cronograma actualizado el encendido de la primera unidad está para el 15 de noviembre y el de la segunda el 25 de noviembre, cumpliendo con el compromiso adquirido en la subasta de cargo por confiabilidad que hizo la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en el 2019 para cubrir el faltante de energía que originó la contingencia del proyecto en 2018.

Según el directivo, si bien hay confianza en que todo se comportará de acuerdo a los diseños, si las oscilaciones producto de la generación arrojan una perturbación mayor, bajo este escenario es que se está hablando de tener una holgura extra en la entrada a tiempo, ya que la premisa clave es no poner en riesgo a las comunidades frente a alguna señal que se esté revisando.

Sin embargo, luego de que la Creg hizo varias modificaciones a la regulación, aplicables para todos los proyectos pero cuya motivación central fue extender lo máximo posible los tiempos para esta central, según la resolución 194 del 2020 de la entidad, no hay más tiempo más allá de 30 de noviembre a las 12 de la noche.

En caso de que ello ocurra, según Alejandro Piñeros, coordinador regulatorio de la firma Óptima Consultores, para EPM y el proyecto, esto debería ser causal de la ejecución de las garantías del cargo por confiabilidad, por cerca de 200 millones de dólares, un golpe financiero que han sufrido otros proyectos que han incumplido sus obligaciones previamente, pero que, paradójicamente, reduciría las tarifas de energía en un momento puntual, ya que estos recursos se utilizarían para aliviar las restricciones, es decir el cobro que pagan todos los s por las limitaciones de las redes de transmisión de energía.

Esta situación más la pérdida de las OEF de Hidroituango, producirían una afectación sobre el balance de confiabilidad del sistema eléctrico, y si bien, según Piñeros, para el 2023 no implicaría ningún riesgo significativo de desabastecimiento de energía, este sí podría darse en 2024 o 2025 en caso de un fenómeno del Niño intenso y si el consumo de energía sigue creciendo de forma acelerada.

Esto llevaría a la Creg a acelerar más la convocatoria de una subasta de cargo por confiabilidad y el país requerirá nuevos proyectos con mayor urgencia, convocatoria en la que, si se ejecutan las garantías para Hidroituango, eventualmente podría participar para reemplazar esa energía firme pero en un par de años, lo cual mitigaría en parte los impactos financieros sobre el flujo de caja del proyecto Hidroituango.

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Para Manuel Maiguashca, vicepresidente Financiero de Cerrito Capital, es claro que de nuevo está en juego la confianza en las reglas de expansión del sistema eléctrico colombiano, que desde la mala experiencia del apagón de los años 90, ya ha jugado en las canchas más duras en momentos más difíciles como el Niño del 2015-2016.

Y señala que si bien al tener un sistema eléctrico adulto hay parámetros que no se deben trasgredir y una nueva demora de este proyecto no puede salir gratis, el experto abre la opción a que la Creg, como regulador, no considere una severidad tal, si la demora no es tan grave.

Para Piñeros, algunos de los efectos de un posible atraso podrían mitigarse si de alguna manera se flexibilizan las reglas para la ejecución de la garantía, pero advierte que esto implicaría una fuerte señal en contra de la institucionalidad y el marco regulatorio del mercado eléctrico, y tampoco solucionaría mencionadas las preocupaciones relacionadas con la confiabilidad y los precios de energía del mercado.

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“Cambios regulatorios con nombre propio no solo serían una mala señal para el sector, sino que también podrían implicar demandas para el Estado de parte de aquellos proyectos que, tras una modificación como la que podría darse para favorecer a Hidroituango, consideren que deben o debieron ser tratados con la misma lógica”, explica el experto.

Según el análisis de Óptima Consultores, aunque un posible retraso adicional sea solo de algunos meses, ello no tendría consecuencias importantes a nivel de confiabilidad del sistema, los impactos financieros para EPM sí serían considerables.

Esto porque a la ejecución de la garantía deberán sumarse, por ejemplo, los costos de respaldar las obligaciones de los contratos de suministro de energía que se espera honrar con el proyecto, mientras que desde el punto de vista del mercado, retrasos adicionales en Hidroituango acentuarían algunas de las razones del alza tarifaria, ampliamente debatida recientemente.

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Esto se traduciría en que los precios de la bolsa de energía podrían subir considerablemente durante el siguiente verano si no se produce la entrada de las unidades, efecto que se trasladaría también al precio de los contratos bilaterales de cobertura, que tienen un peso muy superior en la conformación de las tarifas de los consumidores finales de energía.

Asimismo, a la eventual pérdida de unos ingresos por el cargo por confiabilidad, que al año son de 80 millones de dólares, se sumarían los recursos que dejará de recibir la empresa por la negativa del Concejo de Medellín de autorizar la venta de acciones que tiene el municipio en Tigo – UNE y que, según la misma empresa, valdrían entre 2,3 y 2,8 billones de pesos.

El trámite ajustó más de un año y medio de discusión y fue negado tres veces por la comisión Primera de la corporación. La premura de EPM por salir de los activos se debe al vencimiento —en agosto de 2024— de la ‘cláusula de protección al patrimonio público’ o derecho de salida que fija un mecanismo para que la empresa tenga mayor éxito en la venta.

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Sobre un eventual uso de esos recursos para subsanar las pérdidas por los retrasos en el inicio de operaciones de Hidroituango, la exconcejala y conocedora de los asuntos de EPM, Paulina Aguinaga, dijo que: “la venta es un proceso que tardaría un tiempo, pero por supuesto, le ayudaría a EPM a alivianar sus finanzas, porque el impacto financiero sería muy alto en la matriz, que rondaría los 6 billones de pesos. Los recursos podrían darle un oxígeno”.

Y agregó: “Sin embargo, si se llegase a aprobar en el acuerdo que los recursos son para una destinación específica, financieramente ayudaría para los temas de liquidez, pero no necesariamente para tapar el hueco”.

Precisamente, en el último proyecto de acuerdo que se hundió, quedó consignado que los recursos serían destinados para un proyecto específico de EPM. Incluso, el gerente general Jorge Carrillo presentó ante los concejales una propuesta de inversión en energías renovables. Aguinaga resaltó que, en todo caso, el proceso de venta puede tardar más de un año y que los tiempos están ajustados ante el vencimiento de la cláusula.

Más allá de la seguridad energética del país, Hidroituango también ha generado choques entre corrientes políticas. Los más recientes se han generado entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y mandatarios a los que el mandatario señala por decisiones tomadas cuando ellos estaban al frente de la istración departamental, como por ejemplo: Alonso Salazar, Aníbal Gaviria, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos.

De estos, Ramos, Fajardo y Salazar fueron vinculados a un proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría por las decisiones que se tomaron y que derivaron en la contingencia del 2018.

“No falta ni un tornillo para poner en funcionamiento la unidad 1 y 2 de Hidroituango. La recibimos destruida. La hemos recuperado invirtiendo billones de pesos: 100% recursos de EPM. Cada peso será pagado por los responsables. No escaparán”, señaló, a través de redes sociales, Quintero.

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Aseguró que aún faltan cinco billones de pesos por recuperar, los cuales, para el alcalde, deben pagar los contratistas de la obra (Consorcio CCC Ituango), a quienes Quintero ha vinculado con el llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

El pasado miércoles, el gerente General de EPM, Jorge Andrés Carrillo, dijo en rueda de prensa que las afirmaciones del gobernador de Antioquia sobre Hidroituango le hacían daño a la empresa.

A lo que se refirió el gerente tiene que ver con los cuestionamientos sobre el pago de las pólizas por el daño a la megaobra. Al respecto, Gaviria respondió que su objetivo es tener claridad sobre por qué si se tenía un seguro de más de 14 billones de pesos se aceptaron 4,3 billones en la reclamación.

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“En muchas ocasiones la mejor manera de apoyar es no callar. Lo que he pedido es que se le aclare eso a Antioquia y al país”, dijo Gaviria, quien previamente ya había indicado que hay información que se le está ocultando a la Gobernación, a pesar de ser el socio mayoritario del megaproyecto (53 %).

"Por ello, en repetidas ocasiones hemos tenido que acudir a derechos de petición, a alertas y a solicitudes de información formales a través de la Sociedad Hidroituango. En algunos casos, han sido respondidos en la mayoría de ellos de forma deficiente y en algunos la respuesta ha sido el silencio", puntualizó Gaviria.

Por otro lado, el diputado del Partido Dignidad, Luis Peláez, informó que el próximo martes realizará un debate sobre la megaobra, anunció que llevará a cabo una acción fiscal ante la Contraloría por 5,8 billones de pesos “que podríamos perder, por omisión a Daniel Quintero” en caso de que Hidroituango no entre a operar el 30 de noviembre o antes.

A su vez, el concejal del Partido Verde, Daniel Duque, manifestó en sus redes sociales que “cada día que pase sin generar energía es responsabilidad directa de Daniel Quintero y el gerente de EPM. Están jugando con candela y estamos ante un posible racionamiento de energía”.

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Luz María Múnera, representante a la Cámara por Antioquia por el Pacto Histórico y quien por años fue concejal de Medellín haciéndole seguimiento a Hidroituango, denunció en 2018, en plena contingencia, que los encargados del proyecto pusieron las razones políticas por encima de las razones geológicas.

“La Alcaldía actual ha tenido cuatro gerentes de EPM: ninguno ha resuelto un problema que nosotros hicimos notar hace ya cuatro años. Se anuncia entrada en funcionamiento de Hidroituango el 30 de noviembre, lo cual no es posible. Le mintieron al país. Los riesgos para las comunidades aledañas al proyecto son enormes. Por un afán de autocomplacencia política, no podemos poner en riesgo miles de vidas y la estabilidad financiera de la segunda empresa pública más importante del país”, manifestó Múnera.

El 12 de mayo del 2018 cambió la vida de Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia y primera población aguas abajo de Hidroituango. Esto tras la avenida torrencial producto del destaponamiento del túnel derecho del proyecto, la cual arrasó con parte del territorio afectando la infraestructura y la economía del sector.

El río Cauca, que antes bajaba ‘mono’ producto de los sedimentos, ahora es más cristalino lo que, según los habitantes, afectó actividades como la pesca, el barequeo y la minería.

En cuanto a obras, tras más de 5 años de ocurrida la tragedia, aún no les han construido el centro de salud, el colegio y el puente que arrasó el río.

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De hecho, el pasado 6 de septiembre algunos de los habitantes cerraron la vía al Mar como protesta por los incumplimientos en estos compromisos por parte de EPM.

Al respecto, la empresa aseguró que en este tiempo ha invertido más de $250.000 millones en la ejecución del Plan de Acción Específico (PAE) para la recuperación de los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, luego de la contingencia.

“A la fecha se han cerrado 38 de las 86 actividades pactadas. Con el propósito de seguir avanzando en las 48 restantes, el pasado 1 de septiembre se autorizó por un año más la vigencia del PAE, es decir, hasta diciembre de 2023”, informó la empresa.

Asimismo, aseguró que adelanta las gestiones para en 2023 comenzar las obras del colegio y el centro de salud, ya que aún no obtienen la licencia ambiental por parte de la ANLA para este proceso.

También espera tener listo el puente Simón Bolívar, el puente Turcó y el puente Palestina y aseguró que ya reparó y entregó los puentes El Doce, en Tarazá y el puente Palomas, en Puerto Valdivia.

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Por su parte, La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló este jueves que la próxima semana se realizarán simulacros de evacuación en las comunidades aguas abajo de Hidroituango, como medida de prevención, ante un eventual cambio en los niveles de alerta en la obra y el río Cauca.

"En este momento, al mismo tiempo que se presenta una temporada de lluvias bastante fuerte, hemos registrado un aumento en los niveles del río Cauca y, de acuerdo con información de EPM, estamos en una etapa sensible del proyecto, que genera escenarios complejos. Por esto, consideramos necesario tomar medidas adicionales exageradas de precaución, por si llegase a suceder algo que escape de control", explicó el director de la UNGRD, Javier Pava.

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