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Gremios cuestionan nombramiento del cuarto agente interventor de Air-e y la falta de una solución para la empresa

Nelson Javier Vásquez es el nuevo agente interventor de Air-e, el cuarto que nombra el Gobierno en nueve meses.

La empresas Air-e tiene su sede central en el norte de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

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Lina Quiroga Rubio

PERIODISTA ECONÓMICA12.06.2025 15:30 Actualizado: 12.06.2025 15:30

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La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) expresó su preocupación frente a la persistente crisis financiera de la empresa Air-e y la falta de soluciones efectivas tras nueve meses de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario.

El reciente nombramiento de Nelson Javier Vásquez como agente interventor de Air-e es el cuarto que se hace desde la toma de posesión de la empresa en septiembre del año pasado.

Para Andeg, este nuevo cambio no ha venido acompañado de un plan claro y estructural que permita resolver una problemática que continúa agravándose y que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los generadores de energía.

De igual manera, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, aseguró que estos cambios impiden tener una solución porque "no hay continuidad en los procesos para poder avanzar de una manera efectiva".

Nelson Javier Vásquez, nuevo agente interventor de Air-e Foto:Superservicios

"Air-e es el problema más grave que tiene el sistema energético colombiano, y si no hacemos el tema técnico en este momento, nos vamos a quedar sin energía en el 28 por ciento de la demanda del país", comentó.

Andeg también advirtió que la deuda de 1,5 billones de pesos que tiene Air-e con distintos agentes del mercado afecta la operación en la cadena de suministro y, principalmente, la capacidad de las generadoras térmicas para adquirir combustibles esenciales como gas natural, carbón y líquidos.

Este combustible es esencial para atender las necesidades de generación de energía eléctrica confiable durante el verano que inicia en el mes de diciembre e irá hasta marzo de 2026.

Sin embargo, actualmente la Superservicios no tiene recursos suficientes para saldar esta deuda. Recientemente aseguró que el Fondo Empresarial destinado a estas acciones solo dispone de 167.000 millones de pesos.

Ante esta situación, Andeg hace un llamado urgente a la Superservicios para que asuma con determinación y responsabilidad el rol que le corresponde en la intervención de Air-e.

Adicionalmente, resulta fundamental que, desde el ente de control, se definan acciones concretas y efectivas que permitan dar respuesta a una problemática que amenaza la estabilidad del sistema eléctrico colombiano.

También es necesario que se avance con el Gobierno Nacional en la gestión tanto de los recursos como de las medidas que se requieren para garantizar la operación en el mercado de comercialización de los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena.

"Sin duda, el riesgo más alto es que Air-e no logre cumplir con sus compromisos con el mercado, lo que se reflejaría en un aumento creciente de las deudas y en consecuencia una afectación mayor a la cadena de pagos", afirmó Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg.

Air-e busca que los s se pongan al día con sus obligaciones. — Foto:Cortesía Comunicaciones Air-e

Por eso, Andeg reiteró la necesidad de adoptar medidas de fondo, estructuradas y sostenibles que garanticen el pago a los agentes afectados, restauren la confianza en el sistema y protejan la seguridad energética del país.

"Estamos dispuestos a seguir trabajando con el Gobierno Nacional en acuerdos que permitan una salida no solo en el corto plazo, sino que sea una solución de largo aliento", agregó el líder gremial.

De acuerdo con la Superservicios, la solución para Air-e incluye el mejoramiento tecnológico, el avance de las comunidades energéticas integradas por s, así como su capacitación y cambio cultural.

Dice que esta solución propuesta permitirá avanzar en un mayor control sobre el consumo de energía, mejorar los índices de recaudo y el autoabastecimiento energético de las comunidades con dificultades para el pago del servicio.

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