Pactos para que pandemia no genere litigios y frene obras

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y los distintos concesionarios viales y aeroportuarios del país adelantan acuerdos directos para solucionar los impactos que ha dejado la pandemia en los proyectos del sector.

El tema, que se viene trabajando por las partes hace varios meses, será discutido este lunes durante el XVII Congreso Nacional de la Infraestructura, que se desarrollará hasta el próximo 27 de noviembre.

Según pudo establecer EL TIEMPO, los acuerdos se han adelantado desde el pasado 23 de mayo entre la ANI y 10 representantes, entre accionistas y gerentes de las 50 concesiones viales y 6 concesiones aeroportuarias que hay en el país, las cuales tienen a su cargo importantes proyectos, entre ellos todas las concesiones viales de cuarta generación (vías 4G) y el manejo de 16 aeropuertos en Colombia.

La negociación se adelanta con la mediación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y la presencia de funcionarios de algunos entes de control como la Contraloría General, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia de Defensa Jurídica y la Secretaría de la Transparencia de la República.

“Ellos se han encargado de hacer el acompañamiento haciendo algunas preguntas y recomendaciones, de tal manera que se fortalezca la legalidad de los acuerdos, mientras hay una posición de gana-gana, tanto de la ANI como de los concesionarios”, le indicó a EL TIEMPO una fuente.

Esto evitaría que debido a las dificultades que ha registrado este sector durante la pandemia recurran a vías legales o a tribunales de arbitramento, que pueden llegar a costar miles de millones de pesos y tardar entre dos y tres años para dirimir las responsabilidades por las afectaciones de los meses del aislamiento obligatorio.

(Además: Comenzó el octavo pago del Ingreso Solidario para familias vulnerables)

Entre estos aspectos están, por ejemplo, en el caso del sector vial, el hecho de que entre el 25 de marzo y el 31 de mayo se suspendió el pago de peajes, dinero que recibieron los concesionarios para adelantar las obras. Así mismo, otros factores son los retrasos en los proyectos y los costos ociosos generados debido a la maquinaria y la mano de obra que estuvo frenada.

En el lado aeroportuario, los concesionarios dejaron de recibir, debido al cierre de vuelos comerciales nacionales e internacionales, el pago correspondiente a las tasas aeroportuarias incluidas en los tiquetes y los ingresos no regulados relacionados con los establecimientos comerciales que estuvieron cerrados en estos lugares, no obstante que la operación en varias terminales aéreas continuó por los vuelos humanitarios y de carga.

(Lea también: ¿Qué va a pasar con la economía colombiana cuando termine el 2020?)

A través de las negociaciones entre las dos partes ya se logró el pasado 5 de octubre firmar los primeros acuerdos. Entre ellos, la ANI y los concesionarios concertaron un plazo adicional de 98 días, contados entre el 25 de marzo y el 30 de junio, el cual pondría fin a una discusión sobre el periodo en el que se deben cumplir con las actividades que no se desarrollaron por la pandemia.

“Para estos tiempos, el Estado no debe hacer adiciones al valor de los contratos ni nuevos desembolsos. Se prefirió utilizar recursos que ya existen en las fiducias y los patrimonios autónomos de los contratos, que son esos recursos sobrantes y disponibles. Y en el caso de que no alcance entonces la compensación, se hace prorrogando los plazos al final de ellos”, indicó otra fuente enterada del asunto.

(Lea también: Así recibirán 1,58 millones de pensionados la prima adelantada)

Por otro lado, las partes determinaron cuáles eran las reglas para reconocer los costos ociosos generados, por los que se tuvo que pagar pero sin aprovecharlos en los proyectos. Para esto, las interventorías de las obras verificarán los soportes de los concesionarios sobre los mayores costos istrativos, en maquinaria y personal, los cuales posteriormente serán revisados por el Gobierno.

Entre lo establecido durante el mes de octubre también se convino que los 56 concesionarios deben asumir los gastos de los elementos de bioseguridad que tienen que usar los operarios y obreros dentro de los proyectos y no pueden reclamarle al Estado estos costos.

Por último, se definieron procedimientos contractuales, en el caso de que se registren en el futuro cercano nuevos problemas derivados por la pandemia.

Actualmente, la ANI y los concesionarios siguen en conversaciones para establecer cómo será la compensación por el menor ingreso, que corresponde al pago de los peajes, la reducción de tránsito en las vías en el país y las tarifas aeroportuarias.

“Una de las alternativas es también utilizar los recursos sobrantes de los patrimonios autónomos y prorrogar los plazos de los contratos de concesión. Por el lado de las concesiones aeroportuarias, se busca que se extienda el plazo al final de los contratos para compensar lo que no se recibió y lograr un equilibrio económico”, puntualizó una de las fuentes.

(Le recomendamos leer: Cinco consejos para darle un mejor manejo a la prima de fin de año)

Expertos destacan que con estas negociaciones Colombia se convierte en el primer país en Latinoamérica que está desarrollando, por la crisis de la pandemia, acuerdos directos en este campo de la infraestructura, con el fin de evitar largos litigios que pueden derivar, incluso, en la quiebra de megaproyectos viales.

Esto permitirá que no se usen tribunales de arbitramento y se ahorre tiempo y dinero, ya que el costo de los honorarios de los árbitros, abogados y peritos puede llegar a los 3.000 millones de pesos. Y si se tienen en cuenta las 56 concesiones, el valor podría superar los 160.000 millones de pesos.

(Además: El 30 de noviembre arranca la negociación del salario mínimo para 2021)

“Puede convertirse en una opción para la solución de controversias, migrando de una cultura de tribunales a una de solucionémoslo nosotros directamente, sentados en una mesa”, indicó una fuente.

Y agrega que, a su vez, envía una buena señal a “los inversionistas, al mercado financiero, los fondos de inversión y de capital” que financian buena parte de este tipo de proyectos.

(Le puede interesar: Dane: el consumo de los hogares también está mejorando)

Este lunes, en el segundo que se llevará a cabo en el Congreso Nacional de la Infraestructura, participarán Claudia López, alcaldesa de Bogotá; Daniel Quintero, alcalde de Medellín; Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, y Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, quienes revelarán cuáles serán los planes de inversión en el sector en estas ciudades.

La Cámara Colombiana de Infraestructura estima que la inversión esté cercana a los 63 billones de pesos. Entre estos están los avances al metro de Bogotá, la troncal de TransMilenio de la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali, la iniciativa priva para la ALO sur y la ampliación de la autopista Norte y la carrera 7.ª

- Nuevo puente Chirajara se hará con sistema de voladizos sucesivos

- ¿Cómo le ha ido al sector del automóvil en Colombia en este año?

- ¿Busca trabajo esta temporada? Tenga en cuenta estas claves

ECONOMÍA Y NEGOCIOS