Concesión de vía Mulaló- Loboguerrero insta a la ANI a que se pronuncie

La Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. (Covimar) instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a que le responda las comunicaciones que le ha hecho llegar con ocasión de la solicitud de reversión del contrato de concesión el proyecto vial Mulaló-Loboguerrero, cuya fuerza mayor ambiental ya fue reconocida a su favor.

Así lo señaló el gerente de Covimar, Miguel Vargas, quien adujo que debido a esta situación el proyecto, cuyo contrato se firmó en el año 2015, no ha podido avanzar debido a que no tiene licencia ambiental.

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El directivo recordó que luego de que la ANI no se hubiera pronunciado al respecto, Covimar instauró demanda ante tribunal de arbitramento, el 12 de agosto de 2021, con el objetivo de que sea declarada la terminación del contrato de concesión y se proceda a la reversión y liquidación del mismo.

El directivo le dijo a EL TIEMPO que el contrato se encuentra paralizado porque la comunidad de Pavas se ha opuesto al trazado de la vía por su zona de influencia, y aclaró que no hay una licencia en firme por parte de la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales (Anla), entidad que expidió una resolución en la que más que un visto bueno ambiental para la ejecución de obras pide información adicional.

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Y, además, según explicó, la comunidad de Pavas interpuso un recurso de reposición contra dicha resolución, porque siguen oponiéndose al trazado del proyecto de 31,8 kilómetros, por lo cual no hay ninguna base legal para iniciar obras.

“En dicho recurso, reiteraron a la Anla su solicitud de que se modifique el trazado y sea negada la licencia ambiental. La comunidad de Pavas se ha opuesto al trazado del proyecto durante más de una década, en la que ha interpuesto seis tutelas y tres acciones populares, y como tercer interviniente ha solicitado se niegue la licencia”, agregó.

Por ello, lo que está pidiendo Covimar a la ANI es que se haga cargo del proceso, para que continúe los trámites ambientales ante la Anla, para que luego concesione el proyecto en un nuevo proceso de licitación.

Y agregó que la resolución de la Anla es un requerimiento de información disfrazado de licencia, el cual no sirve para iniciar obras de un trazado que es totalmente nuevo, toda vez que se requieren nuevos estudios específicos que deberán ser radicados de nuevo para que la entidad los apruebe.

Desde que firmó el contrato de concesión, Covimar ha destinado alrededor de 298.000 millones de pesos en inversiones del proyecto, relacionadas con estudios, diseños, compra de predios y planes para las redes. Incluso, el mismo concesionario, el 31 de agosto de 2021, también interpuso recurso de reposición ante la Anla, recalcando que la licencia no permite la ejecución de las obras, toda vez que su contenido tiene imprecisiones y aspectos que deben ser revocados, aclarados o modificados por la autoridad ambiental.

“La Anla pidió nuevos estudios que deberá realizar el nuevo titular de la licencia, como condición previa al inicio de las obras, por lo que sigue siendo evidente que el proyecto aún continúa en una situación de incertidumbre, pues la resolución 1429 no contiene la totalidad de las decisiones ambientales requeridas para que el futuro ejecutor pueda acometer el proyecto”, agregó.

Covimar reiteró que la ANI no ha dado respuesta a ninguno de los comunicados que le ha remitido y que desconoce si esta se ha pronunciado sobre el trámite de la licencia ambiental y la resolución expedida por la Anla, en su calidad de tercero interviniente, y como entidad responsable de la ejecución del proyecto vial.

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, aseguró que la entidad está buscando salidas para que el proyecto se pueda ejecutar porque se trata de una iniciativa grande y muy importante para el Valle del Cauca, ya que permite acercar bastante a Cali con Buenaventura y lo que se busca es que el proyecto se pueda ejecutar con el concesionario Covimar.

Según el funcionario, el contrato de concesión se termina por mutuo acuerdo, por incumplimiento de las condiciones previstas en el mismo y por declaración judicial. Al respecto, indicó que al no estar de acuerdo las partes, ya que la ANI no comparte la posición del concesionario, será el tribunal de arbitramento el que defina si el contrato se ha terminado o no se termina.

Y reiteró que si bien hay que surtir una serie de situaciones derivadas del proceso de licenciamiento ambiental, que seguramente generarán unos sobrecostos importantes en el proyecto, estos no serán imputables a Covimar.

“Una cosa es eso y otra que el proyecto no se puede ejecutar”, recalcó.

Gutiérrez explicó que el amigable componedor reconoció la fuerza mayor ambiental y con base en eso Covimar pidió la terminación del contrato ante el tribunal, pero para la ANI se trata de una fuerza mayor que ya fue superada como consecuencia de la actuación reciente de la Anla, por lo cual la causa de terminación no se ha activado.

“Estamos preparados para ejecutar el contrato de concesión como corresponde. Ya después si surge una decisión judicial distinta, pues nos tocará adoptar las decisiones del caso, pero consideramos que la posición jurídica es sólida”, puntualizó.

Según el gerente de Covimar, Miguel Vargas, el proceso arbitral puede tomarse hasta dos años.