El no pago del billón de pesos que el Invías les debe a contratistas generará una parálisis: CCI

El no pago de un billón de pesos a constructoras y consultoras de obra pública por parte del Instituto de Vías (Invías) está generando “gravísimas” consecuencias, advierte la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

“De no resolverse de manera inmediata esta problemática, no solo se generará una parálisis, sino que, a su vez, podría llevar a la quiebra a muchas empresas, en particular a las pequeñas y medianas, además de generar efectos negativos sobre la productividad y el crecimiento económico”, asegura su presidente Juan Martín Caicedo.

Ante ello, el gremio hizo un llamado al Gobierno a que se adopte un plan de choque para el pago inmediato de lo adeudado y se garantice un flujo de caja para las obras que se ejecuten en la presente vigencia.

“Solicitamos respetuosamente que se apruebe el PAC por la totalidad de los recursos adeudados a la fecha, con el fin de evitar los impactos negativos ya referidos sobre la buena ejecución de los proyectos de obra pública, a cargo del Invías, especialmente, en aquellas regiones más apartadas del país y cuyas comunidades son las primeras beneficiadas”, asegura la CCI en una carta que le envía al ministro de Hacienda, Diego Guevara, y a la saliente de Transporte, María Constanza García.

Según el gremio, en los últimos meses han recibido alertas por parte de contratistas derivadas de las dificultades financieras que tienen ante el no pago de las actas radicadas ante el Invías.

En total, las cuentas por pagar, reflejadas en más de 5.700 actas, afectan a 57 proyectos entre los que se encuentran la Transversal del Catatumbo, la variante San Francisco-Mocoa (NariñoPutumayo), la vı́a Popayán-Isnos, Popayán-La Plata (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, Conexión Alta Guajira, Curos-Málaga (Santander) y la conectividad Arauca-Casanare, entre otros proyectos.

“Todas estas obras a cargo del Invías son, justamente, las que resultan más sensibles para este gobierno, en cuanto se concentran en regiones que requieren de una importante inversión pública y se constituyen en una valiosa oportunidad para la generación de 336.000 empleos directos, indirectos e inducidos”, asegura la CCI en una carta que le envía al ministro de Hacienda, Diego Guevara, y a la saliente de Transporte, María Constanza García.

Además, el gremio dice que los incumplimientos de los contratos conllevarían a la necesaria indemnización a los contratistas por los perjuicios ocasionados, lo que puede generar responsabilidades personales de los funcionarios, en tanto existe un inminente riesgo de detrimento patrimonial.

Adicional a ello, el gremio indica que con corte al 30 de noviembre de 2024, de acuerdo con el propio Ministerio de Hacienda, el presupuesto de inversión del Invías obligado corresponde a tan solo el 38,7 por ciento de lo asignado, cifra sin precedente en la historia reciente y solo comparable con lo sucedido en el 2020 cuando fue declarada la emergencia económica, social y ambiental por la pandemia covid-19.

“La solución propuesta por la cartera de Hacienda, mediante la realización de pagos mensuales que amortizarían la deuda acumulada a 31 de diciembre de 2024, necesariamente causará una parálisis de la obra pública, en la medida en que no habría ejecución física de obra en el primer semestre del 2025, dado que no contaría con recurso inmediato para su correspondiente pago”, se lee en la misiva.