Ajustes al sistema de regalías acaban con descontento de más de 8 años

Tras un debate legislativo de más de un año y medio, pero que en las últimas semanas se agudizó por la polémica en torno a la intención del Gobierno de mantener una tarifa preferencial para contratos anteriores y para proyectos piloto de investigación de yacimientos no convencionales bajo la tecnología del fracking que eventualmente se hagan, el país estrena cambios del Sistema General de Regalías (SGR).

Luego de que en la noche de este lunes, las comisiones de conciliación del proyecto en el Senado y la Cámara de Representantes suprimieron el artículo que generó el forcejeo, se prevé que el informe de conciliación sea votado este miércoles en las plenarias de las corporaciones, para que la nueva ley de regalías pase a sanción del presidente Iván Duque.

Así, termina un proceso que se inició desde el año pasado con un acto legislativo (ocho debates) y una ley reglamentaria y cuyo objetivo era corregir el fuerte descontento que se generó hace ocho años con la reforma del 2012 (Ley 1530), que les recortó regalías directas a las regiones (era de 80 por ciento) y las bajó progresivamente cada año, hasta llegar al 11 por ciento, situación que incidió en una mayor conflictividad (bloqueos) frente a la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables; pero también buscó hacer más eficiente la ejecución de los proyectos.

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, destacó como puntos claves de la reforma la mayor asignación de recursos que tendrán las regiones productoras, la mayor autonomía para municipios y departamentos y la destinación, por primera vez, de un porcentaje anual de las regalías para la compensación ambiental.

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Según la senadora Maritza Martínez la conflictividad social en las regiones productoras se incrementó de manera exponencial, y solo entre 2010 y 2015 hubo un aumento de 802 por ciento en los bloqueos de vías de a campos y pozos petroleros.

Con el proyecto se corrigen falencias en la distribución de los recursos, no solo porque las regiones productoras de petróleo, gas, carbón y oro, entre otros minerales, recibirán un porcentaje mayor de regalía directa, sino porque habrá un mayor porcentaje para inversión y un menor nivel de ahorro.

En este sentido, las regiones y municipios productores, al igual que los que tengan puertos por los cuales se movilicen productos como el petróleo o el carbón, pasarán de recibir una regalía del 11 por ciento a tener un ingreso del 25 por ciento.

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Entre tanto, un 34 por ciento de los recursos del SGR se destinará a inversión regional (antes era un porcentaje del 50 por ciento para fondos de desarrollo y compensación). Otro de los cambios claves, como lo explica el ministro Mesa, es que más de 1.000 municipios con los indicadores más altos de necesidades básicas insatisfechas tendrán ahora un 15 por ciento de la torta, frente a un 10,7 por ciento bajo el esquema que se definió en el 2012.

Y de ese porcentaje, al menos dos puntos deberán tener destinación específica para proyectos relacionados con el medio ambiente, rubro que recibirá además el 1 por ciento de asignación directa, por primera vez en la historia.

Pero la parlamentaria cree que con solo más inversión no se bajará la conflictividad, por lo cual se requiere la observancia de las disposiciones ambientales y el respeto por la vocación productiva de los territorios, generando además oportunidades de empleo y apoyo a empresas locales.

Asimismo, un 7 por ciento del SGR irá la ejecución del Acuerdo de Paz, aunque para este aspecto habrá recursos extra, porque el 70 por ciento de los rendimientos financieros del sistema alimentarán este presupuesto. La reforma también definió una optimización de recursos, para lo cual los gastos de funcionamiento pasaron del 5 por ciento al 3 por ciento.

Otro gran cambio fue definir una menor destinación de recursos para el Fondo de Ahorro y Estabilización, toda vez que mientras que este ya tiene un saldo de unos 12 billones de pesos, las regiones tienen necesidades para inyectarle recursos a la reactivación, tras los graves efectos del covid-19 en todo el país.

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Y si el recaudo es mayor que las proyecciones de cada bienio, el excedente se destinará en un 20 por ciento a las regiones productoras, 10 por ciento a los municipios más pobres, 20 por ciento para proyectos ambientales, 5 por ciento para iniciativas de emprendimiento y 45 por ciento irá a la bolsa del ahorro.

Si bien la reforma del 2012 quiso tener un mayor control en la ejecución de las iniciativas con recursos de las regalías, buscando frenar el despilfarro y las recordadas piscinas de olas que no respondían a las necesidades de la población, la creación de 1.160 Órganos Colegiados de istración y Decisión (Ocad) se convirtió en un palo en la rueda, ya que los entes regionales y municipales no tenían la capacidad para plantear los proyectos y sacarlos adelante. Por ello, de esos 1.160 Ocad solo quedarán ocho, lo cual implica la eliminación de 1.152 de dichas instancias de decisión.}

Entre tanto, el porcentaje asignado para ciencia, tecnología e innovación pasa del 9,5 por ciento al 10 por ciento.

Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, para el bienio 2017-2018, el presupuesto del SGR fue de 11,7 billones de pesos y subió a 18,5 billones de pesos para 2019-2020, pero en los años 2021 y 2022, la cifra baja a 15,4 billones de pesos, como reflejo de la menor producción de petróleo y carbón, que son las principales fuentes que alimentan las regalías.

La reforma más que duplica la asignación directa para las regiones productoras de minerales e hidrocarburos.

Por ejemplo, habrá incrementos para departamentos como Meta, que pasa de recibir más de $ 650.000 millones en el bienio 2019-2020 a más de $ 1 billón para el bienio 2021-2022, y Casanare, que pasa de cerca de $ 300.000 millones a más de 670.000 millones.

Esto hará que los recursos que genera el sector minero-energético se traduzcan en obras que beneficien a las comunidades, especialmente en las zonas donde se realizan actividades de extracción, siguiendo altos estándares técnicos, sociales y ambientales.

La reforma tiene varios propósitos: descentralizar y darles mayor autonomía a las regiones, pasando de 1.152 a 8 Ocad y optimizando la inversión de las regalías y priorizar la inversión sobre el ahorro, en un momento en el que es fundamental jalonar la reactivación económica desde las regiones.

Tiene un artículo de reactivación para el año 2021, que les permitirá a los territorios contar con más recursos de inversión directa y saldos no comprometidos de vigencias anteriores, priorizando proyectos de vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, conectividad, agua potable y saneamiento básico.

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La reforma fortalece los ejercicios de planeación, los cuales deben estar acompañados de procesos participativos, priorizando el cierre de brechas económicas y sociales de las regiones.

Adicionalmente, establece que se desarrollará una medida de control, conocida como el ‘botón rojo’, que incluirá un acompañamiento inicial a aquellas entidades que no estén cumpliendo con indicadores de ejecución y aprobación, y que deberán sustentar sus proyectos ante los Ocad regionales, en caso de no superar dicho acompañamiento. Es decir, no podrán ejecutar directamente los proyectos hasta superar las fallas.

Por otra parte, con el nuevo sistema, las entidades territoriales serán las responsables de la optimización de los tiempos entre las fases de un proyecto de inversión.  En este gobierno, los tiempos de los trámites de aprobación se han reducido de 100 a aproximadamente 40 días.

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