Pulso entre ingenieros y el Gobierno por cambios a pliegos tipo

Aunque la incorporación del pliego tipo, un mecanismo estandarizado para promover la pluralidad de oferentes en la contratación de obras de infraestructura de transporte y la transparencia en los mismos, ha demostrado la consecución de logros en estos aspectos, el Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Contratación-Colombia Compra Eficiente (CCE), está a punto de expedir una versión 2 del esquema, que genera hondas preocupaciones en el sector de la ingeniería.

En carta enviada la semana pasada al director de CCE, José Andrés O’Meara, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, manifestó la inconveniencia de incluir ajustes como la incorporación de un examen del sitio de obra, un requisito que si bien es opcional para la entidad que contrata, será requisito habilitante, lo cual generaría una reducción en el número de participantes.

La comunicación, conocida por EL TIEMPO y que va acompañada de un memorando técnico sobre la inconveniencia de los cambios, que entrarían a regir el próximo 10 de marzo, advierte que dicho criterio se utilizó en el pasado para restringir la participación de interesados en la presentación de ofertas, mediante artimañas como el anuncio en horas impropias o a última hora, de un día para otro, sin que los interesados pudieran alistar su desplazamiento.

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Además, de acuerdo con Caicedo Ferrer, en el pasado también se utilizaban trampas como modificar de forma reiterada las fechas para desestimular a los interesados, o ubicar el punto de encuentro en zonas de difícil , incluso a varias horas a lomo de mula, o se planteaban encuentros simultáneos con diversos especialistas, con la excusa ficticia de comprobar la calidad técnica y logística del futuro contratista.

Sin embargo, el director de CCE, José Andrés O’Meara, asegura que el cambio se incluirá porque su equipo técnico, al igual que las personas del Ministerio de Transporte y del Departamento Nacional de Planeación que revisaron el tema, consideran que resulta supremamente irresponsable hacer lo que se viene haciendo, que es consignar en un formato de licitación que los oferentes daban por conocido el lugar de la obra, cuando la verdad era que no conocían nada.

“Eso generó, en parte, desastres importantes en las obras del país, afectando los recursos públicos”, indicó el funcionario.

Asimismo, según la CCI, la visita al sitio de obra también se presta para generar un mercado negro de venta de certificaciones de asistencia al punto de las obras, al tiempo que para las empresas será imposible acudir a los diferentes sitios del país donde tienen interés, no solo por presupuesto, sino por su capacidad operativa para ir a citas programadas a la misma hora.

“Establecer este requisito iría en contra de la esencia del Secop II, sistema que garantiza el y la participación masiva en todos los procesos de contratación que se convocan en el país en línea”, asegura un aparte del memorando técnico que, además, recuerda que Colombia Compra Eficiente concluyó, en febrero de 2016, que la visita de obra no puede establecerse como un requisito habilitante en los procesos de selección de contratistas, ni tampoco como una causal de rechazo.

En esa época, según Caicedo, el mecanismo se utilizaba para direccionar y adjudicar contratos a contratistas específicos.

Al respecto, O’Meara señala que la medida será expedida en los próximos días, pero que quedará muy claro que dichas visitas se tienen que programar con tiempo y que todo se deberá informar desde el prepliego.

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Pero, además, los reparos de la CCI tienen que ver con la inclusión de tres nuevos aspectos en el denominado factor de calidad, que para el gremio desvirtúan el avance positivo que ya se había logrado con la primera versión de los pliegos tipo.

Dichos puntos son una garantía adicional suplementaria por cuenta del contratista, cuadrillas de trabajo adicionales también a cargo de la firma que hace las obras y el mantenimiento adicional, lo cual, para la CCI, “podrían generar propuestas artificiales, con tal de obtener el puntaje más alto en la variable”.

Lo anterior, en la práctica, según el gremio terminará en una “aberrante magnitud” que pueden alcanzar estos ofrecimientos, solo con el ánimo de obtener el puntaje máximo y ser el adjudicatario del contrato.

Y agrega que ante la exorbitancia de estos ofrecimientos surgen preguntas sobre la potestad que la entidad que contrata tendrá para declarar alguna de estas ofertas por fuera de la realidad y alcance del proyecto, o qué mecanismos podrá tener el ente contratante para garantizar que se cumpla el contrato que adjudicó a la firma que hizo una propuesta irracional.

Pero, de acuerdo con O’Meara, si el oferente se compromete con más cuadrillas, la obra se entrega más rápido y eso es premiable y plausible para los fines del Estado y de la contratación.

Sin embargo, para Juan Martín Caicedo, tanto con la visita al sitio de obra como con los nuevos elementos en el factor de calidad, las más afectadas serán las pymes de ingeniería (el 90 por ciento del sector), cuya capacidad económica para ofrecer se ve limitada, precisamente, por su tamaño.

“La consecuencia será la concentración de contratos en grandes empresarios o en su defecto, y aún peor, en manos de carteles de contratación que manipulan las licitaciones públicas”, recalcó.

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Tenemos la convicción, al igual que las personas del Ministerio de Transporte y del Departamento Nacional de Planeación, que resulta supremamente irresponsable hacer lo que se venía haciendo, que era consignar en un formato de licitación que “los oferentes daban por conocido el lugar de la obra”, cuando la verdad era que no conocían nada.

Cuando cualquier persona quiere invertir en la remodelación de la cocina y llama a un arquitecto a que le cotice, lo primero que hace es contestar que, profesionalmente, necesita ir a conocer el lugar.

La Cámara Colombiana de Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros cuestionan porque en el pasado las entidades contratantes fijaban la fecha de la visita de obra con 8 horas de anticipación para descalificar a quienes no llegaban, ejercicio arbitrario e injusto que rechazamos.

Ese pasado se evita, señalando expresamente en el pliego que si la entidad contratante considera que debe haber visita de obra, esta se debe fijar para una fecha donde deben transcurrir por lo menos 8 días para que los oferentes no sean sorprendidos, y anunciar la visita desde el prepliego, para que no haya sorpresas en contra de la imparcialidad y objetividad contractual.

Las mayores garantías son una protección al patrimonio público y una exigencia adicional para que los oferentes demuestren, de manera general, impersonal y abstracta que le ofrecen mejores ejercicios constructivos al Estado.

Según el Doing Business del Banco Mundial, estábamos en el puesto 172, entre 190 países, en incumplimiento de contratos. Hay que generarle mayores garantías y seguridad al Estado. Todos los oferentes se presentan en igualdad de condiciones, pero eso sí, el que ofrezca mejores condiciones de calidad seguro se convertirá en adjudicatario.

La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– reveló que las alcaldías de Neiva, Huila; Honda, Tolima; Los Patios, Norte de Santander; Cogua y Villeta, Cundinamarca; Florida, Valle, y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (en la anterior istración) son las entidades públicas que no cumplen con la obligatoriedad en la aplicación de los documentos tipo licitación de obra pública en materia de infraestructura de transporte.

Al revelar la situación, el director de la entidad, José Andrés O'Meara, indicó que desde diciembre pasado el Observatorio de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente viene haciendo un estudio de la aplicación efectiva de los documentos tipo en todo el país, tomando como muestra un total de 178 procesos de contratación de infraestructura de transporte adjudicados entre agosto de 2019 y enero de 2020, que contaron con un presupuesto oficial de 1,04 billones de pesos y un valor adjudicado de 1,01 billones.

El análisis concluyó no solo que en siete procesos no se implementaron los documentos tipo, sino que en 148 procesos se aplicaron los documentos tipo con alguna modificación y en 23 procesos se implementaron los documentos tipo en su totalidad.

Según la entidad, la evidencia demuestra que la pluralidad de oferentes es totalmente amplia cuando existe la aplicación total de los documentos tipo, donde se obtiene una mediana de participación de 27 oferentes al cierre, frente a una de 1 cuando las entidades no se acogen a la aplicación de los documentos tipo.

Inclusive se presentan procesos con 50 y 106 proponentes al cierre y un número similar en los proponentes habilitados, como es el caso de Instituto Nacional de Vías (Invías). Entre las entidades que presentan procesos con mayor pluralidad de oferentes se encuentran el Invías, la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, entre otras.

OMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu