Frustración y papeleo: el calvario para chatarrizar un carro

“Yo pensé que le iba a hacer un favor al tráfico de Bogotá, pero ha sido una pesadilla, esto ha sido un verdadero calvario”. Así empieza el relato del arquitecto bogotano Jorge Suárez* en carta dirigida al director de la revista Motor, José Clopatofsky, en la que cuenta su frustración por las dificultades que ha vivido al tratar de chatarrizar un viejo Mazda 323 de 1984.

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Según don Jorge, decidió deshacerse de su auto porque la reparación del motor, la pintura, la revisión técnico-mecánica, el Soat, seguros e impuestos le costaban el triple. Agotado por la tramitología, el papeleo y el tiempo perdido, hoy se arrepiente de haber tomado esa decisión y dice que lo mejor era haberlo dejado podrir en un parqueadero.

El calvario empezó en octubre del año pasado, cuando llevó el carro (en grúa) a las instalaciones de la Sijín en el barrio Montevideo de Bogotá. Allí deben hacer el levantamiento de improntas y la expedición del certificado para desintegración (son tres firmas: perito, verificador de sistemas y revisor certificador). Ahí se fue un día completo.

Esta es una inversión de tiempo y dinero. Para convertir el carro en varilla, de entrada hay que consignar $ 58.520 en el Fondo de la Sijín, para la primera diligencia. Antes ya pesaba el costo de la grúa. Luego hubo que consignar $ 52.082 en el Banco Popular para que el carro ingresara a las instalaciones de la siderúrgica en Fontibón, para su aplastamiento. A esto debe adjuntar el certificado de tradición del carro ($29.800) y el automotor debe estar libre de multas e impuestos.

Ya con el carro ‘aplastado’, don Jorge debía cancelar la matrícula, que estaba radicada en Zipaquirá. Luego de varios viajes le dicen que los expedientes de carros viejos pasaron a la oficina de tránsito de Cajicá. Allí, dice don Jorge, “no funciona la página web y en los dos teléfonos no responden jamás”.

Con el viejo 323 ya convertido en varillas, debe llenar un formulario del Registro Nacional de Transporte, y en su caso, hacer el traspaso de propietario, pues el carro pertenecía a su padre, quien murió hace más de diez años. Por ese trámite debe pagar $ 119.000 y adjuntar el certificado de defunción de la sucesión.

Por último, debe pagar los impuestos del año 2021, más la retención en la fuente, pero esa diligencia hay que hacerla en otra dependencia, en la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. Como colofón de esta historia, el viejo Mazda 323 de 1984 hoy todavía hace parte de los 16’042.336 vehículos que aparecen ‘vivos’ en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) al 31 de diciembre de 2020.

“Aún no termino. Y así el Ministerio de Transporte pretende que se chatarricen vehículos que hoy circulan en penosas condiciones. Como arquitecto de profesión, creo, estoy comprando el hierro para una obra, que era mi carro, todavía sin darle de baja. ¿Y a quién me quejo?, la varilla de 3/8’’ por las nubes”, concluye.

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Según el Runt, al 31 de diciembre del 2020 había en Colombia 16’042.336 vehículos, de los cuales el 59 por ciento (9’419.374) son motos. Pero, como diría el popular Cantinflas, “ni están todos los que son, ni son todos los que están”. Casos como el del viejo Mazda 323 se deben contar por miles en ese abultado censo del parque automotor, en el que si bien los registros son reales, buena parte de ellos corresponde a vehículos y motocicletas que hace años dejaron de rodar.

Una aproximación cercana al parque automotor real es cruzando los certificados de revisión técnico-mecánica y las pólizas de Soat vigentes, según el Runt, que dan una lectura más clara de los vehículos activos o en funcionamiento.

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En esa base de datos figuran 9’419.374 motos, pero al 31 de diciembre de 2020 solo 3’609.587 tenían Soat vigente; y 2’430.644 contaban con certificado de revisión técnico-mecánica. En el caso de los 6’622.962 automóviles y otra clase de vehículos que aparecen ‘vivos’ en el Runt, solamente 4’715.198 tenían Soat y 3’233.945 rodaban con revisión al día. A esas cifras habría que aumentar un 20-30 por ciento de la evasión, es decir, carros y motos que circulan sin estos requisitos o certificados y con pólizas falsas. Aumentar más ese porcentaje habla muy mal de los controles de las autoridades de tránsito, o entonces, la noticia sería que buena parte del parque automotor colombiano transita en la ilegalidad.

Más allá de las cifras y de las suposiciones, la realidad es que Colombia no cuenta con un programa de desintegración de vehículos particulares obsoletos, o los mecanismos para hacerlo son dispendiosos y no hay incentivos para alentar a la gente a deshacerse de sus carros viejos.

Un paso en ese sentido se dio en el 2013, con la expedición de la Ley 1630, que exoneró del pago de impuestos y eliminó la exigencia del Soat y la revisión técnico-mecánica para vehículos año-modelo 2000 hacia atrás que entraran en un proceso de desintegración física.

Hoy es posible hacerlo, pero el problema está en el engorroso procedimiento para cancelar la matrícula en las oficinas de tránsito, ya no se exigen ni el Soat ni la revisión técnico-mecánica, pero sí el pago de impuestos, lo cual es una talanquera pues muchas veces estos cuestan más que el vehículo.

Entre tanto, los municipales no pierden la esperanza de recuperar una plata en impuestos que muy pocos están dispuestos a pagar, y prefieren mantener en los patios un buen número de carros chatarra que no solo inflan las cifras del parque automotor, sino que son al mismo tiempo una amenaza ambiental.

Si usted tiene un carro que ya no usa o no funciona, o no tiene arreglo, puede desintegrarlo físicamente para deshacerse del ‘fierro’. Si no quiere seguir pagando impuestos, debe cancelar la matrícula. También puede prescindir de la chatarrización si piensa venderlo por partes. Si considera venderlo, debe pagar los impuestos y multas pendientes; debe estar funcional y tener vigente el Soat y la revisión técnico-mecánica.

Para la desintegración, el primer paso es llevarlo a la Dijín (calle 18A n.º 69F-45, barrio Montevideo), para obtener el Certificado de Revisión Técnica en Identificación de Automotores. Esto garantiza que no tiene deudas judiciales y confirma que la identificación de motor, serie y chasis, clase, modelo y marca del vehículo coincidan con la información del certificado de tradición.

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Debe presentar la fotocopia del documento de identificación del propietario, licencia de tránsito, certificado de tradición con una vigencia no mayor a ocho (8) días y consignar un poco más de $ 50.000 en el Banco Popular.

A la siderúrgica debe llevar el carro y presentar el certificado de la Dijín, autorización del propietario para realizar la desintegración, certificado de tradición y placas del vehículo o denuncio por pérdida.

En Cundinamarca hay tres desintegradoras: Diaco (Fontibón), Sidenal S. A. (Tocancipá) e Importaciones Manizales (Soacha).

En la Comisión Sexta de la Cámara está pendiente de trámite un proyecto de ley que busca que las pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) se puedan comprar por un periodo inferior a un año.

En la actualidad, el Soat se paga por un año y tiene vigencia durante ese mismo lapso para vehículos particulares, de servicio público y motos, mientras que los clásicos y antiguos sí pueden adquirir ese seguro con una vigencia no inferior a tres meses, gracias a una ley que tuvo en consideración su uso ocasional.

La idea del representante Franklin Lozano, autor del proyecto, es que el Soat se pague por el tiempo real de circulación, o que se pueda adquirir, según la necesidad del , por periodos anuales, semestrales o trimestrales.

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Para Lozano, esta modificación es necesaria, debido a que la pandemia obligó también a que los carros se quedaran en los garajes.

“El Soat anual es un cobro excesivo porque un vehículo que está parqueado por un determinado periodo de tiempo no debería asumir el costo de un riesgo que evidentemente no está corriendo”, sostiene el congresista.

REDACCIÓN VEHÍCULOS