En América Latina los subsidios van hasta los ricos, advierte el BID

Los gobiernos de América Latina y el Caribe son ocho veces menos eficaces que los países más desarrollados en la reducción de la desigualdad a través de impuestos y gasto público.

Esta es una de las conclusiones centrales del estudio ‘La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada’, que acaba de publicar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe, que hace un análisis profundo de las causas por las cuales la región no logra avances significativos en esta materia, señala que a pesar de que sus países muestran, en promedio, un notorio aumento del gasto público, “el 10 por ciento más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10 por ciento más pobre; el 1 por ciento de los más ricos se lleva el 21 por ciento de los ingresos de toda la economía, el doble de la media del mundo industrializado”.

Los autores concluyen que mientras las políticas redistributivas de estas naciones reducen la desigualdad en menos de un 5 por ciento, las del mundo industrializado lo hacen en un 38 por ciento. “La incapacidad de redistribuir se puede resumir en pocas palabras: pensiones, gasto social y política fiscal fallida”, advierten los expertos.

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En un análisis sobre los efectos limitados de las políticas fiscales sobre la redistribución, los investigadores Alejandro Izquierdo y Carola Pessino señalan que la capacidad de todo gobierno para lograr una redistribución efectiva de los recursos depende de políticas tributarias y de gasto bien orientadas, tal como ocurre en las naciones más desarrolladas.

“En los países en vías de desarrollo –dicen–, la recaudación tributaria directa es mucho menor y la informalidad y la evasión fiscal son mayores, lo que sugiere que en este tipo de economías el impacto de las políticas de gasto es incluso mayor que el de los impuestos, y que dichas políticas suelen ser la principal herramienta usada para la redistribución”.

Señalan que, contrario a lo recomendado, los impuestos directos constituyen una pequeña parte de los ingresos totales y representan un porcentaje pequeño del PIB de estas naciones: “La tasa que en la práctica pagan las personas que pertenecen al 10 por ciento más rico de la población es en promedio de solo el 5,4 por ciento, en contraste con el 20 por ciento de la Unión Europea”.

Si bien algunos países latinoamericanos han hecho esfuerzos mediante reformas para que los impuestos sean más redistributivos, procurando aumentar los directos, estos presentan altas tasas de evasión fiscal, un factor que sumado a las lagunas impositivas (que favorecen a los hogares de ingresos altos) y las exenciones disminuyen su poder redistributivo.

Los expertos también analizaron el impacto en esta materia de tributos como el IVA, que en la región tiene una participación del 28 por ciento de los impuestos totales.

Para aliviar la carga fiscal de los hogares más pobres, los gobiernos suelen inclinarse por no gravar determinados bienes y servicios (como la alimentación básica, medicamentos, viviendas con tasas altas y servicios sanitarios); no obstante, el estudio advierte que en el mejor de los casos los hogares ricos se benefician casi tanto como los pobres, en valor absoluto, de una tasa reducida uniforme.

De hecho, citan análisis según los cuales más del 70 por ciento de las exenciones fiscales del IVA en la región recaen en personas que no son pobres, lo que constituye una manera ineficiente de transferir recursos.

Entre las opciones que plantean para corregir estas distorsiones se cuentan los reembolsos y transferencias monetarias a los pobres. En ese orden de ideas, destacan la implementación en Colombia de la reforma fiscal que compensa a los hogares pobres por los gastos de este impuesto para que sea más progresivo. No obstante, señalan que se necesita un sistema informático relativamente bueno para focalizar a los beneficiarios. Esa es una falencia común a la mayoría de las naciones latinoamericanas.

La incapacidad para lograr una mejor redistribución de la riqueza no se da solo por el bajo gasto social. A este factor hay que sumar otro que preocupa: las filtraciones de las transferencias monetarias condicionadas (TMC) a las poblaciones no pobres (que se destinan para financiar programas sociales), las pensiones no contributivas (PNC), los subsidios a la energía y los gastos tributarios.

Los autores dicen que si bien todos los componentes del gasto social en principio están diseñados para favorecer a los pobres, “la evidencia sugiere que una parte considerable de estos gastos acaba en manos de aquellos que no son pobres”.

Las TMC y las PNC constituyen cerca del 68 por ciento del gasto social, pero los investigadores citan análisis de encuestas de hogares que dicen que más del 43 por ciento de estos gastos van a personas que no son pobres.

Esta distorsión es peor frente a los subsidios a la energía, pues las filtraciones a los no pobres superan el 81 por ciento (porcentaje que en Colombia asciende al 71,8 por ciento).

“Sin embargo –señala el estudio-, los gastos tributarios con un objetivo social (en esencia reducciones impositivas para alimentos, medicamentos y vivienda destinados a ayudar a los pobres) son los peores: en América Latina, el 84 por ciento de estos gastos tributarios acaban en manos de personas acomodadas”.

En cuanto a las PNC, el informe afirma que el 48,6 por ciento de los beneficiarios en América Latina tampoco clasifican como pobres.

Finalmente, el estudio sugiere que los recursos utilizados para las TMC y las PNC son suficientes para cubrir a la población realmente pobre, si se pudiera; además de combatir la alta informalidad laboral de la región, replantear su focalización.

La clave está en evitar las filtraciones, y en eso pueden ayudar los sistemas integrados de información.

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