Notas para una mejor reforma laboral

Las altas tasas de informalidad laboral y de desempleo, tanto observado como estructural; las brechas salariales y de desempleo entre hombres y mujeres; la baja productividad de los trabajadores; la alta dependencia cíclica del empleo formal, etc., son claros síntomas del mal funcionamiento del mercado laboral en Colombia. Se requiere, sin duda, una reforma laboral profunda.

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No obstante, el proyecto que cursa hace unos días en el Congreso genera varias inquietudes, no solo porque elevará los costos de la mano de obra, sino también por la mayor rigidez que imprimirá al mercado de trabajo, ya de por sí alta.

El proyecto aumenta los costos de despido, introduce mayores requisitos para dar por terminados los contratos laborales, indexa al Índice de Precios al Consumidor (IPC) los salarios entre uno y dos salarios mínimos, encarece la formación para el trabajo, modifica la duración de la jornada diurna y los recargos dominicales, etc.

Estos cambios pueden acentuar el mal funcionamiento del mercado laboral en lugar de convertirlo en un espacio dinámico, flexible (que asimile los choques que recibe la economía), que facilite la generación de un empleo formal que permita a trabajadores y empresas hacer los mejores aportes para el crecimiento económico del país.

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Sería conveniente que el énfasis de las discusiones en el Congreso incluyera, entre otros, temas como la flexibilización de los contratos laborales, la divisibilidad de la jornada y la implementación del salario por horas; la modificación del protocolo de revisión anual del salario mínimo al incluir la introducción de un salario mínimo diferencial por regiones; la creación de la institucionalidad para el fortalecimiento y seguimiento de la productividad laboral; la pertinencia de la educación y la formación para el trabajo; la adecuación del Servicio Público de Empleo; la desvinculación del apoyo de sostenimiento de los aprendices de la tasa de desempleo; y la modificación del financiamiento del sistema de subsidio familiar.

Estas sugerencias, que se revisarán en los siguientes párrafos, se apoyan en el aprendizaje obtenido a lo largo de varios años de investigaciones, no solo propias, sino también de otros muy calificados colegas.

En primer lugar, la flexibilización de los contratos permitiría que los salarios reales puedan subir y bajar dependiendo del desempeño de las firmas, de forma que, en situaciones probadamente adversas de estas, el más perjudicado no sea el empleo dado que, con las rigideces actuales –el salario nominal no puede reducirse–, lo que se produce es el despido de los trabajadores; en Colombia el empleo formal del sector manufacturero es altamente cíclico.

Esta propuesta se apoya en publicaciones recientes realizadas con Sergio Rivera y colegas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en las que la dependencia de la demanda de trabajo del valor agregado de las firmas es significativa.

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Desde luego que la introducción de esta medida requiere establecer umbrales verificables de caídas en las ventas, antes de poner la reducción de los salarios de los trabajadores sobre la mesa. Ejemplo de este tipo de situaciones fue el despido que se dio por cuenta de la pandemia.

En otros países, muchas empresas negociaron con los trabajadores reducciones de sus salarios antes que despedirlos; con este tipo de medidas, se afianzan los vínculos entre empresas y trabajadores y se disminuyen, de manera importante, los costos de búsqueda para unas y otros cuando de nuevo se vivan fases de auge en las ventas.

En segundo término, la divisibilidad de la jornada laboral y los salarios es una medida que impactaría favorablemente el empleo femenino.

Esta sugerencia, en la que venimos insistiendo desde hace varios años, se desprende de la investigación de Jaime Tenjo, Oriana Álvarez y María Jiménez, publicada por el BID y el Banco de la República en el libro Desempleo femenino en Colombia. Según los autores, para las mujeres con hijos pequeños es difícil conciliar el trabajo con las responsabilidades del cuidado y la atención del hogar.

En consecuencia, la contratación por horas y la flexibilización de los horarios de trabajo podría ayudar a reducir el desempleo femenino y, en general, de trabajadores secundarios del hogar, incluyendo los estudiantes; a la vez que les permitiría a las firmas utilizar la mano de obra de acuerdo con sus necesidades.

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En tercer lugar, el salario mínimo es una variable cuya revisión no requiere la puesta en escena, entre septiembre y diciembre de todos los años, de los actores de siempre y las tensiones generadas entre ellos, las cuales pueden afectar la cohesión social. Como en muchos otros países, su revisión se puede hacer cada varios años de una manera muy juiciosa, soportada en pruebas empíricas para permitir que esa figura cumpla con sus objetivos de reducir la pobreza y la desigualdad.

La evidencia ha mostrado que los incrementos del salario mínimo no han favorecido a los hogares ubicados en la parte más baja de la distribución de ingresos –los más vulnerables–, ya que aumentan la probabilidad de que los hogares se ubiquen por debajo de la línea de pobreza monetaria y que no contribuyen a reducir la desigualdad, medida por el coeficiente Gini.

Prueba de estos hallazgos se presenta en el volumen de la revista Ensayos sobre Política Económica (Espe), el cual se titula Efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia y fue publicado recientemente por el Banco de la República.

Como se señala allí, en Colombia el salario mínimo es el 85 por ciento del salario mediano (índice de Kaitz), mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), esta relación oscila alrededor de 50 por ciento. En la mayoría de estos países, el salario mínimo no tiene los efectos adversos que sí tiene en Colombia.

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La manera como se ha implementado el salario mínimo tampoco ha favorecido la creación de empleo formal, pero sí ha ocasionado una mayor destrucción de este, sobre todo en empresas pequeñas del sector manufacturero, según los resultados de Sergio Rivera y el autor de este texto.

Efectos adversos de los aumentos del mínimo en el empleo formal, sobre todo de empresas de menos de 20 trabajadores, se encuentran en la primera sección del documento Espe. En esto se debe poner especial atención dado el énfasis en la ‘economía popular’ que hacen los diseñadores actuales de las políticas públicas.

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De manera complementaria, la discusión sobre la reforma laboral podría considerar la posibilidad de introducir en Colombia un salario mínimo diferencial por regiones, basado en las tasas de informalidad de las ciudades en lugar de la inflación pasada y la productividad, como establecen las normas.

Esta medida, basada en investigaciones realizadas con Luz Adriana Flórez, tendría como propósito reducir la gran heterogeneidad geográfica de las tasas de informalidad laboral; en ocasiones, se registran diferencias de las tasas entre ciudades que pueden rondar los 15 puntos porcentuales. La medida tendría además el beneficio de poner los temas de la informalidad y el aumento de la productividad laboral entre los principales objetivos de municipios y departamentos, ya que las entidades territoriales harían esfuerzos porque sus indicadores permitieran incrementos del mínimo y demás salarios en su región.

En cuarto lugar, se necesita crear y fortalecer la institucionalidad para el crecimiento de la productividad. Esto requiere del esfuerzo conjunto de los gremios de la producción, los trabajadores, el Sena (renovado) y demás instituciones dedicadas a la formación para el trabajo y la educación formal; las istraciones locales y regionales; y los ministerios del Trabajo, Educación y Comercio.

Este nuevo arreglo institucional necesita un diagnóstico claro de la productividad en cada región para plantearse objetivos claros que permitan la reducción de la informalidad laboral y el aumento de los salarios reales de todos los trabajadores al tener en cuenta la vocación productiva y las potencialidades de cada región. Impulsar la productividad laboral permitiría llevar de manera paulatina el índice de Kaitz a niveles cercanos al de los países de la Ocde.

Las políticas anteriores requerirán, en quinto término, de un Servicio Público de Empleo más eficiente para lograr un mayor y mejor emparejamiento entre buscadores, es decir, trabajadores y empresas. Se requiere de un sistema de información ágil, sencillo, que muestre los salarios y beneficios que ofrecen las empresas para cada puesto anunciado, lo cual limitaría (ex ante) las brechas salariales entre hombres y mujeres.

De igual manera, el Servicio Público de Empleo debería divulgar las políticas laborales de las empresas que anuncian sus vacantes, incluyendo aspectos de género, la calificación del ambiente laboral que realizan los trabajadores, las posibilidades de ascenso y capacitación, etc. En el libro Desempleo femenino en Colombia, editado en compañía de sca Castellani y Eduardo Lora, se presenta evidencia de que los episodios de desempleo de las mujeres tienen menor duración en la medida en que aumentan los anuncios de vacantes.

Se recomienda también estudiar la conveniencia de mantener la figura del contrato de aprendizaje en lugar de convertirlo en un contrato de trabajo, ya que encarecería a los aprendices. Así mismo, se sugiere reconsiderar el aumento actual del ingreso mensual de los aprendices –apoyo de sostenimiento– en etapa práctica cuando la tasa de desempleo nacional sea de un dígito. Debería explorarse la posibilidad de mantener sus apoyos de sostenimiento, de manera permanente, en el 50 y 75 por ciento del salario mínimo, dependiendo de que su fase de formación sea teórica o práctica.

El documento Espe señalado antes presenta evidencia de los efectos adversos en la demanda de aprendices por parte de las empresas ante el incremento del apoyo de sostenimiento que tuvo lugar en 2014, ya que en 2013 la tasa de desempleo nacional fue de 9,6 por ciento.

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Finalmente, podría también estudiarse la modificación del financiamiento del sistema de subsidio familiar. Luz Adriana Flórez y yo presentamos evidencia de que ese tipo de costos incrementa la informalidad y el desempleo de manera significativa y heterogénea entre regiones. La última sección del documento Espe muestra cómo las finanzas públicas, por la vía de los sistemas pensional y de salud, se ven altamente afectadas por el desempeño del mercado laboral. Las reformas de salud y pensiones no deben perder de vista la laboral; se deben analizar conjuntamente utilizando modelos de equilibrio general.

El trabajo remoto, las plataformas digitales, la inteligencia artificial, la automatización y la robotización ya llegaron y, como decíamos al comienzo, los síntomas del funcionamiento del mercado de trabajo en Colombia no son alentadores. El Congreso de la República, el Gobierno, los trabajadores (formales e informales), las empresas y la academia tienen la palabra.

LUIS EDUARDO ARANGO*

Especial para EL TIEMPO

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