SIC investigará a Uber, DiDi y Cabify por infracciones a la competencia

La entidad busca determinar si las investigadas habrían infringido el régimen de protección de la competencia y de competencia desleal istrativa "al haber promovido la prestación de servicios de transporte en incumplimiento de la regulación del sector y en condiciones que habrían generado ventajas competitivas en beneficio de los prestadores que están vinculados a las plataformas", explicó.

La SIC señaló que dadas sus competencias de la SIC, las investigaciones se enmarcarán en un análisis sobre el respeto a las normas que protegen la libre y leal competencia, por ende, el análisis de la autoridad de competencia no se centrará en establecer si las plataformas prestan directamente el servicio de transporte, ya que esto no se relaciona con el objeto de las actuaciones istrativas.
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​Además de manera preliminar, la autoridad de competencia consideró que las investigadas habrían promovido la prestación ilegal de servicios de transporte al haber ejercido una influencia determinante en la organización, planificación y prestación de esos servicios mediante conductores y vehículos no autorizados.
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​Para la SIC esto sucede porque las plataformas harían posible la prestación de los servicios y se encargarían de determinar aspectos fundamentales como el cálculo de tarifas, la istración del sistema de recaudo, la fijación de la comisión de la´plataforma, y la determinación de los ingresos de los conductores. 

"Todo lo anterior sería indicativo de la influencia fundamental de las plataformas, que no se limitarían a un simple rol de intermediación", apuntó la Superintendencia.

Para la entidad, el hecho del incumplimiento de la regulación del sector transporte, habría generado ventajas competitivas para las plataformas y los conductores que prestan el servicio a través de ellas.

Por ejemplo, "les habría permitido acceder a la prestación de un servicio sin cumplir las condiciones para esto, definir la capacidad transportadora disponible, establecer la localización geográfica de los servicios, calcular las tarifas, y no incurrir en los costos de acceder y permanecer en el mercado", agregó. 

Para la entidad estas ventajas competitivas se habrían obtenido frente a los demás oferentes "quienes, cumpliendo la regulación, enfrentarían costos que los posibles infractores de la norma no asumirían". 

Incluso dice que esa infracción podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los s, pues la regulación también está orientada a garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio.

Las investigaciones son tres separadas, para cada una de las plataformas y según la SIC el propósito de la actuación istrativa es que, con los argumentos presentados
por las plataformas y la participación de todo aquel que tenga un interés directo, se determine si la actividad investigada está acorde o no al régimen de libre y leal competencia. 

"Con este ejercicio la autoridad de competencia invita a una discusión abierta y transparente dirigida a construir y entender las dinámicas del mercado desde todas las perspectivas relevantes para generar soluciones que beneficien a todos los involucrados y, principalmente, a los consumidores", detalló la Superindustria.

​En el evento en que se comprueben las conductas imputadas, la Superintendencia podrá imponer a cada persona jurídica multas hasta de 100.000 salarios mínimos legales vigentes.
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Adicionalmente, podrá imponer órdenes dirigidas a que la realización de las
actividades económicas de las investigadas se adecue a la normativa aplicable en materia de libre y leal competencia.

También en contra de esta decisión no procede ningún recurso.